El peligroso precedente de pretender pinchar el teléfono al Presidente

En Estados Unidos, a nadie se le pasaría por la cabeza, que una conversación del presidente, aunque estuviera siendo investigado, se filtrara por completo en The New York Times. Si bien existe una ley vigente desde 1968, que permite que el presidente sea investigado en casos criminales graves, conseguir una orden de un juez para intervenir sus teléfonos es extremadamente difícil. Pero la filtración de cualquier tipo de comunicación del mandatario se considera un delito muy grave. ¿La razón? Esas comunicaciones son protegidas y clasificadas por motivos de seguridad nacional.

Tan riguroso es lo anterior, que no existen casos en que se hayan filtrado conversaciones del teléfono de un presidente estadounidense. El bullado Watergate se basó en intervenciones de funcionarios de la Casa Blanca, pero el teléfono de Nixon quedó excluido.

Hasta hace unos días, tampoco existía algún precedente en Chile en estas materias. Ni siquiera fue intervenido el teléfono del expresidente Piñera durante la investigación del caso Pandora Papers, conocido como Dominga –una cláusula del contrato vinculaba el negocio a la aprobación de permisos durante su mandato– y en que la Fiscalía intentó indagar delitos de soborno, cohecho y tributarios.

Además, no se filtró una coma del caso. Tampoco se intervinieron las llamadas de Piñera en la revisión del caso Exalmar en 2021. Por supuesto, la opinión pública ni se enteró de las declaraciones de imputados y testigos. 

Más allá del fondo del caso y de las materias que está investigando el fiscal Cooper, el intento de intervenir el teléfono del Presidente Boric y la filtración íntegra del diálogo sostenido entre él y su expsiquiatra me parece de la máxima gravedad, ya que siembra un precedente de consecuencias insospechadas para la política y deslegitima, una vez más, a la Fiscalía Nacional. 

No sé si los dirigentes de la oposición se percataron –embobados en sacar cuentas alegres en tiempos de campaña– de las consecuencias que podría tener para todos los sectores políticos este antes y después. Suponiendo que gana la oposición, nadie se podrá quejar de que en una investigación un fiscal, debido a una simple sospecha o “corazonada”, piense que esté involucrado el Jefe de Estado y solicite pinchar su celular por detectives de la Brigada de Inteligencia Policial y terminemos enterándonos por la prensa de información clasificada y delicada o, incluso, de aspectos de la vida privada, como le ocurrió a la entonces presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, en una conversación en tono informal con otra dirigente política, “pelando” –en buen chileno– al Presidente. Es decir, con ese tono y forma que usamos todos cuando estamos hablando en confianza y entre amigos. 

Creo que el fiscal Cooper y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, deben dar una explicación al país. Las filtraciones constantes a la prensa de pruebas, grabaciones y WhatsApp que son materia de investigación reflejan no solo la falta de cuidado, control y profesionalismo del órgano persecutor, sino que además despiertan sospechas y conjeturas acerca de la inequidad entre caso y caso. Sin ir más lejos, pese a que el affaire Hermosilla mantiene en prisión preventiva a un grupo importante de personas, llama la atención la condición privilegiada de Andrés Chadwick, quien ha declarado, reservadamente, en varias oportunidades en calidad de imputado.

Hace solo unas semanas, Valencia realizó un balance de su gestión. Por supuesto que no hizo referencia al lunar más negro que arrastra este organismo del Estado, sin embargo, en el punto de prensa posterior, fue abordado, comprometiéndose a redoblar los esfuerzos para terminar con esta tan mala práctica. Por lo visto, palabras que se llevó el viento.

¿No es posible exigirle a la Fiscalía Nacional cumplir con un principio básico de un sistema judicial? Entre tantos proyectos de ley inútiles con que pierden el tiempo algunos de nuestros parlamentarios –como declarar el Día Nacional del Trompo–, ¿no existirá la voluntad de redactar uno que castigue severamente las filtraciones de procesos investigativos en curso, evitando conocer pruebas y testimonios que muchas veces generan juicios concluyentes en la ciudadanía, condicionando fallos y manipulando la percepción de la población?

Respecto de la interceptación de llamadas telefónicas al Presidente de la República y altas autoridades del Estado, tengo la impresión de que debería ser un recurso extremo, siempre y cuando existan pruebas suficientes de delitos graves, y con la condición de que esto se remita a información restringida al caso investigado. La seguridad nacional por supuesto que puede versa afectada, considerando no solo la cantidad de personas que participan en estos procesos, sino la vulnerabilidad extrema del sistema de protección de esas pruebas.

El diálogo, filtrado de manera íntegra, deja entrever conversaciones del ámbito público y privado entre el Presidente y su exterapeuta. Ya el hecho de que Josefina Huneeus haya sido la psiquiatra tratante de Gabriel Boric es razón suficiente para haber tenido extrema precaución con un pinchazo telefónico, al menos, desde el ámbito de la confidencialidad entre médico y paciente, situación que está protegida por el secreto profesional. 

Finalmente, en lo que refiere al fondo de este episodio, por supuesto que debería ser el propio Presidente quien salga lo antes posible a despejar cualquier duda acerca de las imputaciones que el fiscal Cooper le ha hecho, al menos imprudentemente, por la prensa.