Consulta indígena del Gobierno avanza en campo minado tras cruzarse con la campaña electoral

La consulta indígena lanzada el 13 de agosto por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, avanza en un campo político minado. El proceso enfrenta el rechazo de comunidades mapuche; bloqueos y manifestaciones; presión interna desde sectores del oficialismo que exigen su suspensión; cuestionamientos judiciales, y un desarrollo que ya se mezcla con la arena electoral, dejando al Ejecutivo en una posición de alta vulnerabilidad.

Se perfila como un posible nuevo revés político para la actual administración en el sur del país, frente a un conflicto histórico, tras un caótico arranque, marcado por el desastroso debut de la exministra del Interior Izkia Siches en terreno, y la continuidad de los Estados de Excepción que mantienen la llamada “macrozona sur” bajo una prolongada militarización.

Aunque las consultas no son vinculantes para implementar las propuestas de la Comisión, las críticas evidencian que la paz y el entendimiento distan de estar asegurados. En lugares como Melipeuco, Cunco, Purén y Coñaripe, así como en territorios de Los Lagos, por ejemplo, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, encuentros han sido suspendidos debido a la oposición de las comunidades.

La crítica central apunta a que el proceso fue impuesto desde el Ejecutivo, sin una participación real de los pueblos originarios, lo que genera desconfianza sobre la legitimidad de sus resultados. Dirigentes mapuche, a través de la prensa regional, denuncian que la consulta pretende limitar la restitución territorial y convertir la tierra en una mercancía, con predios de apenas media hectárea y compensaciones económicas mínimas, dejando fuera a futuras generaciones y desatendiendo demandas clave como la libertad de los llamados presos políticos mapuche, la desmilitarización de las zonas de conflicto y el reconocimiento del territorio ancestral.

Presión desde el oficialismo

A la crítica de las comunidades se suman voces del propio oficialismo. La candidata a senadora por La Araucanía, Elisa Loncon, que compite como independiente en cupo del Partido Comunista, pidió suspender la consulta, señalando que no participó el pueblo mapuche en su diseño y que la metodología no refleja la realidad de las comunidades.

“El Gobierno debería considerar la opción que se está generando y detener el proceso de consulta para generar nuevos mecanismos, ya en otro proceso democrático, donde se dé este diálogo permanente entre el Estado y el pueblo mapuche”, dijo en Radio Nuevo Mundo.

En la misma línea, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló que si bien reconoce el esfuerzo del Gobierno y de los comisionados, “el contenido del informe se percibe distante y genera dudas legítimas, incluidas las mías”.

Quintana, hoy candidato a diputado por La Araucanía, aseguró que la mejor opción es “suspender la aplicación de la consulta y retomar el diálogo con las autoridades ancestrales para evaluar si es posible reconducir este esfuerzo o construir una nueva agenda con los pueblos originarios”.

Otras voces recogidas por la prensa regional, como las de la consejera de la Conadi Ana Llao, así como el dirigente mapuche Alberto Curamil, respaldan la idea de suspender y replantear el proceso, calificándolo de insuficientemente participativo.

Quien también se pronunció en esta línea fue Sebastián Naveillan, líder de la Asociación de Agricultores de Malleco y único voto disidente del informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Naveillan criticó que la consulta es excluyente, al centrarse únicamente en comunidades mapuche y dejar fuera a parceleros, agricultores y familias no indígenas de los territorios. Además, advirtió que la propuesta genera “incertidumbre legal y riesgos en seguridad” y demandó un proceso más amplio que contemple a todos los habitantes de las cuatro regiones del sur afectadas.

Defensa del Gobierno

Frente a estas críticas, desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo reafirmó la continuidad del proceso y defendió la labor de la instancia que costó en casi dos años $1.558 millones. “Esta comisión tuvo meses de trabajo, con participación transversal y territorial de miles de personas, y elaboró una propuesta que, por el Convenio 169 de la OIT, debe ser sometida a consulta”, sostuvo.

Vallejo subrayó que las comunidades tienen miradas diversas, pero insistió en que la consulta y el diálogo deben seguir avanzando. “Vamos a insistir en ese proceso, porque es fundamental para el presente y futuro”, sentenció la titular de la Segegob.

Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla, excopresidente de la Comisión para la Paz y actual candidato a la reelección por La Araucanía, tomó distancia de los dichos de la profesora Loncon, su compañera en la lista senatorial de Unidad por Chile.

“Nosotros terminamos nuestra tarea como Comisión de Paz y Entendimiento y ahí llegamos. Hicimos la proposición, les corresponde al Gobierno y a las comunidades indígenas pronunciarse en la consulta”, partió señalando Huenchumilla en Radio Duna, en línea con lo expresado por el también excopresidente de la comisión, Alfredo Moreno, ante la consulta de El Mostrador.

Eso sí, Huenchumilla, quien ha recibido cuestionamientos de algunas comunidades por “politizar” el proceso en el marco de su campaña a la reelección, sostuvo que no corresponde que los parlamentarios o candidatos “pauteen” a las comunidades sobre su comportamiento frente a la consulta. Añadió que, como senador, respeta el proceso pero no se pronunciará, ya que considera que se trata de un asunto que pertenece a la sociedad civil y a su autonomía sobre estos temas.

“Las comunidades indígenas tienen la libertad para pronunciarse sobre el resultado final de la consulta bajo su responsabilidad, midiendo las consecuencias y los posibles escenarios que vengan. Entonces, no podemos tener una actitud paternalista dictándoles ciertas pautas de conducta a las comunidades respecto de este proceso”, cerró Huenchumilla.

La diputada Ericka Ñanco (FA) defendió la consulta como “una oportunidad histórica para destrabar demandas que podrían tardar 150 años en resolverse” y advirtió respecto a quienes buscan usar el proceso con fines políticos, mezclando la consulta con la campaña electoral. Subrayó que la decisión final corresponde a las comunidades dentro de su independencia y acceso a toda la información disponible.

“Quienes han estado utilizando este proceso con réditos políticos no quieren avanzar en el desarrollo de la Región de La Araucanía, es más, están poniendo trampas hacia un proceso que realmente es necesario”, señaló Ñanco, actual candidata a la reelección por el distrito 23.

“Hago un llamado al Gobierno para que puedan separar el proceso de la consulta en sí mismo con el proceso electoral que estamos llevando adelante en nuestro país, para así no entorpecer aquellas demandas necesarias y legítimas que tienen las comunidades. Serán las comunidades dentro de su independencia de poder decidir si la consulta, con toda la información que tienen a mano, es o no aprobada bajo este contexto”, concluyó.

Diputado Jouannet: el proceso debe continuar, “pero hágalo bien”

El diputado Andrés Jouannet mostró una postura crítica frente a la gestión del Gobierno, aunque reconoció haber apoyado políticamente el proceso y, por lo tanto, no está de acuerdo con Loncon. El presidente de Amarillos y candidato a la reelección por el distrito 23 señaló que el proceso careció de adecuada socialización con las comunidades mapuche, aunque coincidió en que la consulta debería continuar si se implementa de manera correcta.

“La Comisión para la Paz y el Entendimiento dejó un camino señalado al Gobierno. Sin embargo, lo están haciendo todo mal”, fustigó Jouannet, quien señaló que el proceso de consulta ha enfrentado numerosas dificultades, debido a sectores de “algunas comunidades vinculadas a la extrema izquierda”, las que –afirma– “no representan al pueblo mapuche”.

A su juicio, el pueblo mapuche en La Araucanía se ha expresado de manera clara sobre el camino que desea seguir. Por ejemplo, en el proceso constitucional del Apruebo y el Rechazo, en el que participó la actual candidata Elisa Loncon, la mayoría se inclinó por esta última opción, sostuvo.

“Permanentemente recorro La Araucanía y me reúno con comunidades mapuche, y muchas no tenían ni idea de la comisión ni de sus conclusiones; si habían escuchado algo, desconocían el contenido del informe”, comentó. Jouannet finalmente fustigó la postura de Loncon, la llamó a no “pautear” el proceso y sostuvo que, “por tanto, el proceso debe continuar, pero hágalo bien”, aunque consideró que todo el procedimiento “ha sido mal ejecutado por el Gobierno”.

Cabe mencionar que Fabián Salas, encargado nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión para la Paz, señaló en una reciente entrevista que “la naturaleza que tiene esta consulta, como con todas las recomendaciones, es que trascienden las fronteras de este Gobierno”. En diálogo con El Libero, dijo que “si eso implica que la consulta indígena debe extenderse, es parte de lo que puede suceder y efectivamente esto es una hoja de ruta”.

Judicialización y protestas

El rechazo al proceso también se ha traducido en acciones judiciales. Hasta la fecha se han presentado tres recursos de protección ante las cortes de Apelaciones de Temuco y Santiago para detener la consulta. Además, se han anunciado movilizaciones en Temuco, previstas para este jueves 28 de agosto, en rechazo al informe de la Comisión, que se percibe como un intento de despojo territorial bajo Estado de Excepción.

En Los Ríos, los encuentros de consulta fueron suspendidos, debido a un trágico accidente que involucró a una menor de 15 años y un hombre de 49 durante una ceremonia mapuche. En la Región de La Araucanía, en tanto, el delegado presidencial Eduardo Abdala descartó hasta ahora vinculación entre los ataques ocurridos y la consulta, aunque señaló que las investigaciones policiales y del Ministerio Público continúan abiertas.

La consulta indígena se encuentra así en una encrucijada política, social y electoral. Por un lado, la oposición dentro del oficialismo y las comunidades presionan por suspender o replantear el proceso; por otro, el Gobierno insiste en continuar, defendiendo la consulta como mecanismo legal y democrático. Paralelamente, el proceso se mezcla con intereses electorales, lo que ha ampliado la disputa a legisladores, candidatos y actores de la sociedad civil, evidenciando la complejidad de avanzar en soluciones territoriales en el sur del país.