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ProCultura: fiscal Castro acusa “consideraciones de orden político” en fallo de corte de Antofagasta
El fiscal Juan Castro Bekios apeló el fallo que declaró ilegales las escuchas telefónicas en el caso ProCultura. Argumentó que la resolución tiene un “sesgo político” y solicitó a la Corte Suprema que ratifique la legalidad de las diligencias realizadas.
El sucesor de Patricio Cooper en la investigación del caso ProCultura, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus, tal como lo había adelantado una vez asumió el caso por orden del fiscal nacional, Ángel Valencia.
El fallo, que ordena eliminar las grabaciones por considerarlas “invasivas” y “carentes de interés criminalístico”, incluyó críticas a la actuación de la Policía de Investigaciones (PDI), al Juzgado de Garantía de Antofagasta y comparaciones con períodos históricos, como la dictadura, lo que a juicio de Castro Bekios constituye un sesgo político.
En su apelación, Castro afirmó que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político” que se apartan de fundamentos legales y acusó un sesgo político en la resolución. En el mismo sentido, dice que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”.
También asevera que la analogía realizada por el tribunal de alzada, en orden a que la actuación de la PDI en este caso recordaba la dictadura “es susceptible de ser calificado como impertinente”.
Además, defendió la legalidad de las diligencias, señalando que las escuchas fueron autorizadas ante “fundadas sospechas” de que Huneeus habría participado en los hechos investigados, al menos como encubridora.
El fallo cuestionado había señalado que las diligencias realizadas por la PDI fueron deficientes, indicando que “resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina”. Además, el tribunal calificó las actuaciones como “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”.
En respuesta, Castro argumentó que tales expresiones carecen de base jurídica y no guardan relación con el caso, asegurando que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”.
El fiscal también criticó el uso del recurso de amparo presentado por el equipo legal de Huneeus, liderado por Alejandro Awad e Ilse Wolf, argumentando que fue empleado como un mecanismo de revisión de resoluciones judiciales, función que no le corresponde. “No es posible advertir que lo dispuesto en las resoluciones dictadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta se infrinja la libertad personal y seguridad individual de la misma”, sostuvo Castro.
En su apelación, pidió a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”. Asimismo, solicitó que, en caso de no acoger su apelación, el máximo tribunal invalide las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”.
Por último, el fiscal defendió la actuación de la Fiscalía y de la PDI al solicitar las diligencias investigativas, subrayando que Huneeus fue citada a declarar en calidad de testigo, debido a su conocimiento de las acciones realizadas por la fundación ProCultura y sus integrantes. “Fue en esa calidad en que también se le citó a declarar y efectivamente declaró ante la Policía de Investigaciones de Chile en compañía de sus abogados”, afirmó Castro.
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