
28 detenidos y 98 vehículos incautados en operativo que desmanteló red de robo y venta de maquinaria
La organización, compuesta por tres clanes familiares, utilizaba empresas fantasma y receptadores para blanquear los recursos y reinsertar los vehículos en el mercado legal. Además, se descubrió que la banda obtenía permisos de circulación mediante pagos a funcionarios municipales.
Un masivo operativo coordinado por la Fiscalía Occidente y ejecutado por más de 400 funcionarios de distintas brigadas investigativas de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una compleja organización criminal que operaba en siete regiones del país, dedicada al robo de camiones, grúas hidráulicas, retroexcavadoras y otra maquinaria pesada, que posteriormente eran “clonados” para su venta o arriendo.
La investigación, encabezada por el Fiscal Adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, acreditó que la banda llevaba operando al menos desde 2020, aprovechando el conocimiento de sus miembros en el negocio del transporte y el manejo de maquinarias para sustraer vehículos específicos según “encargos” u “ofertas” de terceros. Una vez robados, los trasladaban a parcelas o domicilios de los propios integrantes, donde eran desmantelados y adulterados: se borraban los números de chasis y motor y se les asignaba una nueva identidad legal mediante el proceso conocido como clonación o “gemeleo”.
Para blanquear los recursos obtenidos, la organización creaba sociedades de papel y empresas fantasma, utilizando como testaferros a familiares directos. Esta estructura permitió que los vehículos modificados fueran comercializados o arrendados, integrándolos nuevamente al mercado formal sin levantar sospechas.
El operativo se extendió por 40 domicilios, concentrándose principalmente en la Región Metropolitana, sobre todo en San Bernardo, y también abarcó las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y La Araucanía. Se ejecutaron 29 órdenes de detención, incluyendo a los cabecillas de la organización y a miembros de sus familias, quienes cumplían funciones clave como testaferros y constitución de empresas de fachada. Al final, 28 personas fueron detenidas: 24 hombres y 4 mujeres.
Entre los detenidos se encuentra Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, hecho que llamó la atención durante el amplio operativo.
Durante los allanamientos se incautaron 98 vehículos, que incluían camiones, grúas hidráulicas, retroexcavadoras y automóviles utilizados para ocultar los recursos de los ilícitos. También se decomisaron nueve armas de fuego, una de ellas inscrita legalmente. La Fiscalía solicitará el “congelamiento” de 140 productos bancarios, incluyendo más de 50 cuentas corrientes. Los detenidos serán formalizados este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Modus operandi de la organización
La banda estaba compuesta por tres clanes familiares que operaban de manera coordinada. Primero “encargaban” o adquirían vehículos y maquinarias de manera ilícita a valores menores al mercado. Posteriormente, los mantenían bajo custodia (“descansándolos”) hasta poder desmantelarlos o realizarles modificaciones y adulteraciones. Para darle apariencia de legalidad, creaban documentación falsa que permitía “gemelar” los vehículos, logrando que parecieran de propiedad legítima antes de venderlos o arrendarlos.
En algunos casos, la organización adquiría vehículos siniestrados en remates para utilizar su documentación y patentes en la clonación de los bienes robados. Se estableció que contaban con receptadores habituales que acopiaban los vehículos sustraídos, garantizando su reinserción en el mercado legal. La investigación determinó que la especialidad de la banda eran camiones con grúas hidráulicas y retroexcavadoras. Se estima que el patrimonio total acumulado por la organización alcanzaba los $10.000 millones.
Infiltración en instituciones públicas
Una arista importante de la investigación reveló que la banda logró infiltrarse en diversas instituciones públicas, manteniendo contacto con funcionarios en departamentos de tránsito de varias municipalidades. A cambio de pagos que oscilaban entre $100.000 y $200.000 por vehículo, obtenían permisos de circulación para los camiones y maquinarias sustraídas, lo que facilitaba su circulación sin levantar sospechas.
Delitos investigados y técnicas utilizadas
Entre los ilícitos que se indagan se encuentran asociación ilícita, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público, receptación de vehículos y especies, falsificación de documentos públicos, uso malicioso de facturas, extorsión, evasión de impuestos y lavado de activos.
Para acreditar estos delitos, la investigación utilizó técnicas sofisticadas, como interceptaciones telefónicas autorizadas por tribunales, georreferenciación de vehículos, seguimientos, vigilancia con drones, filmaciones y captura de imágenes, así como la utilización de dispositivos GPS. El Servicio de Impuestos Internos (SII) desempeñó un rol clave en la acreditación de las empresas de fachada y los movimientos financieros asociados a la organización.
El Fiscal Adjunto Rubén Salas destacó que se trata de una de las bandas más sofisticadas en su tipo desarticuladas en los últimos años y que su operación tenía un alto grado de planificación y especialización, lo que la hacía especialmente peligrosa para la seguridad de la infraestructura de transporte y comercio del país.