Duras penas contra grupo dedicado a atentados y encerronas en La Araucanía

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó severas condenas contra tres adultos y un adolescente, en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía ante una serie de delitos violentos cometidos en la comuna de Ercilla entre el 28 de marzo y el 19 de octubre de 2023. La causa fue dirigida por el fiscal Carlos Bustos, en coordinación con unidades especializadas de Carabineros.

Entre las víctimas de estos hechos figuran funcionarios del Cesfam de Ercilla, de la Municipalidad de Victoria y de la Contraloría General de la República, quienes fueron atacados mientras prestaban servicios en terreno. Tres de los robos fueron considerados “calificados” por la brutalidad con que fueron ejecutados, pues las víctimas fueron baleadas incluso después de entregar sus vehículos, resultando con fracturas expuestas. En uno de los casos, un funcionario municipal debió ser amputado en una de sus extremidades.

Los condenados forman parte de una banda dedicada al robo violento de vehículos, a la cual también pertenecen un adulto y un adolescente que fueron previamente condenados en procedimientos abreviados.

Además de los robos, el tribunal acreditó la participación de parte de los acusados en el ataque armado a la Subcomisaría de Carabineros de Ercilla, el 7 de mayo de 2023, y en el homicidio frustrado de dos integrantes de la familia Urban, ocurrido dos días después. En este último hecho, se dispararon escopetas Brenneke contra un vehículo policial, hiriendo a dos funcionarios. Uno de los blancos del ataque fue Héctor Urban Astete, quien al momento de los hechos se desempeñaba como convencional constituyente por el Partido Republicano.

Durante la investigación se incautaron vehículos robados, armas de fuego —incluida una con el número de serie borrado—, municiones, cocaína y marihuana. Dos de los domicilios allanados se ubican en la comunidad de Temucuicui, a la que pertenecen tres de los condenados.

Las penas impuestas a los acusados, las más altas dictadas en esa región en contra de un grupo dedicado a las encerronas, fueron las siguientes:

José Arzola Millalén: Presidio perpetuo por los robos calificados y 11 años adicionales por disparos injustificados y homicidio frustrado.

D.Q.M. (adolescente): 10 años de internación en régimen cerrado (la pena máxima prevista por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente) por los robos calificados, los disparos injustificados y homicidio frustrado.

Luis Morales Millanao: Casi nueve años de presidio por tráfico de drogas, receptación de vehículo motorizado y tenencia ilegal de municiones.

Juan Queipul Queipul: Siete años de presidio por receptación de vehículo motorizado, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones.

Revisa las imágenes que fueron exhibidas en el juicio: