¡Partimos +Política con una noticia que no nos abandona! Se van a cumplir seis semanas desde que estalló el caso Democracia Viva y el ministro Giorgio Jackson sigue en La Moneda. Continúa siendo la noticia que acapara la agenda y deja poco espacio para el resto.
La crisis por el caso Fundaciones tiene nuevos rostros. Se trata del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien esta semana confirmó su preocupación por evitar que este caso manche sus ocho años en el puesto, que terminan en diciembre.
También en esta edición de +Política: olor a humo blanco. Es que, conversando con Luis Silva, líder del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, me quedó la impresión de que los republicanos querían empezar pronto una etapa de negociaciones con el oficialismo, para mostrarse dispuestos al diálogo y los acuerdos.
El bonus track de la edición de esta semana es una charla con el ministro de Justicia, Luis Cordero, donde habla de la promulgación de la Ley de Delitos Económicos.
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En el Gobierno estimaron “poco serio” que el contralor dijera el martes, ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que hace tiempo había advertido al Ejecutivo y al Congreso que podía ocurrir la situación de las transferencias y que el problema era la falta de regulación y atribuciones.
Lo preocupante es que el contralor estaría dando señales equívocas, “palos de ciego” –dicen algunos–, confundiendo y enrareciendo el ambiente político.
También llamó la atención que anunciara recientemente, como medida, realizar auditorías en el Minvu, cuando estos procesos de auditoría son largos y exceden su período como contralor. Es decir, no puede garantizar resultados.
El cuestionamiento al contralor es importante, porque enrarece también el nombramiento de su sucesor. Bermúdez quiere que lo suceda en el cargo alguien de su equipo, para que cuide su legado y omita posibles errores de su gestión.
Los desencuentros de La Moneda con Bermúdez podrían terminar manchando su gestión de ocho años a la cabeza de la Contraloría General de la República.Lo paradójico es que llegó a la Contraloría, el 2015, criticando a su antecesor (Ramiro Mendoza) por no haber identificado el fraude en Carabineros.
Pero lo que podría complicaar aún más la salida de Bermúdez es una reforma impulsada por parlamentarios que circula en el Congreso, para “Modificar la Carta Fundamental en cuanto al nombramiento del Contralor General de la República” (15867-07) y donde se señala que “en ningún caso se permitirá la vacancia del cargo de Contralor General de la República”. Esta reforma parece escrita con el único objetivo de impedir que la subcontralora lo subrogue en caso de vacancia del cargo. ¿Por qué tanta preocupación?
Luego de un polémico cierre de inscripciones de las listas el pasado viernes, finalmente desde el Partido por la Democracia (PPD) salió humo blanco y tiene presidente para los próximos dos años. El senador Jaime Quintana será el nuevo timonel, luego del mazazo que significó no conseguir ningún consejero en la elección del Consejo Constitucional del pasado 7 de mayo.
Girardi lo intentó hasta el final. Hasta el miércoles de esta semana, Piergentili y Guido Girardi tuvieron esperanzas de seguir a la cabeza del partido, pero el duro golpe de su secretario general, José Toro, sepultó dichas pretensiones. Luego del cierre de las listas el viernes de la semana pasada en la noche, Toro apareció abandonando a Piergentili y asumiendo la secretaría general en la lista rival del senador Quintana. Hubo intentos por rearmar la lista, pero el miércoles quedó claro que Girardi había perdido el control absoluto del partido. Quintana es considerado un dirigente autónomo del girardismo, que da garantías a todos los sectores.
La instalación de Quintana en la presidencia del PPD dejó heridos y heridas, y la principal fue la ministra del Interior, Carolina Tohá. Piergentili denunció que Tohá había intervenido en las elecciones. La siguió el diputado Raúl Soto (PPD), que suscribió la tesis de Piergentili y aprovechó, además, de pedirle al Presidente Gabriel Boric que sacara al ministro Jackson. “Soto no puede con sus ganas de aparecer”, cuenta un importante dirigente que recuerda que, hace solo semanas, el diputado quería presidir el PPD.
El Partido Republicano quiere negociar en el Consejo Constitucional. Conversé el martes con el rostro de los republicanos en el Consejo, Luis Silva, quien me contó que estaba preocupado, porque no había instancia para negociar. Un día después, el miércoles en la tarde, se creó la mesa de coordinación para justamente negociar las enmiendas presentadas por la derecha. Republicanos quiere aparecer dispuesto a negociar, con una cara más gentil en esta etapa.
El paquete de enmiendas republicanas generó críticas, porque parecía estar repitiendo lo que ocurrió en la Convención Constitucional, donde la mayoría de izquierda terminó con una propuesta que solo representaba a su sector. Los republicanos aparecieron haciendo lo mismo con sus enmiendas. El ex Presidente Ricardo Lagos las criticó el jueves y dijo que eran “identitarias” –término usado por la derecha en la anterior Convención Constitucional para criticar a la izquierda–.
Los republicanos quieren aparecer abriendo la puerta a las negociaciones, pero en el oficialismo no les creen y esperan ver acciones que confirmen que esa es su verdadera disposición.
Al oficialismo y Ricardo Lagos les gustaría que permaneciera intacto el anteproyecto de la Comisión Experta. La próxima semana comienzan las negociaciones y veremos si el Partido Republicano quiere conversar con el oficialismo. Es una incógnita el rol que tendrá Chile Vamos, que puede actuar como bisagra de republicanos o del oficialismo.
–El lunes se promulga la Ley de Delitos Económicos, ¿considera que será una herramienta efectiva para perseguir los delitos de “cuello y corbata”?
-La ley que el Presidente promulgará el día lunes está destinada a perfeccionar la normativa vigente para que quienes cometen delitos económicos sean sancionados de conformidad al daño que provocan y termine la sensación de impunidad que existe hasta ahora en este ámbito, un elemento esencial para la reconstrucción de las confianzas públicas.
La criminalidad económica suele producir efectos lesivos más complejos que la criminalidad común. Y eso es lo que buscamos superar con una legislación que amplía la responsabilidad penal para quienes cometen estos delitos.
Estamos convencidos, tanto el Ejecutivo como el Congreso –que impulsó y aprobó por una abrumadora mayoría estas normas– que se ha elaborado un cuerpo legislativo moderno y que será efectivo para la persecución penal de los delitos económicos. Esta es una ley antiabusos.
–¿Se equivocó la CPC al recurrir al TC por esta nueva ley?
-Distingamos entre el derecho de las personas a ocupar las herramientas legales para defender su posición, a los fundamentos para este propósito.
Hay una disonancia incomprensible entre el discurso del empresariado de condenar tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, con el intento de objetar que la legislación que precisamente enfrenta estos males sea aplicada íntegramente.
Por eso, señalé que la postura de la CPC, luego de cuatro años de un detenido debate legislativo, solo le traía daño reputacional.
–La CPC considera que ejecutivos y directores quedan desprotegidos ante posibles delitos de ejecutivos.
-En toda legislación sobre delitos hay personas que tienen mayores responsabilidades que otras y eso está íntimamente ligado con las posiciones que tienen al interior de las organizaciones. Es evidente que en los delitos económicos las personas que ejercen cargos directivos sí tienen mayor responsabilidad, especialmente si tienen participación activa en la comisión de estos delitos. Pero, además, esto es algo que siempre le corresponderá definir a los Tribunales.
– La semana pasada contamos de las labores de lobbista de la exfuncionaria del Gobierno de Sebastián Piñera, Francisca Florenzano. En la derecha me llamaron para contarme que también había exministros de la Nueva Mayoría dedicados a defensa de intereses de terceros y me mencionaron a la extitular del Trabajo, Claudia Serrano Madrid, que tuvo también otros importantes cargos, como subsecretaria de Desarrollo Regional y exembajadora de Chile ante la OCDE. Serrano es socióloga, máster en Políticas Públicas por la U. de Chile y doctora en Sociología por el École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.
Entre las declaraciones de lobby o gestión de intereses en que aparece están:
– Cambios en Educación tras acusación constitucional. El gabinete del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, está en días de cambio tras la fallida acusación constitucional de mediados de julio. Salieron el jefe de gabinete, Rodrigo Mora, y la jefa de asesores, Javiera Madrigal.
– El secreto de los 50 años. El evento del 11 de septiembre del 2023 es un secreto. El ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, no quiso comentarlo, me dijo que era “un tema reservado”. Lo seguro es que no será en el emblemático Estadio Nacional, porque está reservado para los Juegos Panamericanos.
– Presidente Boric marca posición en caso Fundaciones. La decisión de hablar de “corrupción” en los casos de transferencias a fundaciones se tomó el fin de semana pasado en el comité de crisis, en que participa –entre otros– el asesor Juan Carvajal, ex Secom.
– “No tiene costo pegarle al Gobierno”, me dijo un exministro del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. La decisión del diputado Raúl Soto de apoyar el proyecto de resolución para que echen al ministro Giorgio Jackson fue la demostración de lo debilitada que está la actual administración y lo difícil que es ordenar las filas. La lista de parlamentarios que atacan públicamente al Gobierno solo aumenta.
Este es el último mes de Cecilia Vicuña en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Santiago. Vicuña es una artista que para el golpe de Estado estaba becada en Inglaterra y después se quedó viviendo fuera de Chile, por lo que no participó de la Escena de Avanzada que reinó –con mano de hierro– en el arte contemporáneo nacional después del 1977. En mayo comenzó su exposición “La historia circular”, que se clausura el 3 de septiembre en el MNBA.
