GADFA y narcofuncionarios: son consecuencia del “involucramiento de las FFAA en orden interno”

El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA) emitió una declaración pública titulada “El honor de las Fuerzas Armadas y Carabineros, una responsabilidad de Estado”, donde analiza los recientes casos de narcofuncionarios en las Fuerzas Armadas.

En el documento, GADFA recuerda que la Ordenanza General del Ejército establece que uno de los valores fundamentales es el honor, entendido como “ser una persona digna de confianza”. Sin embargo, advierte que el involucramiento de miembros de las FF.AA. y Carabineros en tráfico de drogas y crimen organizado no es un problema de casos aislados, sino que ha puesto en cuestión el honor institucional.

El grupo señala que estos casos se han visibilizado desde al menos 2010, con episodios como “Milicogate” o “Huracán”, y que en años recientes se han conocido investigaciones sobre venta de armas al crimen organizado y procesamiento de más de cien carabineros por narcotráfico. Recientemente, se descubrió tráfico de cocaína y ketamina desde unidades militares en el norte del país.

GADFA identifica tres factores determinantes para esta crisis. Primero, la falta de control institucional interno, cuya responsabilidad recae en los comandantes en jefe, y que requiere modelos de auditoría que aseguren probidad y transparencia. La ley para crear un Servicio de Auditoría Interna en las FF.AA. y de Orden aún espera ser promulgada, mientras que el proyecto para excluir delitos comunes de la jurisdicción militar está estancado desde 2019.

El segundo factor es “la falta de control interno de las instituciones castrenses y policiales es la otra cara de su autonomía corporativa. Esta está dada por las normas constitucionales y la ley orgánica que las regula, limitando severamente el control civil -especialmente del Ministerio de Defensa- sobre aquellos procesos que dicen relación directamente con las normas propias de una democracia consolidada. Esta situación que deja a cada órgano de la defensa y policía librado a su propia dinámica interna no ha sido enfrentada conjuntamente por las fuerzas políticas responsables de la dirección del Estado, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso”.

El tercer factor, que GADFA considera “quizás el más importante”, es “el involucramiento de las FF.AA. en labores de orden interno. En los últimos años pareciera que la defensa nacional no fuera su función institucional primordial o que actualmente ésta no tuviera sentido”.

Detallan que desde 2011 “ha existido la política gubernamental, reiterada y transversal, de ampliar las funciones de las FF.AA. en el orden público: manejo de catástrofes; planes Frontera Norte y Frontera Norte Segura; rol del Comando Conjunto Norte, eje coordinador para la entrega de datos de inteligencia; protección de la infraestructura crítica; campaña de vacunación contra la influenza; apoyo a la red de salud pública; Plan Código Azul para personas en situación de calle; operativos sociales; combate a los incendios; Decreto 265 (9 julio, 2019) para la colaboración castrense frente al narcotráfico y crimen organizado transnacional en zonas fronterizas del territorio nacional; y enfrentamiento a la nueva etapa de ola migratoria”.

Respecto a este punto, GADFA indica que “Frente a esta avalancha de tareas no castrenses sus altos mandos han indicado que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente las funciones que demanda el Estado y que no les corresponde tal ampliación de tareas más allá de los estados de excepción tradicionales. Sectores civiles han alertado sobre los riesgos de captura por parte de los intereses del mundo militar y del peligroso involucramiento directo de militares en funciones policiales”.

Como conclusión, GADFA afirma: “El despliegue de los militares fuera de sus cuarteles en asuntos de orden interno tiene graves consecuencias para la profesionalización de estas instituciones; que el actual es un régimen de excepción diseñado para ser temporal y excepcional y que no puede eternizarse; que las FF.AA. no deben suplir o reemplazar la función de otros organismos estatales encargados del orden interno o de afrontar emergencias; y que la autonomía corporativa castrense lleva a militarizar el Estado y profundizar el rol policial de las FF.AA”.

Finalmente, advierten que “Este conjunto de factores ha prolongado una situación insostenible por demasiado tiempo, afectando no solo el funcionamiento de estas instituciones, sino que el honor institucional y la confianza en sus miembros. Es hora de enfrentar conjunta y responsablemente esta crisis”.

La declaración fue firmada por Felipe Agüero, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, Sebastián Monsalve, Eduardo Santos, Augusto Varas y Mladen Yopo. Puede leerla completa en el siguiente link.