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Colombia compra cazas Gripen: ¿se rearma América Latina?
¿Qué revelan las inversiones en defensa sobre los planes geoestratégicos de los Gobiernos latinoamericanos, sus relaciones con el resto de la región, Europa y EE. UU., y sobre su política doméstica?
La compra de cazas JAS 39 Gripen a la firma sueca Saab por más de 4.300 millones de dólares ha generado revuelo político y mediático en Colombia, incluidas acusaciones de corrupción. También Perú ha anunciado que comprará estos cazas. Argentina compró F-16 estadounidenses a Dinamarca en 2024 y tramita la compra de submarinos Scorpène a Francia. Mucho antes, fue Brasil el primer país latinoamericano en adquirir Gripen E/F. ¿Se puede hablar de una carrera armamentista en América Latina?
Un ciclo postergado de modernización, con tres enfoques
Los recientes incrementos de gasto en defensa en Suramérica “no responden a una carrera armamentista, sino a un ciclo postergado de modernización y actualización de capacidades de las fuerzas militares de la región”, explica a DW el politólogo Vladimir Rodríguez, exdirector de tecnología en el Ministerio de Defensa y exgerente en la Industria Militar de Colombia (Indumil).
Esa prioridad “está en los documentos del empalme del Gobierno de Petro”, confirma a DW el profesor Alejo Vargas, experto en seguridad y defensa de la Universidad Nacional de Colombia, e invitado en su momento al equipo de transición del actual Gobierno.
“Es una decisión de Estado importante”, pues la capacidad aérea de Colombia se surtió con los Mirage franceses en los años 70 y con los Kfir israelíes en los 80, que “ya no dan más”, precisa Andrés Dávila, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.
Vladimir Rodríguez distingue tres enfoques en estos ciclos de modernización militar en la región: países como Brasil que, con claras políticas de Estado, buscan la soberanía de su industria militar (aquí ubica también a Venezuela, con otra perspectiva y otros aliados); países como Argentina, que dependen de los aliados geoestratégicos del Gobierno de turno; y otros como Colombia o Perú, que siguen la lógica del negocio de la industria militar global y usan políticamente el deber del Estado de mantener capacidades mínimas de defensa.
¿Por qué Gripen suecos?
“Todavía un Estado nacional con pretensiones de soberanía y protección de su territorio, debe tener alguna flotilla de aviones de combate”, sostiene Dávila. El exdirector de Justicia y Seguridad en el Departamento Nacional de Planeación de 2001 a 2007, recuerda también, de esa época, la compra de aviones Super Tucano brasileños, que reforzarían a la Fuerza Aérea frente a los grupos del conflicto armado interno colombiano.
Interesante, en el caso colombiano, es que siempre la Fuerza Aérea ha recurrido a proveedores no norteamericanos, observa Dávila. En este caso, se decidió entre los Rafale franceses y los Gripen suecos. Es una decisión de la Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, con el aval de instancias civiles como el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, “con equipos técnicos que han hecho parte de esas compras desde hace décadas”, acota el politólogo y exfuncionario público.
“Somos un país muy satélite de EE. UU. vía Plan Colombia, sobre todo en las últimas dos décadas y media, pero a la vez conservamos la autonomía para comprarle a los brasileños y ahora a los suecos, y antes a los israelíes y a los franceses. Con la anuencia de EE. UU., pero sin que EE. UU. nos pueda imponer las compras”, dice.
No obstante, en esos aviones suecos, “el motor es estadounidense, y varias de las capacidades conexas se montan sobre software de desarrollo israelita”, precisa el analista Vladimir Rodríguez. Aunque el presidente Gustavo Petro hable de romper relaciones con estos Estados, el Ministerio de Defensa colombiano mantiene muchas capacidades (incluidas rampas de despegue) articuladas con EE. UU. e Israel, pues “una cosa es lo que sucede en términos técnicos y otra cómo se narra políticamente para obtener ciertos objetivos”, aclara.
Con la excepción de Venezuela, “la institución militar en Suramérica ha logrado un nivel de profesionalismo bastante fuerte. No importa cuál sea el Gobierno, lo que pesa es la solidaridad de cuerpos”, explica el profesor Vargas.
Soberanía, disuasión, guerra clásica, guerra híbrida y seguridad interna
“La compra es necesaria, salvo que cambiemos totalmente nuestra estrategia de defensa y seguridad”, que es aún muy del siglo XX, reconoce Dávila. Por separado, Rodríguez discrepa: “No tenemos inminencia de guerras o conflictos entre Estados y naciones. Y tampoco una inminente invasión militar, más allá de lo que pueda suceder en el Caribe con Venezuela”, ante el inusitado despliegue de fuerza de EE. UU.
Si esto último sucediera, advierte Rodríguez, “ningún país latinoamericano tiene una capacidad de defensa seria, teniendo una flota de Gripen o una flota de F-16, frente a la capacidad del Comando Sur y las de la Junta Interamericana de Defensa y el Departamento de Estado en la región”. Pero Dávila agrega a esto “un dato de realidad”: si EE. UU. decidera realmente atacarles por aire o por mar, “va a generar un Vietnam porque los colombianos sabemos hacer guerra de guerrillas”.
Brasil aparece, en este panorama, como el caso modelo de la región. Hace años, sin importar si el Gobierno es de izquierda o derecha, tiene una política de Estado que exige la transferencia de capacidades y conocimiento: más que adquirir un aparato o capacidad, aprende a producirlas, porque “el aliado de hoy puede ser el enemigo de mañana”. Eso le ha permitido “crecer exponencialmente en capacidades de defensa y ofensivas en las últimas décadas”, indica Rodríguez.
Adicionalmente, Brasil y Venezuela son los únicos dos países de la región que desarrollan capacidades propias de ciberdefensa, porque han entendido “que las amenazas actuales a la soberanía son otras”, más allá de los dominios de la guerra del siglo XX (terrestre, naval, aéreo y aeroespacial), asegura el también máster en ciberdefensa y ciberseguridad.
Y presume que, si así no fuera, con la capacidad ofensiva que tiene Estados Unidos en el terreno cibernético, “hace mucho hubiera desconectado infraestructuras críticas en Venezuela y no ha pasado o no tenemos información pública al respecto”. Colombia, en cambio, “tiene muy buenas capacidades ciber, pero dependientes de Israel y de Estados Unidos principalmente, y algo de Europa”, compara.
¿Por qué gastar en defensa con tantas deudas sociales?
Para Rodríguez, además exconsejero de paz, víctimas y reconciliación en Colombia, las inversiones latinoamericanas en defensa y seguridad “no contradicen la inversión social”, sino que deben complementarla: fortaleciendo tanto los mecanismos de cooperación regional contra amenazas comunes (narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, de personas), como las capacidades de cada país para reducir amenazas de seguridad interna (conflictos armados internos, economías ilícitas, control de fronteras).
Así que la pregunta, según él, no es si en vez de comprar Gripen se construyen colegios u hospitales, sino si se desarrollan capacidades de seguridad interna y cooperación regional “para que los recursos de educación, salud y reducción de inequidades sociales puedan llegar a donde hoy los grupos armados irregulares y los intereses de las economías ilícitas no permiten que lleguen”.
“No necesitamos una flota de este tipo, no nos ayudan a reducir el control territorial que hoy tienen los carteles del narcotráfico en varias regiones”, insiste. Con el costo de una capacidad aérea de este tipo se pueden actualizar las capacidades de ciberinteligencia, ciberseguridad y ciberdefensa de Colombia o Perú para combatir “amenazas reales”, ilustra. Y cita una línea de ‘Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos’, una canción de la banda chilena de rock Los Prisioneros: “Las potencias son los protectores que prueban sus armas con nuestras guerrillas”. Pero donde dice “guerrillas”, el experto pone “Estados”.
