Investigación
¿De joya turística a pantano estancado? Los problemas del lago Vichuquén
El lago Vichuquén se tiñó de verde por un florecimiento de microalgas. El problema se agravó tras un fallo judicial que anuló el protocolo municipal de apertura de la barra de Llico, lo que alteró el ecosistema y generó disputas entre autoridades, ambientalistas y vecinos.
Desde hace un par de meses que el lago Vichuquén ha comenzado a cambiar de color, pasando de su típico azul oscuro a una tonalidad verde viscosa. La razón: el bloom (florecimiento) de la nociva alga Microcystis aeruginosa, responsable de transformar la joya lacustre de la Región del Maule en casi un pantano de aguas estancadas y malolientes.
Si bien la mutación del lago responde a un fenómeno conocido como eutrofización –un proceso de acumulación excesiva de nutrientes como fósforo y nitrógeno que favorece el crecimiento descontrolado de algas–, lo cierto es que este episodio de proliferación de cianobacterias tiene enfrentados a los vecinos, después que la Corte Suprema acogiera un recurso de protección y ordenara dejar sin efecto el plan de control de la barra de arena, divisoria de aguas dulce y salada, en el sector de Llico –manejado por la Municipalidad de Vichuquén, a través de un protocolo de apertura y cierre–, alegando los recurrentes que el método usado hasta entonces generaba una intervención artificial, sin considerar impactos ambientales anexos.
El asunto es que la interrupción de la intervención humana de las aguas tiene en pie de guerra a distintos actores locales, entre ellos el municipio y los vecinos, por un lado, y un grupo de ambientalistas, por el otro, quienes se han enfrascado en una disputa que involucra también a distintas reparticiones de Gobierno, sin avizorarse hasta ahora una solución a corto plazo que permita mejorar el estado actual de las aguas.
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Protocolo y sentencia
Hasta antes de las prolongadas sequías que han afectado al país en las últimas décadas, el comportamiento de la cuenca hidrográfica en Vichuquén –compuesta por el lago, el estero, la laguna Torca y la playa de Llico–, dependía exclusivamente de las condiciones climatológicas. O sea, la lluvia hacía subir el nivel del agua del lago, la presión de esta abría la barra y así el lago se vaciaba en el mar. Esto sucedía al menos tres o cuatro veces al año.
Ante la inestabilidad de las lluvias, producto de la prolongada sequía, fueron los propios vecinos quienes comenzaron a abrir la barra divisoria de aguas para evitar inundaciones en el estero, situación que se regularizó en el año 2015, cuando la Dirección de Obras Portuarias estableció un protocolo de apertura y cierre, cuya ejecución recayó, desde entonces y por todos estos años, en la Municipalidad de Vichuquén.
“Así estuvimos varios años, alrededor de ocho, respetando el protocolo que se ratificó el año 2017, junto a un acuerdo voluntario de gestión de cuenca, donde participó toda la comunidad. Eso funcionó bien hasta el año 2023, cuando el tema se judicializó”, apunta Enrique Waugh, presidente de la Unión Comunal del Lago Vichuquén, apuntando a que unos pocos vecinos, reunidos en la Agrupación Medioambiental Aitué, interpusieron un recurso de protección patrocinado por la ONG FIMA, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca y luego ratificado por la Corte Suprema, en junio del año pasado, instancia judicial que decretó que el acuerdo previo no “estaba amparado en la legislación vigente” y dispuso dejar sin efecto el cierre de la desembocadura del estero Llico.
Así luce el lago en la actualidad.
Esta situación ha provocado que el ingreso masivo de agua salada al lago produzca un cambio químico en el fósforo, liberándose del lecho y sirviendo de alimento a las cianobacterias que conforman las microalgas, generando una “tormenta perfecta”, que provoca el bloom o florecimiento que hoy tiene a Vichuquén convertido en un verdadero pantano.
Desde la ONG FIMA aseguran que el manejo “ilegal” de la barra divisoria de aguas generaba también otros efectos, como malos olores y contaminación. “Hay una planta de tratamiento de aguas que es de la Municipalidad de Vichuquén y que ha sido objeto de procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente por incumplir con la normativa ambiental. El agua no circula correctamente y se han generado inundaciones de la población con material fecal”, aseguró la abogada Sofía Barrera a El Mostrador.
Por su parte, el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, respondió a esta denuncia en una carta pública, asegurando que la “planta de tratamiento de aguas servidas de Llico está operativa y sin sanciones”, es más –señaló– “en las inundaciones del año 2023, se evitó que las recurrentes se vieran afectadas, justamente por la gestión de esta autoridad municipal”.
Consultado sobre el fallo que sepultó el antiguo protocolo de gestión de las aguas, el alcalde Rivera aseguró a El Mostrador que su ausencia “dejó a la comuna sin herramientas para poder reaccionar ante cualquier situación que genere algún tipo de inconveniente”. “El problema acá es que los ambientalistas piden que esto se maneje de manera natural, cosa que se hacía hace 25 o 30 años, pero las condiciones han cambiado y esta medida trae consecuencias negativas”, explica Rivera.
El efecto de no tener un protocolo de gestión de la compuerta de aguas, agrega Enrique Waugh, ha tenido más efectos negativos que positivos, no solo desde el punto de vista medioambiental. “Esto afecta el agua, por supuesto, y a todo el ecosistema que funciona alrededor de ella, lo que incluye empleos, trabajo, el comercio y la pesca. Para todos es un golpe durísimo lo que ha sucedido”, agrega.
Problemas económicos
Para la mayoría de la población que vive alrededor del lago, la controversia judicial ha derivado en otro tipo de inconvenientes, principalmente económicos, pues –según datos proporcionados por el municipio– más del 85% de la población de la comuna trabaja en alguna actividad relacionada con el lago.
El alcalde de la comuna, Patricio Rivera, asegura que existe molestia en la población porque se trata de una localidad que “sobrevive casi exclusivamente de los trabajos relacionados con el turismo, que es casi la única fuente de ingresos que tienen”.
“Este tema afecta a la toda la comunidad, directa o indirectamente”, añade Miguel González, empresario náutico que tiene un negocio a orillas del lago. “Todos vivimos de esto, todos bailamos en torno a este recurso, de una u otra forma, y las actividades que se desarrollan están ligadas: la construcción, la actividad deportiva, las cabañas, no veo a nadie que no se vea afectado por este asunto”.
Para los pescadores artesanales de Llico, la apertura de la desembocadura (de la barra de arena, divisoria de aguas dulce y salada) producto del fallo judicial, ha perjudicado el embarque y desembarque de sus botes. “Nos afecta, porque no tenemos una salida directa para sacar nuestro producto. Tenemos que pedirle permiso a Conaf, que en este momento está a cargo de un administrador que nos da permiso, pero es un tema de buena voluntad, porque nadie nos ha autorizado”, apunta Willy Bravo, miembro de uno de los sindicatos de Llico.
Sobre las consecuencias sociales que conlleva el fallo, desde la ONG Fima aseguraron que es importante aclarar que ellos no buscan que “no exista vida o nada alrededor del lago”. “Lo que existe acá es una mala gobernanza alrededor de la cuenca del lago Vichuquén y la mala comprensión, por parte de algunos actores en particular, sobre el problema, porque la información existe y ha sido levantada por organizaciones que viven en el lago”, apunta Barrera.
La molestia es generalizada y, según la mayoría de los actores, la solución al problema es multisectorial. Desde hace al menos dos años, asegura el alcalde Patricio Rivera, que existe la promesa de generar una mesa de trabajo convocada por la Seremi del Medio Ambiente, Daniela de la Jara.
Consultada al respecto, la autoridad regional de Medio Ambiente aseguró que ellos han “sostenido conversaciones con los diversos servicios públicos, el municipio y actores relevantes del territorio, con el propósito de articular una respuesta integral. Fruto de ese trabajo, hemos logrado constituir una mesa que comenzará a sesionar el próximo jueves, y que buscará definir acciones concretas y sostenibles para abordar esta situación de manera responsable y efectiva”.
Pese a que la Seremi del Medio Ambiente no posee competencias directas para resolver el conflicto, señaló que “nuestro compromiso como ministerio es contribuir activamente a que esta articulación funcione, poniendo a disposición nuestras capacidades técnicas y de gestión ambiental. Vichuquén y sus habitantes merecen una solución a la altura de la riqueza natural y cultural de su territorio”, agregó De la Jara.
“Este es un problema multisectorial y, por lo mismo, la mesa que hemos convocado incluye a más de 10 servicios públicos, la municipalidad, una organización ambiental y, por supuesto, a las vecinas y vecinos de Vichuquén, quienes han vivido de cerca esta situación durante años. Confiamos en que, si existe voluntad real, compromiso activo y una visión compartida de futuro, vamos a poder avanzar hacia una solución efectiva y duradera”, aseguró la Seremi del Medio Ambiente.
