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ProCultura: Fiscalía blinda investigación y responde a La Moneda por “pinchazo” presidencial
La arista del caso Convenios se mantiene bajo reserva. Inicialmente, el Gobierno buscó explicaciones por la filtración de una solicitud para interceptar el celular del Presidente Boric; sin embargo, luego moderó su postura, aunque la presión del oficialismo sobre Fiscalía continúa.
La investigación conocida como “Procultura” —arista del caso Convenios— se mantiene activa y con diligencias en curso, según informó la Fiscalía Regional de Coquimbo a través de un comunicado.
El Ministerio Público emite esta información en medio de una pugna con el Gobierno, desencadenada por la revelación —a través de la prensa—de una solicitud del fiscal del caso, Patricio Cooper, para interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric.
El ente persecutor recordó que, conforme a la ley de lavado de activos, la causa se encuentra bajo reserva, lo que impide la divulgación de detalles o avances. La Fiscalía enfatizó que no realizará declaraciones públicas para resguardar la eficacia de la investigación y evitar interferencias.
Respecto a eventuales solicitudes de medidas intrusivas, se señaló que estas son controladas por los Juzgados de Garantía y que no se entrega información a terceros ajenos al proceso.
Si bien en La Moneda persiste la incomodidad por esta situación, durante la jornada de este martes el Ejecutivo buscó bajar el tono del conflicto para evitar una confrontación pública entre poderes del Estado. Inicialmente, las ministras vocera de Gobierno (S), Aisén Etcheverry, y de la Segpres, Macarena Lobos, insistieron en la necesidad de pedir explicaciones al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sobre la fallida medida intrusiva contra el Mandatario.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, adoptó una postura más conciliadora, señalando que el Gobierno “lo único que pide es que se cumpla la ley”. Enfatizó que las filtraciones en investigaciones con secreto reforzado implican mayores responsabilidades y que al Ejecutivo no le corresponde “pedirle rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”.
Este tono marca una diferencia con el ánimo que se percibía en Palacio la noche del lunes, tras la publicación de la noticia sobre la solicitud de interceptación telefónica al Presidente. En ese momento, según consignó La Tercera, el comité político evaluó la posibilidad de solicitar una audiencia formal con Valencia, idea que finalmente no se concretó para evitar interpretaciones de intervención en la autonomía del Ministerio Público y debido a la agenda de los ministros. No obstante, se barajaría la posibilidad de una conversación informal entre Valencia y representantes del Ejecutivo durante este miércoles.
En paralelo, el Gobierno busca aclarar los alcances de la interceptación telefónica al exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (FA), cuyo celular estuvo intervenido desde noviembre del año pasado en el marco de la investigación ProCultura. Esta situación fue la que inicialmente generó inquietud en Palacio, ante la posibilidad de que otros dispositivos estuvieran siendo vigilados.
Pese al cambio de tono de La Moneda, desde el oficialismo, partidos como el PS han elevado las críticas hacia el fiscal Cooper, exigiendo incluso la remoción del Fiscal Nacional si no toma medidas al respecto.
En contraste, la oposición ha cuestionado la reacción del Gobierno, recordando que las medidas intrusivas son solicitadas por la Fiscalía y autorizadas por los tribunales, y advirtiendo contra intentos de interferir en la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.
El fiscal regional Patricio Cooper, en tanto, defendió la legalidad de la intervención telefónica a Miguel Crispi, asegurando que contaba con autorización judicial y que la información filtrada correspondía a antecedentes de enero pasado, ya entregados a las partes intervinientes. Además, informó que, a raíz de las conversaciones que se hicieron públicas, el Ministerio Público abrió de oficio la investigación sobre la compraventa fallida de la casa del expresidente Salvador Allende, liderada por la Fiscalía Regional de Coquimbo.
En una declaración pública, Cooper también respondió a las críticas del Frente Amplio, señalando que las intervenciones telefónicas son herramientas utilizadas en diversas investigaciones, como narcotráfico y terrorismo, y que existen controles judiciales para su aplicación. Subrayó que el trabajo del Ministerio Público es esencial en el sistema acusatorio y que las medidas intrusivas requieren la autorización del Tribunal de Garantía.
Revisa el comunicado de la Fiscalía Regional de Coquimbo en el siguiente link:
