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Foto: AgenciaUNO
“Suspensión momentánea”: Gobierno pausa consulta indígena por nuevo sistema de tierras en el sur
La decisión busca dar espacio a la reflexión y al diálogo con las comunidades mapuche, procesar reclamos y contrapropuestas, pero también replantear la estrategia en medio de la tensión electoral y la desconfianza acumulada en la zona bajo Estado de Excepción.
El 25 de septiembre, en Curarrehue, se cerró la primera etapa de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras impulsada por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Lo que a simple vista parecía el fin de un primer ciclo se convirtió, en realidad, en un punto de inflexión.
Y, en lugar de avanzar con la segunda ronda de reuniones, el Gobierno optó por una “suspensión momentánea” del proceso, una pausa estratégica que, según sus responsables, busca dar espacio a la reflexión y al diálogo más flexible con las comunidades mapuche, aunque también se ve influida por la contingencia electoral.
Desde la Unidad de Seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento explicaron el fin de semana pasado a El Mostrador que ya terminó la primera ronda de planificación, con casi 3.500 participantes, y que ahora toca procesar actas, reclamos y hasta contrapropuestas, como la que plantean comunidades mapuche que rechazaron el proceso desde su inicio.
Hasta hace unos días se informó que la intención era fijar la fecha de reinicio en conjunto con las comunidades, y que una de las alternativas que baraja el Gobierno es que se realice después de la primera vuelta.
Esta situación ya se percibía desde las reuniones iniciales, que comenzaron el 13 de agosto en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, cuando se evaluaba la posibilidad de un alto temporal. ¿La razón? Parte de la reticencia mapuche se explica por el hecho de que la zona se encuentra bajo Estado de Excepción desde hace casi cuatro años, y, como advierten algunos dirigentes, “con armas en la mesa no habrá paz ni entendimiento”.
“Esto no es un fracaso, sino una pausa estratégica”
La presión de un proceso formal que algunas comunidades aún no comprenden, la desconfianza acumulada y la tensión electoral llevaron al Ejecutivo a frenar la segunda etapa, realizar un balance interno y replantear la estrategia.
Según consignó La Tercera, la medida se comunicó el 29 de septiembre mediante un escrito conjunto de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social, en el que se explica que la suspensión se ampara en el Decreto Supremo 66 de 2014, que permite interrumpir el procedimiento “por el tiempo estrictamente necesario” cuando surgen hechos que impiden su continuidad normal.
“Esto no es un fracaso, sino una pausa estratégica”, asegura Fabián Salas, encargado de la Unidad de Seguimiento. “Lo asumimos como un proceso de Estado: necesitamos mantener abierto el diálogo, con flexibilidad y autocrítica, para entregar al próximo gobierno una base de entendimiento”. Según la reglamentación, la suspensión se fija por 15 días renovables, pero internamente se proyecta que se extenderá al menos hasta después de las elecciones parlamentarias y la primera vuelta presidencial.
El proceso, que costó $1.558 millones y buscaba implementar recomendaciones de la Comisión Presidencial —como la creación de una Agencia de Reparación de Tierras y un tribunal administrativo de integración mixta—, ha enfrentado obstáculos desde sus primeras semanas. Encuentros suspendidos por protestas, acusaciones de politización y críticas por la manera en que se presentó la tierra generaron fricciones que dificultaron la continuidad del diálogo.
La suspensión provocó reacciones encontradas. El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) la calificó como un fracaso del gobierno en política indígena, mientras que el senador Francisco Huenchumilla (DC) la consideró “solo un traspié” comprensible en un contexto electoral. La senadora Carmen Gloria Aravena, en cambio, defendió la pausa como necesaria desde un enfoque metodológico y por la complejidad que atraviesa la zona, marcada por la violencia rural y la crispación electoral.
Otros legisladores, como los diputados Eric Aedo (DC y vocero del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara) y Miguel Mellado (exmilitante de Renovación Nacional y actual partidario de José Antonio Kast), apuntaron a la falta de diálogo previo con las comunidades y criticaron la percepción de un proceso “impuesto desde arriba”. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que el objetivo sigue siendo dejar un proceso encaminado para más allá del 11 de marzo de 2026, con informes que integren avances, dificultades y propuestas de las comunidades.
