Ranking
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Aportante (Persona Natural)
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Monto Total Acumulado (CLP)
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Pacto(s) Beneficiado(s)
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Candidato(s) Principal(es) Apoyado(s)
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1
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Juan Eduardo Ibáñez Walker
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$18.000.000
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Chile Grande y Unido
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Juan Antonio Coloma Álamos y María José Hoffmann
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2
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Sergio Aguayo Espejo
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$12.093.429
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Cambio por Chile
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Arturo Squella
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3
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José Yuraszeck
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$12.000.000
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Chile Grande y Unido
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Hoffmann
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4
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Bernardo Larraín Matte
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$12.000.000
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CGU y CxC
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Hoffmann, Andrea Balladares y Rodolfo Carter
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5
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Juan Pablo Costa Gálvez
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$11.090.000
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CGU y CxC
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Giovanni Calderón y Squella
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6
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Arturo Claro Montes
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$9.000.000
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CGU y CxC
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Coloma Álamos, Carter y Squella
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7
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Patricio Parodi Gil, presidente de la compañía de seguros Consorcio Financiero
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$8.000.000
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CGU y CxC
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Hoffmann, Squella y Luz Ebensperger
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8
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Domingo Cruzat Amunategui, miembro del directorio de Embotelladora Andina y exdirector de Enel Américas
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$7.500.000
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Chile Grande y Unido
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Nicolás Noman y Coloma Álamos
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9
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José Estay Cuevas, abogado vinculado al mundo rural y las tradiciones ecuestres, hijo del exdiputado Enrique Estay Peñaloza
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$6.750.000
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Cambio por Chile
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Squella y Soledad Loyola Vera
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10
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María Cecilia Piñera Morel, pediatra infectóloga e hija del expresidente Sebastián Piñera
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$5.000.000
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Chile Grande y Unido
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Andrea Balladares
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11
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Carlos Cox Vial, integrante del directorio de Consorcio Financiero
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$5.000.000
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Cambio por Chile
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Arturo Squella
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12
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Micaela Cartwright Vogt, miembro del directorio de la empresa frutícola Prize Superfruits
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$5.000.000
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Cambio por Chile
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Rodolfo Carter
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13
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Pablo Stuardo Gutiérrez
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$5.000.000
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Cambio por Chile
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Rodolfo Carter
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14
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César Norton Sacre, fundador y presidente de la compañía de electrocombustibles HIF Global
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$5.000.000
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Chile Grande y Unido
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María José Hoffmann
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Los grandes cheques de la contienda
El financiamiento de las campañas senatoriales 2025 ya tiene cifras contundentes: más de $20.880 millones en aportes registrados ante el Servel, entre fondos públicos, créditos personales, aportes partidarios y donaciones con publicidad.
El registro parte con los $265 millones entregados por el fisco a Renovación Nacional (RN), seguido por $156 millones a la UDI y $146 millones al PPD. Estos montos corresponden al financiamiento público inicial que reciben los partidos con representación parlamentaria.
Sin embargo, las cifras más abultadas provienen de los créditos personales contra reembolso. Arturo Squella figura con un préstamo de $150 millones, el mayor aporte individual del proceso. Le siguen el también candidato a senador por Valparaíso, Andrés Longton (RN), con $120 millones; y Coloma Álamos (UDI), candidato por el Maule, José Miguel Insulza (PS) y Diego Ibáñez (FA), ambos por Valparaíso, todos con créditos por $70 millones.
Entre los aportes de partidos a sus propios candidatos, el Partido Socialista lidera la lista con transferencias directas por más de $134 millones, distribuidos entre figuras como Paulina Vodanovic; Danisa Astudillo, candidata a senadora por Tarapacá; Daniella Cicardini, por Atacama; y José Miguel Insulza.
En la oposición, Renovación Nacional desembolsó más de $125 millones, con $25 millones para cada uno de sus candidatos al Senado en competencia, incluyendo a Camila Flores, candidata al Senado por Valparaíso; Miguel Becker, por La Araucanía; y Andrea Balladares y Hugo Rey, ambos por el Maule.
La UDI, en tanto, replicó la estrategia: financió con $15 millones a sus cartas senatoriales –entre ellas, María José Hoffmann, Coloma, Luz Ebensperger (candidata por Tarapacá) y Nicolás Noman (por Atacama)–, reforzando después con otros aportes publicitados de empresarios ligados al sector privado.
Varios nombres optaron por financiarse a sí mismos. El senador Huenchumilla registró aportes personales por $3 millones y créditos por hasta $1 millón, además de donaciones simbólicas de cercanos.
Lo mismo hizo Elisa Loncon, quien aportó $25 millones a su propia candidatura independiente dentro de Unidad por Chile. En el Partido Republicano, Ignacio Urrutia (candidato a senador por el Maule) destaca por autofinanciarse con más de $24 millones repartidos en tres transferencias.
El sistema de aportes con publicidad, diseñado para dar transparencia, hoy revela más bien la permanencia de una élite económica que continúa influyendo en la orientación del poder político. No son las empresas las que donan –porque la ley ya no lo permite–, sino las personas que las controlan. Y sus preferencias son claras.