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Agencia Uno
Megatoma de San Antonio: fracasa negociación entre Gobierno e inmobiliaria por compra de terreno
Fracasaron las negociaciones entre el Minvu y la inmobiliaria San Antonio por el terreno del Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio. La empresa acusó “abandono estatal” y pedirá el desalojo, mientras el ministerio alegó que los valores triplican la tasación oficial.
Tras seis meses de conversaciones, fracasaron las negociaciones entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la inmobiliaria San Antonio para la compra del terreno del Cerro Centinela, en la región de Valparaíso, donde se emplaza la megatoma de San Antonio.
La última reunión se desarrolló el miércoles entre los dueños Ricardo Posada y Esteban Solari, representados por su abogado Diego Pereira-Fonfach, y el ministro Carlos Montes junto a Gloria Maira, encargada de la mesa técnica. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo y la empresa comunicó oficialmente que las tratativas “se habían caído”.
La inmobiliaria acusó falta de certezas sobre los compradores, ausencia de garantías de financiamiento y rechazo a entregar documentos que aseguraran la participación de BancoEstado. Pese a haber accedido al precio propuesto por el Minvu, señalaron que no hubo respuesta a variables esenciales y anunciaron que en los próximos días solicitarán el “cúmplase” definitivo de la orden judicial de desalojo. En su declaración, cuestionaron el “abandono estatal” tras seis años de intentos por recuperar el terreno o alcanzar un acuerdo.
“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, argumentaron.
“Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, cerraron.
Desde el Minvu, en tanto, explicaron que el principal obstáculo fue la diferencia en la tasación. La cartera advirtió que los valores presentados por los dueños “triplican” la tasación oficial, lo que hace inviable un acuerdo sostenible para las familias y el Estado. Si bien se exploraron alternativas de financiamiento y se solicitó apoyo a BancoEstado, el ministerio acusó que los propietarios abordaron la negociación solo desde una lógica comercial, rechazando propuestas de consenso.
La situación complica al Ejecutivo, ya que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó ejecutar el desalojo de más de 10 mil personas que habitan las 260 hectáreas ocupadas desde 2019. Tras el quiebre, la responsabilidad del proceso podría pasar del Minvu al Ministerio del Interior, que deberá diseñar un plan de desalojo, en medio de la tensión social que implicaría una expulsión masiva de familias.
