El fiscalizador fiscalizado: la paradoja del supervisor de los síndicos que se declaró en quiebra

El 11 de abril de 2022, Elías Gutiérrez Zenteno dictó un curso a alumnos de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral sobre la labor de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y las alternativas concretas que ofrecía la Ley 20.720 respecto al sobreendeudamiento. La clase magistral se llamó “Cómo enfrentar la insolvencia”.

Dos meses más tarde, Gutiérrez fue ascendido al cargo de jefe del Subdepartamento de Fiscalización de la Superir, el organismo encargado de vigilar el correcto desempeño de los síndicos, entre ellos del liquidador que tres años después se haría cargo de la quiebra de Gutiérrez, luego de ser declarado este en estado de insolvencia por el 24º Juzgado Civil de Santiago.

Lo curioso del asunto es que –“técnicamente”– el equipo de fiscalizadores, dirigidos por Gutiérrez Zenteno, es quien supervisa el comportamiento de los liquidadores –como se llama ahora a los antiguos síndicos de quiebras–, encargados de examinar que el proceso de liquidación de deudas sea justo y proporcional para todas las partes involucradas.

En cualquier caso, la situación del jefe de la unidad debe resolverse igual que cualquier otra declaración de quiebra. Primero, el liquidador debe tomar posesión de todos los bienes del deudor, luego investigar si este escondió bienes o los traspasó de manera irregular y, por último, vender aquellos bienes disponibles para poder pagar a los acreedores.

Hay en esta operación una responsabilidad importante del liquidador, pues se trata de la persona que debe garantizar si la venta de los bienes del implicado –en este caso de Gutiérrez Zenteno–, alcanzan para resarcir los compromisos de pago que este tenía antes de declararse en “bancarrota”. En caso de no reunir el monto total, el deudor queda libre de pagar el resto y los acreedores pierden la posibilidad de acceder a esa diferencia.

Denuncia e inhabilidad

La situación por la que atraviesa Elías Gutiérrez Zenteno ha generado especulaciones en “en el mundo de las quiebras” –dicen quienes conocen el caso–, debido a un eventual conflicto de interés, al punto de iniciarse una denuncia ante la Contraloría General de la República por parte de la inmobiliaria Jepsen Limitada, empresa que acusa una serie de irregularidades en su proceso de liquidación en manos del síndico Eduardo Godoy Hales, el mismo a cargo de la quiebra de Gutiérrez.

Eso no es todo, el representante legal de la empresa, Álvaro González, solicitó el 4 de junio pasado una investigación urgente al superintendente de la Superir, Hugo Sánchez Ramírez, denunciando que su empresa había realizaba “sendos reclamos” en contra de Eduardo Godoy, enterándose luego que este era también encargado de fiscalizar a Elías Gutiérrez, quien debía responder las quejas planteadas. “Raro, por decirlo menos”, explica el documento.

“Este silencio doloso, que observamos por parte del departamento de Fiscalización nos ha obligado a recurrir a usted –interpela González al superintendente en la misiva– para que realice las investigaciones pertinentes a efecto de determinar las irregularidades denunciadas, y también a informar a Contraloría y Fiscalía, con el objeto de determinar las responsabilidades denunciadas”.

Respecto a un eventual conflicto de interés entre el jefe del departamento y el liquidador a cargo de su quiebra, desde la Superir señalaron a El Mostrador que Elías Gutiérrez informó su inhabilidad, en enero de 2024, a través del “canal de abstenciones, inhabilidades y conflictos de intereses establecido por la Superintendencia en su Código de Ética”, quedando impedido de conocer los detalles del procedimiento revisado por el liquidador.

“Es preciso indicar que en la Superintendencia existe un control jerárquico permanente por parte de las jefaturas sobre las gestiones del personal, así como también sistemas de difusión y aplicación de procedimientos orientados al tratamiento de los conflictos de interés y, a concientizar y fortalecer el actuar probo de los funcionarios”, señalaron desde el organismo.

Respecto a Elías Gutiérrez Zenteno, sin embargo, pesan también otras inquietudes. La causa que lleva el proceso de su liquidación concursal aparece en el portal del Poder Judicial en calidad de reservada, una instancia poco frecuente en causas civiles, a excepción de la protección de la intimidad de la persona o poner en peligro la seguridad del país.

Sobre este último punto, la Superintendencia de Insolvencia aseguró a este medio que “el señor Gutiérrez hizo uso de este derecho, solicitando la anonimización directamente al Poder Judicial, sin tener esta Superintendencia ninguna injerencia en esa decisión”.

Exclusión de nómina

La particular historia de la quiebra del jefe de fiscalización tiene en el otro extremo de la moneda al liquidador Eduardo Godoy Hales, profesor de derecho procesal en la Universidad del Desarrollo y de Los Andes. “Su nombre es reconocido en el ambiente, debido a que es uno de los liquidadores con más casos, lo que haría casi impracticable que no tenga vínculo real con Gutiérrez”, dice un exfuncionario del organismo.

Godoy, además, fue excluido de la nómina nacional de síndicos, el 29 de enero de 2016, debido a su actuación en la quiebra de la Fundación Hospital San José de Puerto Varas. El decreto señala que en el procedimiento se “detectó un contrato celebrado por la sociedad asesoría e inversiones Gofu Limitada, en la que él (Godoy) tiene participación societaria, y cuya representante legal era, a la fecha de la suscripción del contrato, la cónyuge del referido síndico”.

La decisión fue finalmente apelada por Godoy, alegando arbitrariedad del acto administrativo debido a que la Superintendencia ordenó remitir los antecedentes al Ministerio de Justicia, siendo que debió hacerlo al Ministerio de Economía, debido a la entrada en vigencia de la Ley de Insolvencia N° 20.720. La Corte de Apelaciones y luego la Suprema resolvieron que el acto estaba ejecutoriado y que la situación de Godoy debía mantenerse tal como estaba.

Pese al portazo judicial, Godoy aprovechó el “limbo” en el que se encontraba la institucionalidad, debido al cambio de ley, y, en ese nuevo escenario, se transformó en liquidador. La Unidad de Investigación de El Mostrador intentó aclarar con la Superintendencia de Insolvencia por qué un síndico eliminado de la nómina termina convertido en liquidador, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

Precisamente en este último rol, Godoy ha sido denunciado recientemente por Álvaro González, el representante legal de la Inmobiliaria Jepsen Limitada, quien asegura que el liquidador se ha negado a rendir cuenta de la continuidad de giro, sin reflejar ingresos y egresos mensuales en el proceso de quiebra.

“Según se nos ha informado, parte importante de esos ingresos se destinaron a la contratación de personas de su confianza, quienes perciben remuneraciones millonarias que jamás se han transparentado”, dice la denuncia a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, asegurando que antes de la quiebra los ingresos eran de $ 70 millones mensuales.

La acusación agrega que siendo el encargado de administrar el inmueble –un centro comercial ubicado en Maipú–, Godoy dejó de pagar los servicios básicos, los que derivaron en el corte del suministro eléctrico en julio de este año. Esto ha causado, según González, un grave perjuicio “a los arrendatarios”, cuyos locales comerciales perdieron todos sus alimentos debido a la pérdida de la cadena de frío.

Estas irregularidades se sumarían a la no publicación de las actas de las junta de acreedores en el boletín comercial y los respectivos registros audiovisuales de las reuniones, situación que habría sido informada a la Superintendencia el 17 de diciembre de 2023, “sin tener respuesta hasta esta fecha”, apunta la denuncia.

“Observamos cómo el liquidador hace caso omiso a las instrucciones de esta Superintendencia, como asimismo del tribunal a cargo de la liquidación, actuando impunemente, lo que es ciertamente inexplicable, salvo la existencia de ayuda al interior de esta Superintendencia”, concluye la acusación.

El Mostrador intentó comunicarse con Eduardo Godoy Hales, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.