La Frontera norte de Chile: una puerta abierta que parece imposible de cerrar

El caso del sicario Alberto Mejía estaba en su peak hacia fines de julio pasado cuando el Director General de la PDI, Eduardo Cerna, fue citado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a fin de explicar qué se estaba haciendo para encontrarlo (cabe recordar que fue detenido hace pocos días en Colombia, gracias al trabajo de Interpol, la PDI y Carabineros).

Uno de los aspectos ineludibles de la conversación fue cómo Mejía pudo escapar con tanta facilidad del país. A esas alturas la PDI ya había reconstruido por completo el trayecto del sicario y sabía que este llegó en un taxi a las inmediaciones del complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, que fue controlado por personal militar y que, pese a eso, siguió caminando hacia Perú, a escasos metros de la frontera y a vista y paciencia de todos quienes estaban allí.

Ante ello, Cerna reconoció que tenemos una frontera “muy permeable”, que hay debilidades, que “tenemos una frontera muy irregular, en condiciones bastante adversas” y que “lo que se ha dicho respecto al norte es una realidad, y tenemos que tomarla y abordarla con bastante fuerza”.

A estas alturas, a nadie le cabe duda ya respecto del gran problema que existe en la zona norte, y que se pensaba podría solucionarse de algún modo gracias al envío de militares a cooperar con Carabineros en el resguardo de los límites, lo que pareció quedar desmentido de algún modo, debido a los antecedentes relacionados con la fuga de Mejía.

Un problema legal

Varias fuentes consultadas por El Mostrador respecto de lo que ocurre en sectores de mucho tránsito, como Chacalluta o Colchane (que conecta Chile con Bolivia) coinciden en señalar que hay varios problemas de fondo. Uno de ellos, detalla una de esas fuentes, es que los soldados no poseen facultades legales para detener a alguien por querer salir del país pues eso, de hecho, no es un delito. Más aún, explica, en el caso de la fuga de Mejía “el soldado que lo controla lo hace en territorio nacional, por lo cual, si el sujeto no estaba cometiendo un delito o no contaba con una orden de aprehensión, no hay nada que pueda hacer legalmente, por mucho que sepa que el sujeto va saliendo del país en forma irregular”. 

A la inversa, cuando los migrantes entran caminando a Chile, a pocos metros de los complejos aduaneros, se produce un problema de características kafkianas: en Perú y en Bolivia solo aceptan la reconducción (es decir, la “devolución”) de sus connacionales. Si el migrante que es sorprendido entrenado a Chile es, por ejemplo, un venezolano que proviene desde Perú o Venezuela, no hay donde enviarlo, a tal punto que ni siquiera su país los acepta hoy, luego de que la dictadura de Nicolás Maduro decidiera romper relaciones diplomáticas con Chile.

Como lo complementa un policía de esa zona, si el migrante que entra no tiene antecedentes que puedan ser chequeados (lo que es prácticamente la regla, pues muchos de ellos ingresan sin documentos), aunque se tenga la sospecha de que puede estar involucrado en un hecho ilícito, el control de identidad solo permite que sea retenido por un máximo de ocho horas.  Luego de eso debe quedar en libertad, pues tampoco existen centros de reconducción o algo parecido y todo lo anterior convierte en letra muerta los trámites aduaneros y migratorios regulares. 

Escuche al Director General de PDI hablando de la Frontera Norte:

Una gran planicie

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, coincide con la apreciación del Director de la PDI, especialmente porque en sus inicios como fiscal trabajó en la antigua Primera Región del país (que abarcaba Iquique y Arica). Luego de varios años en Santiago regresó a Iquique y desde allí se trasladó a Antofagasta, región en la cual se han incautado más de 40 toneladas de drogas en los últimos dos años, la mayoría de las cuales ingresan desde Bolivia.

Al respecto, el persecutor explica que hay una serie de factores que conspiran a favor de ello: solo en el caso de su región tiene más de 400 kilómetros de fronteras, las que comparte con dos países (Bolivia y Argentina). Se trata de lugares inhóspitos, a mucha altura y con mucho frío. A ello, agrega Castro, se suma el hecho de que la Región de Antofagasta es la más ancha del país y de que el mayor centro urbano “cercano” a la frontera (Calama) está a más de 100 kilómetros de esta, por lo cual la única autoridad que hay en ese interregno son pequeños retenes de Carabineros, cuyo trabajo el fiscal destaca como un ejemplo de sacrificio, dadas las condiciones en que trabajan y el peligro constante que corren al controlar a bandas de narcotraficantes o contrabandistas. 

Asimismo, señala que “muchas veces se habla de ‘pasos no habilitados’, lo que se refiere a algún camino que no es formal, que incluso puede haber pertenecido a una faena minera, y muchos piensan que por ahí se produce el tráfico de drogas o de vehículos robados, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando se va hacia el hito Cajón, hacia el volcán Licancabur, hay planicies inmensas, donde la verdad es que pueden pasar todos los vehículos que quieran”, precisa, ilustrándolo con la fotografía que encabeza esta nota, que tomó recientemente, durante un viaje de inspección que realizó hacia esa zona junto al General Director de Carabineros y el jefe del OS-7.

Es por ello que asevera que “la porosidad de la frontera es tremenda, porque es prácticamente imposible que sea controlada en su totalidad y ello incide en varios grandes problemas, que son el tráfico de drogas que ingresan por lo general por Bolivia, pero que muchas vienen desde Perú o Colombia, y el contrabando de cigarrillos, que es lejos el mayor de Chile. Muchos de ellos provienen desde Paraguay, pero otros de Bolivia y Argentina”.

Otra de las dinámicas delictivas que menciona el fiscal es el robo de vehículos y la venta de estos en otros países. Hoy en día, señala, han detectado ya a bandas especializadas de determinadas marcas y modelos, y otras que solo se encargan de robar móviles en ciudades como Antofagasta y Calama, y ponerlos en la frontera. Sin embargo, el destino ya no es solo Bolivia, como ocurría antiguamente, sino también países más lejanos, como Paraguay e incluso Venezuela, hacia donde trasladan los vehículos robados en contenedores, utilizando rutas secundarias.

De hecho, recordó una reciente investigación realizada por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV) en Calama encontraron un galpón con 57 vehículos robados, en un recinto que contaba con oficina, un un curioso altar con hojas de coca y que además poseía personalidad jurídica, lo que evidencia el volumen que alcanza el negocio de robo y venta de autos al extranjero.

Ante este panorama, Castro señala que lo que ocurre en las fronteras es grave y no se ven visos de mejoría, dadas las propias condiciones naturales de ellas. 

Imagen: Gentileza de Juan Castro Bekios.

Armas al sur

Sin embargo, el sur también se está convirtiendo en una frontera porosa. A fines de julio, el OS-7 de Carabineros detuvo a cinco sujetos (tres argentinos y dos chilenos) que ingresaron a Chile en forma clandestina, por un paso clandestino cercano a Curarrehue (en La Araucanía), portando seis armas de fuego, entre ellas una pistola Glock y una pistola Star calibre 45, perteneciente a la Policía de Buenos Aires, cuyo poder de fuego es capaz de penetrar un chaleco antibalas. Asimismo, los sujetos portaban más de 200 cartuchos de distintos calibres, además de 46 gramos de marihuana elaborada y 3 gramos de cocaína.

Al respecto, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, dijo en su momento que “desde hace un tiempo hemos detectado en la región y también en otras partes del país la presencia de armamento que proviene de Argentina; de ahí, entonces, la relevancia de una investigación de esta naturaleza es la que el Ministerio Público, junto con OS-7, lograron desbaratar a un grupo de personas que estaban dedicados a ingresar armamento desde Argentina a la Región de la Araucanía”, destacó.