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Agencia Uno
Contraloría obliga implementar mecanismos electrónicos para controlar asistencia de funcionarios
La Contraloría ordenó reemplazar los sistemas manuales de control de asistencia en todos los organismos del Estado por mecanismos electrónicos verificables. Los registros físicos ya no serán válidos para justificar sueldos. Las entidades deberán informar su implementación en 20 días.
En una nueva instrucción, la Contraloría General de la República ordenó este martes a todos los órganos del Estado, incluidos municipios y servicios descentralizados, reemplazar los actuales sistemas manuales de control de asistencia por mecanismos electrónicos verificables.
El oficio, firmado por la contralora Dorothy Pérez, sostiene que los registros físicos como libros en papel no cumplen con los estándares de integridad, veracidad y confiabilidad exigidos, y por tanto no serán válidos para justificar remuneraciones ni para el control administrativo.
Según el documento, los sistemas manuales presentan debilidades graves como errores, omisiones, adulteraciones y anotaciones fraudulentas detectadas reiteradamente por el ente fiscalizador. “No constituyen un método de control idóneo que permita asegurar la veracidad de los datos y el correcto uso de los fondos públicos”, advierte el texto. En base al principio de eficiencia y servicialidad del Estado, la Contraloría instruyó que los registros de asistencia se modernicen incorporando tecnologías como tarjetas electrónicas, biometría (huella o reconocimiento facial), softwares en línea o aplicaciones móviles, adaptadas a la realidad de cada servicio.
La medida tendrá un efecto especial en municipalidades y gobiernos regionales, donde aún predomina el uso de registros en papel pese a las advertencias previas del órgano contralor. Todos los organismos deberán informar en un plazo de 20 días hábiles, a través del sistema SIAD, la implementación de estos mecanismos electrónicos. Aquellos que aún no los posean deberán enviar un cronograma con fecha límite en el primer semestre de 2026, salvo excepciones justificadas por falta de presupuesto.
El oficio también establece que podrán aplicarse sistemas distintos para ciertos funcionarios, solo si se justifica mediante acto administrativo y no por jerarquía de cargo, para respetar el principio de igualdad ante la ley. Esta decisión responde al contexto de creciente presión ciudadana y mediática ante el uso indebido de licencias médicas, ausencias injustificadas y debilidad en los mecanismos de control de asistencia en el sector público.
Diversas auditorías han revelado que aún existen múltiples instituciones que mantienen métodos manuales, facilitando irregularidades y dificultando la fiscalización. La instrucción busca estandarizar y profesionalizar el control horario en el Estado, cerrando espacios a prácticas inadecuadas y garantizando una asignación transparente de los recursos públicos. La directiva fue remitida a todos los ministerios, subsecretarías, servicios, gobiernos regionales, municipalidades y unidades internas de la propia Contraloría.
