
Fiscalía oficia a Gendarmería y ordena revisar identidad de todos los presos extranjeros
La medida busca evitar que se repita el error de identificar a imputados con nombres falsos, como ocurrió con el “sicario de Meiggs”, quien usó una identidad falsa cuando aún no era obligatoria la toma de huellas. También se oficiará al Registro Civil, PDI y SML para revisar el banco de huellas.
Tras conocerse que el sicario acusado del asesinato del “Rey de Meiggs” ya no está en Chile —cruzó a Perú dos días después de ser liberado con una identidad falsa—, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, anunció que se oficiará a Gendarmería de Chile para solicitar un reporte actualizado con el número de personas extranjeras actualmente privadas de libertad, ya sea condenadas o en prisión preventiva.
El jefe del Ministerio Público hizo el anuncio durante su participación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez.
El oficio tiene como propósito cotejar la información entregada por Gendarmería con los registros del Ministerio Público, con el fin de verificar la correcta identificación de cada persona. “Sospechamos, particularmente, las personas que pueden estar privadas de libertad desde 2021 hacia atrás, que podrían eventualmente poder tener preso a alguien y que después nos damos cuenta que lo tenemos por profundo Pero simplemente lo tenemos privado de libertad bajo un nombre diferente”, advirtió Valencia.
Esto último, precisamente tras el escándalo por la excarcelación de Alberto Carlos Mejía Hernández, también conocido como el “sicario de Meiggs”, quien durante años operó bajo una identidad falsa: Osmar Ferrer. La falta de registro de huellas dactilares en sus detenciones anteriores impidió que su verdadera identidad fuera detectada a tiempo.
El fiscal Valencia explicó que esta situación se debió a que en 2022 aún no estaba vigente la reforma al Código Procesal Penal que obliga a tomar huellas dactilares a imputados extranjeros en situación irregular. “Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado; se habría establecido que el nombre era falso“, sostuvo.
En la misma sesión, los parlamentarios acordaron además oficiar al Registro Civil, a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Médico Legal (SML), para revisar el funcionamiento del banco de huellas digitales. Aquello, explicó, para poder cotejarlo con sus sistemas de registro y “verificar qué es lo que hemos hecho para determinar la identidad de esas personas, para que no vuelva a pasar dos veces”, apuntando al error en la identificación del sicario.
16% de las personas privadas de libertad son extranjeros
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, precisó luego que dicho listado de personas extranjeras privadas de libertad está en manos de Gendarmería. Detalló que “aproximadamente hoy día tenemos que el 16% de las personas privadas de libertad son de nacionalidad extranjera, las principales nacionalidades son venezolanos, colombianos y bolivianos”. El secretario de Estado añadió que “esa es una información que además el Ministerio Público, los fiscales, también tienen conocimiento porque esas personas se encuentran privadas de libertad en el contexto de investigaciones que están a cargo de fiscales”.
Sobre a los últimos antecedentes del caso, Cordero indicó que “se ha podido detectar que él ha salido del país hacia Perú y la policía tiene completamente identificada la trazabilidad y los horarios en los cuales sucedió”. Eso sí, evitó referirse a si el “sicario de Meiggs” abandonó el país por un paso no habilitado o a su actual paradero. “Forma parte de la investigación, es reservada y tiene que ver con el éxito de la investigación”, afirmó.
Consultado sobre la colaboración con policías de otros países, el ministro de Seguridad destacó que “en los casos de América Latina, en el caso de los países vecinos en particular, existe una intensa cooperación policial, en el caso de Perú, muy activamente para procedimientos de la policía peruana y para procedimientos de la policía chilena”.