
Gobierno logra aprobar reforma a permisos mientras diputados disidentes exploran llevarla al TC
La Cámara ya despachó a ley la iniciativa. No obstante, parlamentarios oficialistas presentaron reserva de constitucionalidad, advirtiendo que están en riesgo derechos fundamentales como la salud y el medioambiente. Organizaciones ambientalistas apoyan la idea de recurrir al Tribunal Constitucional.
Pese a la oposición de parlamentarios oficialistas, quienes acusaron al Gobierno de actuar con una “verdadera desorientación ideológica”, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en su tercer y último trámite el proyecto que agiliza los permisos sectoriales, quedando despachado como ley de la República (ver votaciones).
El texto -conocido como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales- busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, “sin comprometer los estándares regulatorios vigentes”.
La iniciativa impulsada por el Gobierno pretende lograr sus objetivos, “sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas”. No obstante, esto último generó ruido entre los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo (PS), quienes realizaron una reserva de constitucionalidad con el fin de impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas que, a su juicio, amenazan el derecho a la salud y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Desde el Frente Amplio también votaron en contra de varias de las enmiendas, y organizaciones ambientalistas ya están en conversaciones con parlamentarios del sector oficialista para juntar las firmas necesarias para recurrir al TC.
Para que una reserva de constitucionalidad presentada desde la Cámara de Diputados pueda ser admitida ante el Tribunal Constitucional, es necesario que cuente con el respaldo de al menos un cuarto de los diputados en ejercicio, es decir, con la firma de 39 parlamentarios. Este requisito garantiza que la impugnación tenga un respaldo suficiente dentro del Congreso. Además, la reserva debe presentarse dentro de los plazos establecidos por la ley, generalmente en un máximo de 30 días desde la publicación de la norma cuestionada, para que el Tribunal evalúe su admisibilidad y, eventualmente, su fondo.
De todas formas, pese a la disidencia, al momento de las votaciones se respaldó la totalidad de los cambios hechos al texto en el Senado, incluyendo los tres aspectos controversiales.
- Se respaldó el principio de proporcionalidad que establece que los órganos sectoriales velarán porque las limitaciones para la habilitación de proyectos se adecúen al objetivo y riesgo involucrado; evitando la imposición de exigencias y cargas innecesarias para el correcto resguardo de los respectivos objetos de protección.
- Lo propio ocurrió con la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, la que se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas (avisos y declaraciones juradas), sin exigir la dictación de un acto administrativo.
- Mismo caso para la aplicación del silencio administrativo positivo general. En este caso se determinó que, de no existir respuesta a una solicitud de parte de la autoridad dentro del plazo establecido, se considera que el permiso ha sido otorgado automáticamente. Es decir, si la entidad o servicio no se pronuncia dentro del tiempo definido por la ley o el reglamento, la petición se entenderá aprobada, evitando así la paralización de proyectos por falta de respuesta administrativa.
El oficialismo también se dividió respecto de los eventuales riesgos que significaría la simplificación de trámites. Mientras algunos parlamentarios relevaron la importancia de disminuir los tiempos en beneficio de la pequeña y mediana empresa, otros – como los mencionados diputados socialistas- expresaron dudas por los efectos en el entorno y por la legitimidad de la simplificación en los procesos administrativos.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que la norma representa cambios muy importantes sobre todo para los proyectos de pequeña escala, por medio de la disminución de los tiempos, sin bajar el estándar sectorial ni medioambiental. Al respecto, descartó categóricamente que el proyecto afecte la protección del medio ambiente. Eso sí, explicó que los reparos planteados están radicados en el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental, mecanismo que se encuentra fuera de esta ley.
Socialistas realizan reserva de constitucionalidad para impugnar normas ante el TC
Los diputados socialistas Manouchehri, Cicardini y Melo, acusaron al gobierno de actuar con una “verdadera desorientación ideológica” por la tramitación del proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.
“Lo que vimos en este proyecto es una verdadera desorientación ideológica del gobierno. Nosotros creemos que lo que hizo el ministro (Nicolás) Grau fue una negociación en donde le entregó todo a la derecha. Este proyecto probablemente no lo hubiese soñado aprobar la derecha, ni siquiera en sus gobiernos; se entiende poco lo que está haciendo el gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Economía”, fustigó Manouchehri.
En ese sentido, el legislador por la Región de Coquimbo agregó que “después de esta línea de aprobación de proyectos, espero que el gobierno deje de asistir a todos los foros internacionales en donde va a hablar de las maravillas ecológicas que se han hecho en Chile, porque eso simplemente sería hablar mentiras.”
“Este proyecto nos hace pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del gobierno más ecologista de la historia al gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente. (…) Creemos que esto ha significado un deterioro en una serie de materias y es lamentable que esto además haya sido construido fundamentalmente con un acuerdo con la derecha”, remarcó.
La diputada Cicardini señaló que “está claro el diagnóstico que efectivamente hay una excesiva burocracia en la tramitación de ciertos proyectos desde lo público, con una una fragmentación en las autorizaciones en distintos sectores. Pero cuando hablamos de avanzar en la agilidad de estos trámites, jamás dijimos que esto tenía a costa lo que hemos defendido desde el primer minuto, que es un desarrollo que no atropelle los derechos de la gente ni tampoco el medio ambiente”.
Respecto a la implementación de las declaraciones juradas y del denominado “silencio administrativo”, que establece plazos máximos para la resolución de solicitudes, tras lo cual si no hay pronunciamiento sobre una solicitud se entenderá por autorizada, Cicardini enfatizó que “esto será un mero trámite sin ningún peso técnico ni administrativo. Creo que lo correcto no es que se desregule el Estado, sino fortalecerlo”.
“Lamentamos profundamente lo que ha sucedido y el tiempo nos dará la razón. Los proyectos futuros nos darán la razón sobre el llamado de atención que hicimos acá en el Congreso”, recalcó.
Posterior a la votación, el diputado e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Daniel Melo, hizo reserva de constitucionalidad de parte del articulado del proyecto, para acudir al Tribunal Constitucional e impugnar las normas que amenazan al derecho a la salud y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
“Quiero lamentar la votación del día de hoy. El gobierno nos tiene acostumbrado en proyectos complejos sacar adelante una agenda con la derecha y la extrema derecha”, expresó.
“Solicitamos reserva de constitucionalidad en varios artículos porque creemos que afectan la salud, las personas y ponen en cuestión aquellos fundamentos que están en la Constitución. Creo que hoy día el gobierno ha avanzado en una lógica que implica vulnerar el principio de no regresión, por lo que esperamos que el TC analice esto y vamos a agotar las instancias para que este tipo de legislación no avance”, concluyó.
Diputados RN destacan aprobación de proyecto
En contraste, el diputado Miguel Mellado, jefe de la bancada de RN e integrante de la comisión de Hacienda, destacó el apoyo que en el sector se dio a la iniciativa.
“La oposición apoyó este proyecto con mucha fuerza, porque va a mejorar la permisología en Chile, sobre todo de las pymes”, afirmó Mellado. Añadiendo que podrán existir “técnicas habilitantes alternativas; va a haber declaraciones juradas que se van a poder hacer con proyectos de bajo impacto; un comerciante que va a abrir un local comercial ya va a poder hacer una declaración jurada para poder hacer este local. Y también van a poder haber permisos que se van a hacer en paralelo, no concatenados como se hacen ahora esperando las penas del infierno”.
Mientras que para el diputado Frank Sauerbaum, también integrante de la comisión de Hacienda, valoró que la iniciativa aprobada “va a permitir acortar los plazos para poder hacer inversión y también dar mayor certeza jurídica a quienes quieran hacer inversiones importantes”. Puntualizando que acortará “los plazos para quienes hoy día hacen pequeñas inversiones. No puede ser que un pequeño emprendedor demore un año y medio recién para saber si va a poder funcionar”.
Sauerbaum destacó que lo aprobado esta jornada “va a establecer los silencios administrativos positivos y negativos y va a multar a quienes se demoren innecesariamente en dar respuesta a quienes quieren poder establecer un negocio”. Y en esa línea precisó que “se establece una oficina que se va a preocupar justamente de acelerar los trámites para que podamos tener mayores niveles de emprendimiento, inversión y generación de puestos de trabajo”.
Respecto de este último punto, Miguel Mellado agregó que “se van a ver los silencios positivos, que cumplido el plazo se le da por aprobado el trámite. También si un servicio público no cumple con los plazos, se va a poder sancionar al jefe de servicio. Creo que son avances importantes para lograr que los tiempos en las construcciones o en los temas menos fuertes, se va a disminuir un 70% los tiempos y en un 30% los más complicados”.
Finalmente, el jefe de la bancada de diputados de RN, concluyó que este tipo de proyectos “hay que empujar. Podríamos haber llevado más, pero la oposición del oficialismo no quiso avanzar con mayor fuerza. También esperamos otros avances en otros proyectos que están en el Senado, sobre todo (…) que tienen que ver con los temas ambientales, porque ese es un tremendo tapón que tiene en este momento el país para avanzar. Pero esto por lo menos es un par de vasitos al mar que sirven para avanzar sobre todo en las pymes”.
Efecto de los permisos sectoriales
Cabe recordar que el proyecto tiene por objeto proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado, con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias.
El objetivo es otorgar mayor certeza a titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.
Asimismo, promueve el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos para la modernización de las autorizaciones y para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes.
Lo anterior por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos.