PDI desbarata estructura criminal china que dominaba departamentos en Meiggs

Un total de 11 personas detenidas, 10 de ellas chinas y una venezolana, dejó un operativo realizado por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones en un edificio ubicado en pleno barrio Meiggs, donde se desarticuló una banda sobre la cual se investiga si está relacionada con la organización criminal transnacional china Bang de Fujian, y que ejercía el control territorial de un edificio del sector, así como de sus inmediaciones.

Se trata, por ende, de un sistema de control territorial semejante al que se ha detectado que utilizan otras bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, Los Trinitarios o Los Pulpos, pero que no se había constatado de parte de ciudadanos de origen chino ni tampoco en ese sector.

De hecho, la investigación comenzó de un modo muy semejante al que habitualmente se produce respecto de todos los grupos anteriores: por disparos injustificados. A diferencia de lo habitual en los sectores poblacionales, donde por lo general se utilizan armas de puño o escopetas, en este caso los disparos se realizaron con una subametralladora y desde uno de los departamentos del edificio ubicado en Toesca con Bascuñán Guerrero, en el cual el grupo ocupaba un total de siete departamentos.

Según explicó el jefe de la Prefectura contra el Crimen Organizado Centro, el prefecto de la PDI José Contreras, luego de la primera denuncia sobre los disparos se comenzó a indagar y “se establece, finalmente, que correspondía a un ciudadano de nacionalidad china, que realizaba disparos desde el interior de un departamento hacia el exterior. Se hizo la recolección de información, se reconstruyó la dinámica de los hechos”. 

Luego de ello, se determinó que el individuo formaba parte de un grupo que operaba en siete departamentos del edificio, donde se ofrecía el servicio de KTV (Karaoke Televisión), muy popular en China, que son básicamente espacios en los cuales los clientes arriendan piezas privadas para cantar, ver televisión o beber, sin embargo, como explicó el oficial, estos operaban de manera clandestina y no solo eso: en ellos “se hacían reuniones clandestinas entre sujetos que comercializaban drogas y también armas”, precisó Contreras. 

Los detenidos

Gracias a ello se estableció la identidad del sospechoso de los disparos y, en conjunto con el fiscal Alfredo Cerri, de la Fiscalía Centro, se pidieron siete órdenes de entrada y registro, tomándose detenidas a 11 personas, incluyendo a una mujer de nacionalidad venezolana.

En cuanto a lo hallado en los inmuebles, el prefecto dijo que “se incautó drogas en pequeñas cantidades, clorhidrato de cocaína, metanfetamina, marihuana o Cannabis sativa, dosificadores, elementos para dosificar; pesas para pesar en pequeñas cantidades, que comúnmente se les llaman pesas grameras; elementos de comunicaciones, dinero en efectivo, alrededor de 1 millón de pesos en dinero en efectivo de moneda nacional, y un porcentaje importante de dinero también de denominación de origen asiático, que portaban estos sujetos”. 

En cuanto a armas, fueron incautadas una subametralladora, una pistola, un revólver y otras armas de fuego que eran utilizadas para intimidar a los vecinos. 

“El modus operandi de esta estructura criminal tiene que ver con ejercer la violencia para el control territorial de ese sector, basado en la venta de drogas y estupefacientes, mayoritariamente drogas de síntesis, y también la adquisición de armas de fuego”, agregó el vocero policial, quien comentó que una dificultad en estos casos es la barrera idiomática, frente a lo cual destacó que “la Policía de Investigaciones de Chile tiene oficiales policiales profesionales preparados y entrenados para el uso del lenguaje (chino), y eso facilita el trabajo y la comprensión también fenomenológica de cómo se comportan estos sujetos”. 

Indicó también que a ello hay que sumar que “es muy difícil poder penetrar esos espacios a través de operaciones encubiertas, porque generalmente solamente son ciudadanos de esa nacionalidad los que pueden ingresar. Y eso es una dificultad dentro de lo que está ocurriendo. Ahora, lo que hay que relevar es que la operación se da en el marco de la intervención del barrio Meiggs, pero que es una investigación que se llevaba en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte por delitos con base en criminalidad organizada”.

Cabe indicar que, además de las armas de fuego, la PDI encontró en poder del grupo una granada de gas lacrimógeno, municiones de diversos calibres, un gran cantidad de teléfonos celulares y metanfetaminas.

Junto con ello, se sospecha que los espacios ofrecidos como KTV también eran operados como prostíbulos encubiertos, como ha ocurrido ya previamente en Recoleta e Independencia, en locales del mismo estilo que eran operados por la mafia china Bang de Fujian.

Otro detalle no menor es que el sujeto que operaba la subametralladora, quien fue identificado como Haifeng Tang, tenía una orden de aprehensión pendiente en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en una causa en la cual se investiga un homicidio, por lo cual, después que todos fueran formalizados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la jueza Carolina Gajardo ordenó poner los antecedentes en conocimiento del primer tribunal.

Expulsados por convivencia

Según explicó el Ministerio Público, de los 11 imputados se dictó la prisión preventiva en contra de siete de ellos. Cinco de ellos recibieron dicha medida cautelar por considerárseles un peligro para la sociedad y otros dos por peligro de fuga, pero la Fiscalía apeló de ello.

Otros cuatro imputados, formalizados por tráfico en pequeñas cantidades y uno de ellos por porte de municiones, quedaron con firma quincenal y arraigo nacional, pero además se les obligó –como dice el acta de la audiencia de formalización– al “abandono y prohibición de concurrir al edificio ubicado en calle Toesca N° 2802, comuna de Santiago”.

El documento judicial además mandata que “deberán retirar sus enseres personales en sus respectivos departamentos en compañía de funcionarios policiales de la 2° Comisaría de Carabineros de Chile, otorgando un plazo de 10 días para dichos efectos”.  

Asimismo, se ordenó informar de todo ello a la PDI, a Carabineros y a la conserjería del edificio. Los expulsados tienen un plazo de cinco días para informar de un nuevo domicilio y asimismo se les ordenó pagar una caución de 2 millones de pesos, a cada uno, la que perderán en caso de incumplir alguna de las medidas.

Finalmente, en la misma audiencia, se autorizó al Ministerio Público a extraer toda la información que se encuentre en los 14 teléfonos celulares que fueron incautados en el operativo.

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