Multas por no votar avanzan con rechazo oficialista: “No queremos que nuestra política sea de arepa”

A cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece multas para quienes no concurran a votar. La moción, presentada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), propone sanciones que van desde los $33 mil hasta los $210 mil, aunque excluye de esta penalización a los electores extranjeros. La votación se resolvió con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones (ver votación).

El punto que tensionó el debate fue precisamente la exclusión de los ciudadanos extranjeros avecindados en Chile. La normativa vigente permite que migrantes con al menos cinco años de residencia puedan votar en elecciones nacionales, sin requerir residencia definitiva. En ese sentido, el Gobierno busca restringir ese derecho a solo las elecciones municipales, mientras que sectores de la oposición insisten en que el voto obligatorio debe incluir a todos los habilitados, chilenos y extranjeros.

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“No basta con que a los extranjeros se les diga, si quieren, voten no más, mientras a los chilenos nos caen multas elevadas”, cuestionó el diputado Luis Malla (PL), comparando la situación con invitar a alguien ajeno a tomar decisiones dentro de una casa propia.

El oficialismo rechazó mayoritariamente el proyecto, criticando tanto los montos de las multas como la oportunidad política de su tramitación. “Me parece que aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos”, advirtió el diputado Jorge Brito (FA), quien acusó a la derecha de usar el voto de los migrantes como herramienta electoral.

Desde el Partido Comunista, Luis Cuello alertó sobre la ineficiencia del mecanismo propuesto para aplicar las sanciones —vía juzgados de policía local con expedientes en papel— y calificó el proyecto como improvisado y populista. Claudia Mix (FA) fue aún más directa: “La derecha utiliza este debate para cálculos políticos pequeños”.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue un paso más allá: “Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”.

Pero desde la oposición las críticas también fueron duras. El diputado Andrés Longton (RN) acusó al Ejecutivo de desatender un mandato constitucional al no respaldar sanciones al voto obligatorio. “Eso es propio de democracias bananeras o derechamente dictaduras”, afirmó. Su par Diego Schalper (RN) fue más allá, aludiendo a los presidentes Lula y Petro como supuestas influencias del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en materia electoral.

En medio del debate, la autora del proyecto, Joanna Pérez, defendió su iniciativa y aseguró que se trató de una propuesta intermedia ofrecida al Gobierno, que busca evitar que se apliquen sanciones a extranjeros. “La izquierda se niega porque está con calculadora en mano. Quienes somos demócratas vamos a defender la democracia siempre, sin dobleces y me molesta el doble estándar”, sostuvo.

Pérez también recordó que existe otro proyecto en paralelo —ya aprobado por el Senado— que contempla multas para todos los votantes, chilenos y extranjeros, que se encuentra radicado en la misma comisión de Gobierno Interior. Es en esta instancia donde ahora volverá a discutirse la propuesta aprobada en Sala.

Con indicaciones ya incorporadas durante el debate, la moción deberá ser revisada nuevamente por la comisión de Gobierno Interior, presidida por el diputado Rubén Oyarzo (Ind.). Allí se discutirán los aspectos más sensibles del proyecto, como la exclusión o inclusión de migrantes en el voto obligatorio y la proporcionalidad de las multas.