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Consulta indígena seguirá adelante: Gobierno intensifica planificación ante bloqueo de comunidades
El subsecretario del Interior defendió que el proceso no es imposición y llamó a separar la discusión de la contingencia electoral, mientras que los delegados presidenciales de La Araucanía y Los Ríos respaldaron la continuidad de la consulta, “readecuando” procedimientos para garantizar inclusión.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ratificó que seguirá adelante con la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras, en medio de un escenario marcado por el rechazo de comunidades mapuche en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y de cuestionamientos que incluso provienen desde el oficialismo por la coincidencia del proceso con las elecciones de noviembre.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos —quien encabezó la Comisión para la Paz y el Entendimiento— abordó esta jornada la polémica y descartó que la consulta sea una imposición. “Acá no hay ningún tipo de imposición, hay una propuesta política. Y como en la política funciona así, si hay una propuesta tú puedes debatirla, corregirla, observarla, criticarla o rechazarla incluso. Eso es lo que nosotros esperamos, porque lo que estamos haciendo es cumplir con un compromiso que hicimos con las comunidades”, señaló en entrevista con Emol.
Consultado por los llamados de la exconvencional y actual candidata al Senado, Elisa Loncon (IND-PC), y del presidente del PPD y postulante a diputado, Jaime Quintana, para suspender la consulta, Ramos fue enfático: “Lo que digan los actores que hoy se van a presentar a una elección en dos o tres meses más no nos debe alejar a nosotros como Gobierno del objetivo de responder con una propuesta viable a una deuda que existe sobre el pueblo mapuche”.
En paralelo, el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, también respaldó la continuidad del proceso, aunque abrió la puerta a eventuales ajustes. En diálogo con Radio Biobío, habló de “pausarla sobre la base de readecuar los procedimientos, de generar condiciones para tener una mejor inclusión y yo diría que hasta ahora no se está evaluando la posibilidad de dejarla de lado”.
Desde la Subsecretaría del Interior recalcan a El Mostrador que la consulta fue lanzada recién el pasado 13 de agosto y —en línea con lo manifestado por ele delegado Abdala— que precisamente se encuentra en etapa de planificación. Mientras tanto, comunidades mapuche ya han manifestado su rechazo e incluso impidieron el inicio del proceso en Melipeuco, Cunco y otras comunas de la denominada “Macrozona Sur”.
Mas al sur, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, informó que no descarta continuar con la consulta en Panguipulli y Coñaripe, pese a que las comunidades de esos territorios entregaron una carta formal exigiendo su anulación. “Se van a revisar los antecedentes de su intención de no continuar con la consulta y se va a evaluar si finalmente avanzamos o no con la etapa de planificación”, sostuvo en conversación con la prensa regional. Alvial dejó claro que la posición del Gobierno es mantener el proceso activo y reanudar actividades en los territorios pendientes.
El delegado presidencial de Los Ríos adelantó además que ya están programadas segundas reuniones en comunas como Paillaco y Lanco, donde sí se lograron realizar encuentros iniciales.
El proceso enfrenta un rechazo abierto de diversas comunidades, que acusan falta de legitimidad, vulneración del principio de consulta previa e informada, y exclusión de temas centrales como la desmilitarización o la libertad de los llamados presos políticos mapuche. La comunidad Williche Mapuche Pepiuquelen, de Pargua, anunció una movilización para este jueves en la Caleta Pichi Pelluco, donde emitirán una declaración pública en rechazo a la iniciativa, con o sin autorización oficial.
El debate por la consulta indígena terminó instalándose en el clima de campaña de cara a las elecciones de noviembre. En el oficialismo surgieron voces que pidieron “no mezclar peras con manzanas” y evitar que el proceso se convierta en herramienta electoral, un riesgo que ya tensiona el desarrollo de la agenda que el Ejecutivo considera clave para saldar una deuda histórica con el pueblo mapuche.
