Luego de la sentencia sobre la Termoeléctrica Castilla y el duro pronunciamiento del Pleno de la Corte Suprema por las declaraciones de la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, criticando el fallo, los temas de su gestión ministerial han quedado doblemente expuestos al escrutinio público.
Tanto por la importancia sectorial del tema, como porque la institucionalidad del sector ha experimentado cambios inexplicables, y que sus detractores insisten en atribuir a un rol desmantelador de su gestión. El ejemplo más claro, señalan, es lo que ha ocurrido en los últimos tres meses en la Superintendencia de Medio Ambiente.
Este organismo, muy importante para el control de las normas ambientales, fue creado por la Ley 20.417, que también crea el Ministerio del Medioambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Como Superintendente se nombró a Jaime Lira, quien fue confirmado por Alta Dirección Pública en marzo de 2011. Al igual que Lira, todo el resto de los cargos importantes, fueron también nombrados por ADP.
Pues bien, en el mes de junio de este año, el superintendente Lira fue despedido de su cargo por la ministra, sin mayores explicaciones, nombrando en su reemplazo como suplente al geógrafo Juan Carlos Monckeberg, quien hasta ese momento se desempeñaba como Jefe de Evaluación Ambiental en el Servicio de Evaluación Ambiental del ministerio.
Apenas nombrado, el superintendente suplente despidió a la Jefa de la División de Cumplimiento y Sanción, abogada Cecilia Urbina, quien alcanzó a cumplir 10 meses efectivos en el cargo.
Inmediatamente en julio, despidió al Jefe de la División de Fiscalización, Ingeniero Ricardo Fuentes, quien alcanzó a estar en el cargo 14 meses. A mediados de agosto, despidió a la Fiscal, abogada Marie Claude Plumer, quien ocupó su cargo, el segundo en importancia durante un año y jugó un rol central en la preparación institucional y jurídica para la puesta en marcha de la Superintendencia.
Todo esto, hecho sin explicaciones públicas de ninguna especie, pese a que se trata de cuatro funcionarios designados por Alta Dirección Pública, y que en la práctica implica un desmantelamiento del personal directivo, a menos de 100 días de entrar en régimen legal de funcionamiento. En efecto, en el mes de diciembre de este año, cuando se constituya el Tribunal Ambiental de Santiago, uno de los tres creados por la Ley 20.417, la Superintendencia deberá empezar a funcionar como el organismo público de fiscalización y control en materia ambiental y contraparte del fisco frente a los Tribunales Ambientales. Hasta ahora nadie ha explicado, menos la ministra, por qué tan importante organismo no cuenta con ningún profesional titular en ninguno de los cuatro cargos más importantes. Cosas del gobierno de los mejores, dicen los críticos.
