Fin al CAE: la semana en que el Gobierno se abrió a modificar el proyecto emblemático de Boric

El proyecto que pone fin al CAE enfrenta días decisivos en el Senado. En medio de un intenso debate sobre la viabilidad financiera del instrumento que crea un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior (FES) y propone un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, inició su segundo trámite legislativo en el Senado. 

Se trata de una de las iniciativas emblemáticas para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, por lo que, a menos de cinco meses de que concluya su mandato, los esfuerzos del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, están puestos en lograr que se apruebe la idea de legislar.

En ese marco, este miércoles se desarrolló el seminario organizado por la Comisión de Educación del Senado, el que buscó recoger las impresiones de diversos actores respecto a los elementos que componen la ley de financiamiento a la educación superior. 

La instancia, que duró cinco horas, contó con las exposiciones de rectores de universidades, expertos internacionales y exministros de Educación. Se trató de la primera vez en que el ministro Cataldo reconoció que, si el Ejecutivo quiere que la propuesta vea la luz, deberá abrirse a aceptar observaciones. “No hay ningún sentido de realidad detrás de la idea de que el FES no sufra cambios. No estamos enamorados del diseño original”, dijo. 

El diagnóstico transversal del encuentro fue que el instrumento del CAE está obsoleto, por lo que es pertinente generar un nuevo modelo. Sin embargo, si bien se reconoce que es una iniciativa necesaria, la principal conclusión es que “requiere perfeccionamientos urgentes”.

Las modificaciones sugeridas apuntan a eliminar el denominado “impuesto a los graduados”; generar un sistema de pago considerando los ingresos del egresado; evaluar el límite de pago que se establece (3,5 veces el valor de la carrera); revisar la afectación a la autonomía financiera de las universidades, considerando que se fijan aranceles; y reevaluar el impacto fiscal, porque “el ahorro fiscal no respondería al nuevo modelo sino más bien a la disminución de becas y gratuidad”.

El senador Felipe Kast aseguró que “es evidente que hay un problema, que es un impuesto a los graduados, porque habrá gente que pagará más de lo que le costó su carrera. Un crédito contingente al ingreso tiene sentido. Hay que tener cuidado en que esto se transforme en una reforma tributaria y no haya elementos que atenten contra la autonomía de las universidades”.

“No estamos enamorados de nuestro proyecto”

El jefe de la cartera de Educación valoró las conclusiones del seminario, donde –a su juicio– hubo un contraste mayor de lo que se ve en la discusión pública, porque se ha hegemonizado la opinión de crítica. 

“Este proyecto tiene cosas buenas y hay cosas que tiene que mejorar. (…) Nosotros tampoco estamos enamorados de nuestros proyecto, creemos que es perfectible”, afirmó. 

Asimismo, Cataldo reiteró la idea de que “el CAE como lo conocemos no da para más, y eso es unánime prácticamente”. En esa línea, reiteró la necesidad de avanzar en la idea de legislar considerando todos los ajustes. 

“Tampoco se trata de avanzar en la idea de legislar con una firma de hoja en blanco, sino que comprometiendo aquellos ajustes”, puntualizó. 

Esto en respuesta a los cuestionamientos y advertencias desde las mismas casas de estudio, cuyos rectores han sido partícipes del debate legislativo y los principales precursores de modificar aspectos sustanciales del proyecto. 

Así lo señalaron, por ejemplo, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, quienes –en una columna en el diario El Mercurio– indicaron este jueves que “el debate en torno al FES arriesga el peligro de llenarse de equívocos que, en vez de orientar a la opinión pública, la desconciertan”. 

Las autoridades advirtieron que el proyecto no trata “del financiamiento integral del quehacer universitario, sino solo del financiamiento estudiantil, lo que “es apenas una parte de la economía del sistema”. En esa línea, mencionan que el proyecto FES desatiende el financiamiento a la investigación, que en el actual sistema se encuentra parcialmente subsidiado por la matrícula estudiantil, por lo que “al disminuir los aranceles además empobrece un financiamiento que ya para la mayoría de las instituciones es magro”. 

Además, reparan en que un problema de máxima relevancia es la autonomía de las instituciones. “El Estado siempre tenderá a concebirlas como instrumentos de política pública cuyos planes y objetivos debieran orientarse por los objetivos estatales. Un sistema de financiamiento que hace depender a las instituciones en su casi totalidad del Estado, acentuará esa característica”, señalaron.

Por lo mismo, el ministro Nicolás Cataldo se manifestó dispuesto a que el resguardo de la autonomía de las instituciones esté en el centro de la formulación de las indicaciones. “Es más, nosotros estamos disponibles para dejarlo escrito en la ley, porque si queremos defender la autonomía hagámoslo en serio”, enfatizó. 

Respecto al avance del proyecto –que se encuentra en segundo trámite–, Cataldo afirmó que el objetivo es que pueda ser promulgado antes de que termine el Gobierno. “Quedó muy clara la necesidad de que esto ocurra pronto. (…)  Los cinco miembros de la Comisión de Educación manifestaron la necesidad de avanzar”, afirmó. 

Contraloría se pronuncia

Mientras tanto, continúa la polémica entre el oficialismo y la Contraloría General de la República, tras el dictamen emitido por el organismo que cuestionó la forma en que el Ejecutivo contabiliza los recursos asociados al nuevo Fondo de Educación Superior (FES).

Según el informe, los fondos entregados “no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido”, lo que implicaría que deben registrarse como gasto público, afectando el balance estructural y la deuda fiscal.

Por su parte, la Dirección de Presupuestos (Dipres) presentó una solicitud de reconsideración. En el documento, el organismo sostiene que el diseño del FES cumple con las definiciones del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2014, y que “el instrumento puede ser considerado un activo financiero debido a que se cumplen dos condiciones necesarias”.

La discusión escaló al Congreso, luego de que el diputado Gonzalo Winter (FA) criticara el pronunciamiento de la Contraloría. 

En conversación con Radio Universo, el parlamentario indicó que “el FES es un asunto profundamente político, se pueden tener opiniones de derecha, de izquierda, liberales, conservadoras, etc., pero no es la Contraloría la llamada a decirnos cuáles son las posiciones políticas correctas”.

En respuesta, el diputado RN e integrante de la Comisión de Educación, Hugo Rey, calificó las declaraciones de Winter como “impropias”. “La Contraloría cumple un rol técnico, no político, y sus informes confirman lo que muchos advertimos, el FES no es un activo, es un gasto fiscal. Descalificar al órgano que vela por la legalidad y el buen uso de los recursos públicos demuestra una falta de respeto institucional y una peligrosa tendencia a desconocer los límites del poder. En vez de atacar a la Contraloría, el Gobierno debería hacerse cargo de la advertencia y corregir su error”, dijo.