PAÍS
Prisión preventiva para el exjuez tributario de los “perdonazos” Óscar Meriño por cohecho agravado
El exjuez tributario y aduanero, conocido como el “juez de los perdonazos”, quedó en prisión preventiva acusado de cohecho agravado. La Fiscalía tendrá dos meses para cerrar la investigación sobre los pagos por la designación irregular de peritos en causas bajo su revisión.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles prisión preventiva para el exjuez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana, Óscar Meriño Maturana, imputado como autor del delito reiterado de cohecho agravado. El tribunal fijó un plazo de investigación de dos meses.
La medida se produce tras la detención de Meriño este martes 14 de octubre, en el marco de una investigación liderada por el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal, por pagos a cambio de la designación de peritos en causas tributarias.
AHORA: 7º Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva del exjuez tributario y aduanero de la Región Metropolitana Óscar Meriño Maturana, imputado como autor del delito reiterado de cohecho agravado. Plazo de investigación: 2 meses. pic.twitter.com/48YykP99u2
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 15, 2025
Meriño había enfrentado previamente dos investigaciones: una administrativa y otra penal. La administrativa, a cargo de la Corte de Apelaciones de Santiago, acreditó que el exjuez designó arbitraria e irregularmente a peritos en al menos diez causas entre 2018 y 2021, aunque no logró comprobar beneficios económicos personales, sancionándolo con una suspensión de cuatro meses. En marzo de 2025, fue removido de su cargo por la Corte Suprema por obtener bajas calificaciones consecutivas.
La investigación penal, en cambio, dio un giro decisivo con su detención, al reunir antecedentes que lo vinculan directamente con cohecho reiterado, lo que motivó la decisión de prisión preventiva del tribunal.
El caso de Meriño, conocido entre sus pares como el “juez de los perdonazos”, vuelve a poner bajo escrutinio la probidad y los mecanismos de control dentro de los tribunales tributarios, además de reabrir el debate sobre la corrupción judicial en instancias especializadas.
El plazo de investigación de dos meses será determinante para que la fiscalía recabe pruebas y defina la estrategia de acusación que se seguirá en el proceso penal.
