Ministra de Medio Ambiente en la mira: la acusan de no considerar la realidad local en Ley SBAP

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, enfrenta cuestionamientos por parte de autoridades regionales, comunidades y sectores productivos, quienes acusan que el proceso de implementación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley SBAP) estaría desconociendo la realidad local y afectando directamente el desarrollo económico de zonas rurales.

La controversia surge tras la publicación del listado preliminar de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, que incorpora vastos territorios productivos bajo criterios que, según sus detractores, no fueron consultados con los actores del territorio.

La Ley SBAP contempla que estos sitios albergan ecosistemas de alto valor ambiental y podrían derivar en futuras áreas protegidas. Aunque aún no son áreas protegidas formales, su sola declaración implicaría restricciones y la obligación de someter proyectos productivos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto preocupa a las comunidades, ya que afectaría la continuidad de actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas y turísticas históricas.

En la región de Aysén, vecinos organizados en la Mesa de Trabajo Sitios Prioritarios para la Biodiversidad Chile Chico aseguran que el Ministerio de Medio Ambiente “ha sido arbitrario y poco transparente”, privilegiando informes de grupos ambientalistas por sobre la voz de los habitantes.

“Este proceso fue totalmente inconsulto. No se tomó en cuenta la participación ni la opinión de los vecinos ni de las autoridades locales”, advirtió el gobernador regional Marcelo Santana Vargas, quien anunció que ofició a la ministra para solicitar que se retracte de la actual propuesta.

Según los antecedentes, más de 35 mil hectáreas productivas podrían verse afectadas. El sitio priorizado SP1-039, denominado “Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, obligaría a cualquier nueva actividad económica a someterse a evaluación ambiental, lo que, según la comunidad, pondría en riesgo inversiones y la continuidad de los emprendimientos familiares.

“El Ministerio no puede tomar decisiones desde Santiago que hipotecan nuestro desarrollo”, enfatizó Santana, llamando a la ministra Rojas a “considerar los objetivos que la propia Región de Aysén se ha propuesto, sin afectar actividades que son el sustento de miles de familias”.

Minería en pie de guerra

La tensión por el listado preliminar de Sitios Prioritarios no comenzó con la queja del Gobernador de Aysén, desde la semana pasada el sector de la minería ha criticado fuertemente al Ministerio de Medio Ambiente, acusando también falta de transparencia.

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostiene que muchos de los terrenos considerados como “prioritarios” ya cuentan con operaciones mineras autorizadas que cumplen con altos estándares ambientales. “No se trata de oponerse a la conservación, sino de evitar que se impongan restricciones sin coordinación, sin diálogo y sin criterios claros”, advirtió en su momento Jorge Riesco, presidente del gremio.

Riesco pidió una mesa de trabajo multisectorial y una ampliación real de los plazos de consulta pública. La ministra, en respuesta, aceptó mantener espacios de diálogo, pero condicionó la conformación de dicha mesa a la revisión de las observaciones presentadas por los gremios. “No corresponde que se diga que este proceso no ha sido transparente. Hemos mostrado los criterios, el expediente es público, ha habido participación”, replicó Rojas su visita a la Comisión de Minería del Congreso el miércoles de la semana pasada.

Las críticas ambientalistas

Mientras los gremios se sienten desinformados y desplazados, las organizaciones ambientales acusan lo contrario: que el listado del Ministerio debilita la protección. De los más de 300 sitios previamente identificados en las Estrategias Nacional y Regionales de Biodiversidad, solo 99 fueron considerados en esta primera propuesta. Para la Alianza por la Naturaleza y la Biodiversidad, eso significa dejar fuera áreas clave, sin una explicación clara ni participación efectiva.

Esta paradoja —entre quienes creen que se avanza demasiado, y quienes acusan que se retrocede— marca el carácter profundamente sensible de esta etapa de implementación de la Ley SBAP. La ley entrega a los “sitios prioritarios” efectos normativos nuevos: desde planes de manejo obligatorios hasta condiciones más exigentes para la evaluación de nuevos proyectos productivos.

El proceso se encuentra actualmente en etapa de consulta pública, con plazo hasta el 5 de noviembre para la macrozona sur. Sin embargo, los habitantes denuncian que no han recibido información adecuada ni mecanismos reales de participación. También señalaron la ausencia del reglamento que debiera normar la delimitación de los sitios, lo que, aseguran, genera inseguridad jurídica.

Altas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente fueron citadas al Congreso para este miércoles, instancia en la que se espera que la ministra Rojas entregue explicaciones sobre los criterios utilizados y cómo se garantizará la participación ciudadana. El debate se centrará en compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo productivo regional, en medio de un creciente malestar por lo que las comunidades describen como una “imposición centralista”.