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Agencia Uno
Megatoma de San Antonio: Corte de Apelaciones decretó que se cumpla orden de desalojo
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó ejecutar el desalojo del asentamiento y dispuso que el municipio coordine, con Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, albergues transitorios “que reúnan las condiciones adecuadas” para las personas afectadas.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso decretó el cúmplase de la sentencia que ordena el desalojo de la megatoma de San Antonio.
La resolución instruye que, si el lanzamiento se concreta, el municipio deberá coordinarse con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para implementar “de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento”.
El abogado Diego Pereira, representante de Inmobiliaria San Antonio S.A., sostuvo a Radio Bío Bío que “nunca hemos estado disponibles para negociar con los usurpadores porque, precisamente, ellos atentaron en contra del derecho de propiedad de mis representados, y nunca ha sido una situación que se haya pensado en circunstancia”.
Agregó: “Nosotros solamente accedimos a sentarnos a negociar con el Gobierno a propósito de la mesa de negociación, pero nunca con los usurpadores”, y que “no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda”.
Pereira precisó que el último mes solicitaron reuniones de lobby con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, además de la delegación presidencial y el gobernador provincial, “todas las cuales han sido rechazadas o no contestadas. Por tanto, a la fecha, no tenemos ningún diálogo abierto con ninguna autoridad de Gobierno en orden de poder arribar a un acuerdo o acercar posiciones sobre el tema”.
El abogado recordó que el 11 de septiembre ingresaron el escrito solicitando el cúmplase del fallo: “Posteriormente, la Corte solicitó a cada uno de los actores involucrados respuesta respecto de las gestiones que se han realizado tendientes al cumplimiento del fallo, esto del desalojo”.
Según los antecedentes del caso, alrededor de 10 mil personas habitan el asentamiento irregular emplazado en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso.
