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El cambio de foco del ministro Isamit

El cambio de foco del ministro Isamit

Con la llegada del verano el conflicto por los accesos a las playas se vuelve a tomar los noticiarios y es el momento perfecto para que el ministro de Bienes Nacionales alcance protagonismo. En el Gobierno esperaban que Julio Isamit siguiera los pasos marcados por su antecesor en la cartera, Felipe Ward, pero el exdirigente estudiantil optó por cambiar el enfoque y dejó a un lado la mano dura que se había tenido antes en este tema.


El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, había estado alejado de la primera línea del Gobierno. El exdirigente «pingüino» –que tuvo un duro arribo al gabinete luego que salieran a la luz algunos de sus tuits homofóbicos y líos por deudas impagas– había sido relegado al silencio por orden del segundo piso de La Moneda, para así cerrar flancos de críticas.

Una orden que –según sus cercanos– “le costó” cumplir, tanto así que a principios de diciembre salió a decir que el tiempo de las marchas se había acabado.

Pero con el verano y la temporada estival, al ministro de Bienes Nacionales le llegó su hora de volver a la palestra pública, por los permanentes conflictos con los accesos públicos a las playas.

El guión gubernamental ya estaba escrito, su antecesor, Felipe Ward, y la exsubsecretaria Alejandra Bravo, levantaron una cruzada el verano del 2019 por el acceso público a las playas, luego del episodio del empresario que sacó de forma prepotente y agresiva a tres mujeres de la orilla del Lago Ranco, debido a que señalaba que ese era su jardín.

El 14 de febrero de 2019 se aprobó la ley que sanciona el bloqueo al acceso de las playas, con multas que van desde los $490 mil a los $4,9 millones. El fin de semana se dieron a conocer las cifras de denuncias en enero de 2020 y fue en ese contexto que el ministro Samit salió a responder las dudas de la prensa, declaraciones que no pasaron inadvertidas y llamaron la atención en el Gobierno, debido al cambio de tono en esta materia.

En una entrevista a Chilevisión, Isamit se refirió a una denuncia por el cobro de estacionamiento. En Coquimbo, Playa Blanca, cobraban hasta $20 mil por estacionar y el acceso público estaba definido solo a pie. El ministro consignó que se debe “recordar a la ciudadanía que en Chile no hay playas privadas, todas las playas son públicas, los accesos son gratuitos, sin embargo, puede haber un cobro por estacionamiento”.

Agregó que el Ministerio de Bienes Nacionales no fija el valor de los estacionamientos, ya que “es una actividad privada y cada privado fija sus precios, sin embargo, todos nos damos cuenta que un cobro de $20 mil se escapa de cualquier presupuesto”.

La solución ofrecida por el ministro Isamit fue la agilización de las conversaciones entre las Intendencias y Seremías para establecer convenios con las municipalidades en pos de crear otros estacionamientos.

La respuesta del secretario de Estado, que se repitió en otras notas en la prensa, llamó la atención en algunos sectores del oficialismo, en los que se esperaba que siguiera la línea marcada previamente por Ward, que siempre fue mucho “más duro con los cobros injustificados”.

Quienes conocen al ministro Isamit, explicaron que él busca “brillar con luces propias” y no estar bajo la sombra de lo hecho por su antecesor, que por eso efectivamente la campaña cambió de foco y se endureció, que ha visitado dos regiones por semana, que «no hay una doble lectura» y que se cambió el eslogan a «La playa es de tod@s». Agregaron que se incrementaron los fiscalizadores y se contrataron drones para las revisiones de los accesos, además, de la nueva aplicación «Playa App», que recoge las denuncias y permite el seguimiento de estas.

Respecto al cobro de los estacionamientos, precisaron que es una materia que depende de la Subsecretaría de Defensa y que Bienes Nacionales no tiene atribuciones, pero que se están realizando los esfuerzos para firmar convenios con las intendencias y puedan llegar a acuerdo con las municipalidades y privados, para tener accesos más convenientes. Además, estarían haciendo catastro de inmuebles fiscales para ponerlos a disposición de los municipios.

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