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Agencia Uno
Se acabó la chacota: Gobierno ingresa proyecto para regular el buen uso de licencias médicas
El Gobierno presentó un proyecto que reforma las licencias médicas, reduciendo la carencia a dos días y aplicándola a todas las licencias. Se introduce un nuevo cálculo de subsidio en el sector público y se fortalecen las facultades de COMPIN para detectar incumplimientos.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca ajustar el sistema de otorgamiento de licencias médicas, con el objetivo de asegurar su uso adecuado y eficiente.
La iniciativa, anunciada previamente por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, introduce cambios en el subsidio por incapacidad laboral, con énfasis en la homologación entre los sectores público y privado.
Uno de los puntos centrales es la modificación del período de carencia: actualmente, las licencias de hasta 10 días no se pagan los tres primeros días, y las de más de 11 se pagan desde el primero. La propuesta disminuye a dos días el período de carencia para cualquier licencia, pero extiende esa carencia también a las de más de 10 días, que hasta ahora estaban exentas.
El proyecto establece una nueva fórmula de cálculo para el sector público, mediante una “remuneración diaria durante la licencia” aplicable solo a licencias por enfermedad o accidente común. Esta se devengará desde el tercer día y corresponderá a un trigésimo de la remuneración bruta mensual del trabajador.
Además, se redefine el cómputo de días de licencia para determinar salud incompatible con el cargo, incluyendo aquellos días rechazados si el trabajador hizo uso efectivo del reposo.
En el ámbito fiscalizador, se fortalecen las competencias de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), que podrán utilizar tratamiento de datos para detectar incumplimientos del reposo médico. La medida surge tras los hallazgos de la Contraloría que detectó más de 25.000 funcionarios viajando al extranjero durante licencias médicas entre 2023 y 2024.
El proyecto obliga a organismos públicos a compartir información con COMPIN y faculta a esta última a requerir datos a instituciones privadas sobre viajes y actividades recreativas. También contempla una instancia preventiva para monitorear licencias prolongadas —de más de 180 días en un año— y otorga a FONASA la facultad de solicitar fiscalizaciones en caso de detectar antecedentes dudosos.
