Juego Limpio
Obligación legal global: Corte Internacional exige a los Estados prevenir y reparar daños climáticos
La Corte Internacional de Justicia declaró que el cambio climático es un riesgo existencial y que los Estados, incluido Chile, tienen obligación legal de prevenirlo, reducir emisiones y reparar daños. El fallo abre la puerta a nuevas demandas y refuerza la justicia climática como mandato jurídico.
El fallo que el mundo ambiental esperaba finalmente llegó. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica que establece que el cambio climático es un “riesgo existencial universal” causado por la acción humana, y que todos los Estados tienen el deber legal —no solo moral— de prevenirlo, mitigar sus efectos y reparar los daños causados.
Chile no es ajeno a este pronunciamiento. No solo por ser firmante del Acuerdo de París y parte activa de foros internacionales, sino también porque junto a Colombia impulsó en 2023 la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sentó las bases regionales para este fallo. Ahora, con La Haya sumando fuerza legal global, se espera que aumente la presión sobre Chile para cumplir, acelerar y profundizar la política climática.
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¿Qué exige el fallo y cómo afecta a Chile?
El dictamen de la CIJ —solicitado por la Asamblea General de la ONU en 2023— establece que el derecho internacional, tanto consuetudinario como basado en tratados, impone a los Estados obligaciones legales “apropiadas, consistentes, rápidas y sostenibles” para reducir emisiones, proteger el sistema climático y evitar daños significativos.
Además, aclara que estos deberes no se limitan a tratados como el Acuerdo de París, sino que emanan también del derecho internacional de los derechos humanos, el principio de no causar daño transfronterizo y normas ambientales generales. En términos simples: incluso si un país cumple formalmente con sus NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional), puede ser considerado responsable si esas metas son insuficientes frente al avance del calentamiento global.
Esto pone en el foco a países como Chile, que si bien ha avanzado en compromisos y legislación —como la Ley Marco de Cambio Climático— mantiene inversiones públicas en proyectos fósiles, conflictos socioambientales no resueltos y retrasos en adaptación, especialmente en zonas rurales, del norte y del sur del país.
Nuevo piso legal
La CIJ también determinó que el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible es una norma vinculante del derecho internacional, indispensable para garantizar otros derechos como salud, vivienda, seguridad alimentaria y autodeterminación. El dictamen exige que los Estados actúen con la máxima ambición climática posible, guiados por la ciencia del IPCC, y con un estándar reforzado de responsabilidad si tienen mayores emisiones históricas.
Esto tiene especial relevancia para Chile, que ha sido uno de los países más afectados por sequías prolongadas, crisis hídricas y eventos extremos.
Chile fue uno de los primeros países en apoyar el proceso ante la Corte de La Haya, destacando el rol del país en foros climáticos y su diplomacia activa en temas de justicia ambiental. También lideró, junto a Colombia, la solicitud de la Opinión Consultiva 32 ante la CIDH, que reconoció a la emergencia climática como una amenaza directa a los derechos humanos.
Sin embargo, expertos advierten que la retórica internacional debe ahora traducirse en acciones más ambiciosas a nivel interno. Valoran, por una parte, que Chile está bien posicionado para liderar una nueva generación de política climática con enfoque en derechos humanos, pero por otra apuntan a que se debe eliminar subsidios fósiles, fortalecer la participación de comunidades locales y garantizar justicia climática en el acceso al agua y la energía.
Un precedente para tribunales y para la COP30
El dictamen de la CIJ podría influir en futuras demandas judiciales en el mundo, especialmente en casos donde se argumenten violaciones a derechos fundamentales por falta de acción climática estatal. También se espera que tenga peso en la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP30), que se celebrará en Brasil a fines de este año, y donde Chile tendrá un rol clave en las negociaciones.
“Este fallo es el punto de partida para una nueva era legal en materia climática. Ya no hay excusas para la inacción. La Corte de La Haya ha dejado claro que proteger el clima es una obligación jurídica y moral ineludible”, concluye Cynthia Houniuhi, presidenta de World’s Youth for Climate Justice, organización que impulsó el proceso desde el Pacífico.
