Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática de CAF: “El cambio climático es un problema económico”

En un escenario marcado por la urgencia climática y la incertidumbre económica, Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, plantea una visión clara: el cambio climático debe entenderse, ante todo, como un problema económico mal gestionado. Para la economista española, con amplia trayectoria en organismos multilaterales y en la formulación de políticas verdes, la crisis ambiental que atraviesa el planeta es el resultado de un sistema que no ha sabido asignar precios reales a las emisiones ni asumir los costos de las externalidades que produce.

Desde su posición en CAF, Montalvo lidera una agenda que busca alinear las finanzas con la acción climática, impulsando instrumentos innovadores como los bonos verdes, los canjes de deuda por naturaleza y las taxonomías sostenibles. Su mirada combina pragmatismo y convicción: sin una transformación profunda del sistema financiero, dice, no habrá transición justa ni desarrollo sostenible posible.

A días de la COP30, que se celebrará por primera vez en la Amazonía brasileña, Montalvo destaca el rol de América Latina como región clave para las soluciones climáticas globales. Habla del desafío de movilizar capital privado hacia sectores estratégicos, de fortalecer la economía verde y azul y de colocar la biodiversidad en el centro de las decisiones. Con tono sereno, pero con una advertencia firme, sostiene que la acción climática no es solo un deber moral, sino una oportunidad concreta para redefinir la economía y mejorar la vida de las personas.

– ¿Por qué consideras que el  cambio climático es, ante todo, un problema económico?

–Es un problema económico porque proviene de la circunstancia de que se generan externalidades globales, como los gases de efecto invernadero, que tienen la peculiaridad de producirse en un lugar determinado del planeta, pero afectar a todo el mundo, independientemente de la proximidad a esa emisión. Por eso su naturaleza es global. Ese problema de emisiones no está internalizado. Esa condición económica —una externalidad sobre la que no se paga— afecta a todo el planeta por igual. En este caso, lo que ocurre es que el problema se genera a nivel de países. Como sabemos, la externalidad se ha venido acumulando a lo largo de ciclos ambientales imprecisos, porque el cambio climático no es como un problema de contaminación local, por ejemplo de dióxido de nitrógeno, donde se puede ver y ubicar fácilmente el origen. En cambio, es la acumulación de gases de efecto invernadero la que, a lo largo de los años, ha producido las alteraciones en el clima.

Esa disociación entre las fuentes emisoras y quienes sufren los impactos, junto con la incapacidad de las fuentes emisoras de internalizar los costos —ya sea mediante la reducción de sus fuentes energéticas o con medidas de eficiencia—, ha generado un impacto que terminan asumiendo otros. Por lo tanto, el cambio climático es un problema económico en la medida en que se basa en la producción de externalidades cuyo costo nadie asume. Y si es un problema económico, debe tratarse con instrumentos económicos.

-¿Ver la crisis desde la perspectiva solo ambiental entonces no permite afrontarla adecuadamente?

-Abordarlo únicamente mediante flujos de cooperación al desarrollo equivale a no reconocer el origen del problema. Igual que si una empresa contamina un río, debe ser esa empresa quien pague por los vertidos, las multas o las compensaciones. Eso mismo debería aplicarse a escala global. Por eso son tan importantes las señales de precios sobre las emisiones, los impuestos a los combustibles fósiles, los mercados de carbono y la eliminación de subsidios a las actividades que generan emisiones. Existe una incoherencia económica que no se está resolviendo adecuadamente. El problema se considera ambiental porque afecta a la atmósfera, pero en realidad es un problema fundamentalmente económico, generado por errores en las señales de precios y por una acumulación de gases de efecto invernadero que, aunque tiene impactos ambientales, no es en sí un problema ambiental, sino económico con consecuencias ecológicas.

–En algunos paneles has mencionado que la financiación mixta, los bonos verdes y los Derechos Especiales de Giro son claves para enfrentar el cambio climático. ¿Cómo pueden estos instrumentos acelerar la acción climática en América Latina y el Caribe?

–Es muy interesante lo que planteas, porque dentro de esta lógica de que los países desarrollados son los principales responsables de las emisiones históricas, existe la convicción de que hay que corregir una inequidad: estos países deben apoyar a las naciones en desarrollo para hacer frente a los impactos del cambio climático. Muchas veces los flujos financieros se enfocan más en la mitigación —en ayudar a reducir emisiones—, pero también deben centrarse en la adaptación, en los daños que el cambio climático ya está generando.

Instrumentos como los Derechos Especiales de Giro, los bonos verdes o los canjes de deuda por naturaleza buscan que los mecanismos de financiamiento, especialmente en los países en desarrollo, estén vinculados a actividades que promuevan una transformación económica sostenible. Por ejemplo, si un país emite bonos internacionales para financiarse, que estos estén asociados a actividades verdes, de modo que se puedan colocar en mejores condiciones en los mercados. Esto no es fácil, ya que muchos países enfrentan graves problemas de endeudamiento, por lo que se requiere innovación financiera y respaldo mediante garantías que permitan emitir bonos en condiciones favorables.

El objetivo es que el sistema financiero contribuya a la transformación del sector real, y no se desligue de él. Un ejemplo concreto es el canje de deuda por naturaleza en El Salvador, en el que participamos desde CAF, destinado a la conservación y restauración del río Lempa. En resumen, hay que abordar el problema económico con instrumentos económicos, pero también integrar el componente climático en todos los flujos financieros internacionales, asegurando que no agraven el modelo económico que nos ha llevado hasta aquí, sino que ayuden a revertirlo.

–Pasando a la COP30, uno de los temas más críticos será la movilización de capital privado hacia sectores clave como la energía y la agricultura. ¿Qué estrategia impulsa CAF para atraer este capital?

–Lo primero es crear condiciones adecuadas para atraer inversión hacia esos sectores. Aunque trabajamos principalmente con instituciones públicas, cada vez más impulsamos mecanismos de colaboración con el sector privado. Un elemento clave es la elaboración de taxonomías verdes, una herramienta esencial para que los inversionistas sepan dónde colocar su capital y confirmar que las inversiones califican efectivamente como verdes. También estamos desarrollando instrumentos innovadores, como garantías y fondos de mitigación de riesgos. Nos enfocamos en sectores que contribuyen directamente a la descarbonización y electrificación de las economías, como movilidad eléctrica, transmisión energética limpia y transporte ferroviario.

CAF se propuso que el 40 % de su cartera sea verde para 2026, y ya alcanzamos esa meta el año pasado. No lo logramos solos: los países miembros están demandando cada vez más proyectos de transición sostenible.

–La inseguridad financiera global es uno de los grandes temas. ¿Cómo garantizar la continuidad de la inversión en acción climática en este contexto?

–La inseguridad es la señal de nuestros tiempos, pero la clave es mantener la convicción y la claridad. No se trata de vacilar, sino de enviar señales firmes.  Desde CAF tenemos una agenda verde sólida. Promovemos la transferencia de tecnología y los flujos financieros para que los países puedan concretar sus metas. La transformación verde no es una opción, es una necesidad. La acción climática debe verse como una agenda de bienestar: energías limpias, eficiencia, movilidad eléctrica, edificios inteligentes. Todo esto mejora la vida de las personas. En América Latina, además, el sector agropecuario es responsable de cerca del 60 % de las emisiones, por lo que es urgente avanzar hacia una agricultura regenerativa que permita producir sin degradar los suelos. La acción climática, en definitiva, es acción para la vida.

–Cuando se habla de transición energética, las comunidades han sumado el concepto de “justa”. ¿Cómo garantizar que las comunidades vulnerables no queden rezagadas en este proceso?

–La transición justa está recogida en el propio Acuerdo de París. Significa que no podemos transformar el modelo energético sin considerar que aún existen altos niveles de pobreza energética en la región —más del 20 % de la población carece de acceso adecuado a la energía—. Por eso, primero hay que garantizar el acceso y luego promover que ese acceso sea limpio. En CAF trabajamos con gobiernos locales y comunidades para detectar necesidades, y en cada proyecto procuramos integrar mecanismos de participación ciudadana y consulta. También impulsamos acciones de alto impacto a escala local, como proyectos de biodiversidad urbana, economía circular o restauración de ecosistemas, que involucran directamente a las comunidades. La inclusión social, el enfoque de género y la participación indígena hoy están mucho más presentes en las negociaciones internacionales, algo que celebramos y promovemos.

–CAF anunció recientemente una inversión de US$ 2.500 millones en economía azul. ¿Qué proyectos se están priorizando en este ámbito?

–Nos consideramos el banco verde y azul de la región. En nuestra estrategia presentada en la Cumbre del Océano de Niza, duplicamos el compromiso anterior de US$ 1.500 millones. Entendemos la economía azul como economía oceánica, centrada en tres ejes: Conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros (manglares, humedales, arrecifes de coral, control del sargazo). Infraestructura sostenible, con proyectos de puertos verdes y transporte marítimo limpio. Innovación y biodiversidad, fomentando clústeres tecnológicos y soluciones basadas en la naturaleza.

También impulsamos sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos climáticos, especialmente en el Caribe y Sudamérica, en el marco del Consenso de Brasilia, una red regional para fortalecer la colaboración frente a desastres.

–La COP30 se celebrará por primera vez en Brasil, en la Amazonía. ¿Qué significa esto para CAF y para la región?

–Es un momento clave. Esta COP representa la voz de América Latina y el Caribe. El hecho de que se realice en la Amazonía es profundamente simbólico: ese ecosistema es el gran regulador del clima continental. Desde CAF trabajaremos junto a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para destacar el vínculo entre biodiversidad y clima. “Clima es vida, y la vida es la Amazonía”, ese será nuestro mensaje. Además, estamos apoyando la participación de negociadores de toda la región, para que puedan asistir y representar sus posiciones pese a las dificultades logísticas. Queremos que la voz latinoamericana se escuche con fuerza en temas como adaptación, financiamiento y cumplimiento de las metas del Acuerdo de París.

El desafío es grande, pero también lo es la convicción: América Latina debe consolidarse como la región de las soluciones.