Contraloría detecta que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país con licencia médica

• Detección de viajes durante licencias médicas: La Contraloría General de la República identificó que 25.078 funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con fondos públicos salieron del país durante sus períodos de reposo por licencia médica entre 2023 y 2024. Este hallazgo se basó en un cruce de datos entre registros de salidas internacionales de la Policía de Investigaciones (PDI), bases de funcionarios públicos y licencias médicas otorgadas.
• Magnitud de las irregularidades: Durante el período analizado, se emitieron 5.147.997 licencias médicas, de las cuales 35.585 habrían sido utilizadas de manera irregular, registrándose 59.575 movimientos internacionales durante los períodos de reposo. Del total de estas licencias, un 69% correspondieron a afiliados a Fonasa y un 31% a Isapre.
• Casos extremos y entidades involucradas: Se detectaron casos extremos, como 125 funcionarios con entre 16 y 30 movimientos internacionales y 51 con más de 31 entradas o salidas del país durante sus licencias médicas. Incluso, se reportó que un funcionario del área de salud se autoconcedió una licencia médica y viajó al extranjero durante ese tiempo. Entre las instituciones con mayores irregularidades se encuentran la Junta Nacional de Jardines Infantiles (2.280 licencias), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719).
• Reacciones gubernamentales y medidas adoptadas: El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, instruyó la creación de un comité de ausentismo laboral en el sector público para abordar estas irregularidades. Además, se anunciaron sumarios administrativos y la apertura de investigaciones para determinar responsabilidades y recuperar los fondos públicos mal utilizados.
• Repercusiones políticas y sociales: El informe de la Contraloría generó una oleada de críticas a nivel nacional. Desde el mundo político, se presentaron querellas por fraude al fisco y se exigieron sanciones frente a lo que se calificó como una irregularidad masiva que afecta los recursos de todos los chilenos. Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la ética y la probidad en la administración pública.

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