Reembolso electoral con esteroides: los trucos para defraudar al fisco

Los reembolsos en materia electoral siempre han estado asociados a eventuales “cuchufletas”, esa típica manera de graficar cuando alguien hace algo indebido pero con apariencia de estar todo en orden. En buen chileno, pasar “gato por libre”. Cómo olvidar, por cierto, las rendiciones de boxers marca Hugo Boss de Franco Parisi, los gastos en peluquería y maquillaje de Marco Enríquez-Ominami, el millonario desayuno feminista de Karina Oliva, el uso de costosos corpóreos –“piñerines”– en la campaña de Sebastián Piñera y la megafactura por 416 millones presentada por un amigo del candidato a diputado Rodrigo Logan.

Todos hechos cuestionados, en su momento, que no siempre terminaron en sanciones o multas y que dejan flotando la idea de que la política es un buen negocio y que la insistencia de los candidatos tiene que ver con el pago de dinero por votos obtenidos, dardos que por lo general apuntan a los outsiders que postulan consecutivamente a La Moneda, como Franco Parisi o Marco Enríquez-Ominami, candidato a la Presidencia de la República por quinta vez, a quien le preguntaron hace pocos días si se sentía ofendido de que lo llamaran el “candidato eterno”.

“A preguntas necias”, respondió después en redes sociales, sin ahondar en el tema.

El trasfondo de la premisa, sin embargo, llevó al expresidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, a escribir una columna de opinión en El Mercurio, desmintiendo la tesis del “pago por voto” y su eventual relación con la proliferación de candidatos en las elecciones, aludiendo a “una profusa campaña de memes y noticias falsas” que circulan en las redes sociales. “No hay pago por voto”, dijo tajante.

El Servel también ha dado señales. El jueves de la semana pasada presentó un nuevo manual de gasto electoral –un documento de 199 páginas– que excluye de las rendiciones de campañas los gastos relacionados con “imagen personal”, o sea, aquellos donde se incluían presupuestos vinculados a peluquería, maquillaje o vestuario, buscando dejar atrás cuestionadas rendiciones del pasado.

“Es lamentable que el Servel tenga que estar regulando cosas que en términos éticos son obvias”, dice al respecto el cientista político Guillermo Holzmann. “Si bien ha ido tomando nota sobre las situaciones que les ha tocado evaluar, sin duda requiere un esfuerzo mayor desde el punto de vista del seguimiento del uso de las platas que el Estado pone a disposición del sistema político”, enfatiza.

La contradicción en este sentido es evidente. Por un lado, el Servel es destacado como una de las instituciones más confiables del país, según encuestas de valoración de la democracia, pero por otro se le exige un rol fiscalizador más potente en el reembolso de campañas políticas. “Ese es su talón de Aquiles”, apuntan varios analistas.

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Incentivo perverso

En las redes sociales abunda material que da por hecho que ME-O, Parisi u otros reciben importantes sumas de dinero, pero el asunto no es tan sencillo, pues efectivamente existe una ecuación de reembolso, pero que determina el máximo estimado en la devolución de gastos, equivalente, en el caso de los candidatos, a 0,04 UF por número de votos obtenidos y, en el caso de candidatas, a 0,05 UF por cantidad de sufragios. En ningún caso –subrayan con destacado desde el Servel– se trata de un reembolso a todo evento. O sea, jamás este puede superar el gasto rendido. “No es un cheque en blanco”, explican los expertos.

Para que los reembolsos se entreguen, los gastos deben estar respaldados por boletas y facturas pendientes de pago. En el caso de los créditos, particularmente bancarios, el pago se hace directamente a la institución financiera. Al momento de ser aprobado el reembolso, el Servel solicita a la Tesorería General de la República realizar la transferencia directamente a las candidaturas o, en caso de tratarse de partidos políticos, a la cuenta bancaria operacional de la colectividad.

Si bien no existe el concepto de “dinero por voto” o “pago por voto”, la fórmula tampoco deja satisfechos a los analistas electorales. Para Guillermo Holzmann, tasar el voto por una cantidad de plata reembolsable, aunque sea para medir un tope máximo de devolución, “puede transformarse en un incentivo perverso”.

Si el sistema opera de manera criteriosa y existe un respaldo ético de los candidatos, dice el analista, la metodología puede funcionar. El problema, agrega, es “cuando no se puede acreditar si los gastos son verdaderos o no”. Es por esta razón que preferiría implementar otro sistema: “Entregar una cantidad específica para todas las campañas y punto”, dice.

Para Lucas Serrano, magíster en Políticas Públicas y miembro fundador de Observa Biobío, el problema con el actual sistema es la demostración del gasto que, eventualmente, puede abrir espacios a la especulación, “porque es posible que exista alguna candidatura que infle sus gastos para que le quede un saldo a favor, una situación que obviamente no es legal, pero que es muy difícil de comprobar”, sostiene.

Si bien se han puesto barreras para controlar gastos específicos en “imagen” –como los calzoncillos de Parisi, por ejemplo–, existen otros ítems que pueden prestarse para la especulación. Serrano reconoce que la mayoría de estos tiene que ver con el giro de las comunicaciones. “Vamos a comenzar a observar mucho uso de plataformas de redes sociales para distribución de información, propaganda en medios tradicionales y un montón de gastos relacionados con informes y otras cosas”, asegura.

Una administradora pública, que ha trabajado como administradora electoral en al menos dos campañas políticas y cuyo nombre se reserva este medio, coincide en que hay muchas zonas grises que se prestan para irregularidades, entre ellas, la elaboración de los informes de cuentas: “Estos son muy incompletos. No te piden cosas específicas y tampoco existe una pauta para realizarlos. Son muy generales, se rellenan con fotos que no se toman el mismo día de un evento, lo que impide reflejar si el trabajo fue realizado o no. Esto permite que el candidato pueda realizar boletas con personas conocidas, amigos o cercanos, a un precio más elevado”, explica.

El nuevo manual de gastos del Servel propone, precisamente, endurecer las fiscalizaciones a los desembolsos de campaña, solicitando a los equipos técnicos presentar mucho más respaldo documental por cada gasto, como cotizaciones previas, contratos y comprobantes de pago. Se trata de medidas que buscan obtener evidencias materiales de la actividad en tiempo real, como videos y fotografías publicadas en redes sociales.

No solo eso, el Servel también propone que, por cada gasto individual superior a 30 UF, los candidatos deberán entregar, un día antes de la elección –resolución Nº G200 del 30 de agosto de 2024–, un informe detallado que acredite el gasto realizado y tres cotizaciones adicionales por cada contratación, para comprobar si el valor de la prestación se ajusta a los precios de mercado.

Este última factor, coinciden los expertos, es el hito más relevante de las últimas medidas implementadas, porque cambia drásticamente las reglas del juego. “Lo que pasaba antes es que después de la elección, cuando calculaban cuánta plata podían recibir, los candidatos pedían facturas prefechadas y ahí se llevaban la plata para la casa. Ahora, en cambio, tienen que subirla antes de la elección”, explica un abogado y experto electoral, que prefiere no figurar con su nombre.

Esta coyuntura administrativa, agrega la administradora de campañas previamente citada, permitía inflar de manera desproporcionada algunos servicios. “Por ejemplo, si un candidato solicitó un informe sobre el trabajo de campaña en comunas estratégicas, puede poner un precio sobrevalorado de mercado, solicitando la emisión de una boleta ideológicamente falsa”, apunta.

La inclusión del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el proceso de fiscalización es otro factor que los expertos coinciden en que debería incorporarse, particularmente para vigilar lo que está sucediendo en los territorios donde se desarrollan las campañas. “Muchas veces no está debidamente acreditado de dónde surgen los fondos para pagar las facturas por trabajos en terreno. Por eso es importante incorporar a otras entidades, como el Servicio de Impuestos Internos, para fiscalizar, aunque sea de manera aleatoria, las campañas en terreno, donde el origen de las platas no está claro y puede generar una competencia desleal entre candidaturas”, explica Holzmann.

Los gastos asociados al Estado son otro factor que preocupa de cara a las próximas elecciones, tal como lo planteó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, respecto del costo que significa para las arcas fiscales el voto obligatorio, debido a que los partidos y candidatos reciben un aporte fiscal por cada voto obtenido.

“Con voto obligatorio también hay que cambiar las reglas de financiamiento. Ya se discutió el año pasado, también se hizo de manera transitoria para las elecciones que fueron el año pasado, regionales y locales, pero nos parece muy importante ese tema, y por eso el tema del financiamiento es uno que está previsto para el Ejecutivo avanzar también en la reforma legal”, explicó en marzo de este año, previo a la presentación por parte del Gobierno del proyecto de reforma del sistema político.

Presentado el 1 de julio de este año, el Senado aprobó por mayoría de votos las disposiciones de dicho proyecto, despachándolo para cumplir su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. En lo fundamental, se ha aprobado un umbral de elegibilidad de 5% para partidos políticos, la pérdida de escaño a parlamentarios que renuncien a la colectividad por la cual fueron elegidos, al tiempo que permite excepcionalmente un proceso de fusión de partidos de cara a los próximos comicios parlamentarios. Nada, hasta ahora, sobre los aportes del Estado por cada voto obtenido.