De Liechtenstein a Quinta Normal: el hilo suizo que conecta a los Sauer con megafraude tributario

Las sospechas en Europa en contra de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, los protagonistas del caso Factop, comenzaron a partir de un retraso en el pago de la primera cuota de intereses de un préstamo solicitado a EMF Microfinance Fund AGmvK, un fondo de microfinanzas suizo con sede en Liechtenstein, el histórico paraíso fiscal de apenas 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Suiza y Austria.

Un correo electrónico enviado por Daniel Sauer a la compañía, el 29 de abril de 2023, explicaba que las razones del retraso se debían a que se encontraban en periodo de “shivá”, debido a la muerte de un familiar. “Son cinco días sin trabajar para los judíos por la muerte del hermano de mi padre”, se excusó el entonces dueño del factoring Factop.

La primera cuota de los intereses fue finalmente cancelada el 10 de mayo de 2023, trece días después de la fecha pactada para el trámite. Para entonces, EMF ya había depositado el total del préstamo por 2 millones de dólares ($1.642.040.000 de la época) a Factop y el atraso del pago alertó a la compañía, la que comenzó a gestionar la tramitación del cobro de las 101 facturas que el factoring había dejado en calidad de prenda por el crédito.

Un broker de la bolsa de comercio de Santiago fue el encargado de analizar los documentos cedidos al fondo suizo, quien señaló que se trataba de facturas ideológicamente falsas, provenientes de empresas relacionadas con los dueños del factoring, como Comercial e Inversiones Textil Ziko Limitada, Inversiones RAE e Inversiones Guayasamín, todas las cuales han aparecido ya varias a nivel público en las diferentes audiencias relacionadas con el caso.

Sin embargo, había otra compañía: Inversiones Silvestre SpA.

Esta última, a diferencia de las reconocidas empresas utilizadas para favorecer a diversos empresarios, entre ellos los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, no estaba en el radar de propiedad de los hermanos Sauer y –según antecedentes exclusivos recopilados por la Unidad de Investigación de El Mostrador– se trata de una empresa relacionada con el líder del mayor desfalco tributario en la historia del país (como fue catalogado por el propio Servicio de Impuestos Internos), responsable de un fraude tributario por 336 mil millones de pesos. Su nombre: José Antonio Pavez Canessa.

Los protagonistas de esta historia coincidieron, de hecho, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber –Pavez Canessa compartió celda con Rodrigo Topelberg, otro de los dueños de Factop–, pero hasta ahora ambos casos judiciales no solo corren por carriles distintos, sino que jamás han sido relacionados entre sí, pese a que se trata de los mayores desfalcos tributarios de los últimos años, en los cuales el uso de facturas ideológicamente falsas es el principal mecanismo defraudatorio.

Tanto Factop como el megafraude, según el Servicio de Impuestos Internos, sumarían un perjuicio fiscal de alrededor de 350 mil millones de pesos, equivalentes a la inversión destinada para construir alrededor de 44 Cesfam en el país, en una trama que tiene de todo: millonarios pagos, un antiguo paraíso fiscal, facturas sin revisar, abogados jugando a dos bandas y hasta la aparición de un político formalizado en el caso SQM, en un entramado que recién comienza a mostrar sus capas más profundas.

Préstamo telemático

Apenas el fondo Suizo comenzó a realizar operaciones en Chile, la compañía solicitó a varios contactos en el país que le recomendaran a un profesional para inscribir a EMF ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta que alguien les propuso “conversar con María Leonarda Villalobos”, la abogada que grabó en secreto la conversación entre ella, su colega Luis Hermosilla y Daniel Sauer.

“Ella nos comentó que tenía experiencia en estos procesos”, declaró al Ministerio Público Agustín Villalba Ricaurte, gerente general en América Latina de la compañía.

La abogada, actualmente acusada de asociación ilícita, lavado de activos e infracción a la Ley de Mercado de Valores por la Fiscalía Metropolitana Oriente en el caso Factop/Hermosilla, asumió como representante de la firma con sede en Liechtenstein con un poder amplio otorgado ante el SII, junto al abogado Alejandro Ávila, a partir de un mandato celebrado el 20 de marzo de 2023, apenas tres meses antes de que se filtrara el famoso audio de las conversaciones con Luis Hermosilla.

Mandato de EMF a Leonarda Villalobos.

Para entonces, Villalobos también trabajaba para Factop ante el mismo organismo tributario y a esas alturas –cómo se comprobó más tarde en la indagatoria– ya había cancelado 5 millones de pesos a un funcionario del SII, según ella por encargos profesionales y no por conseguir anular siete liquidaciones en contra de Daniel Sauer por 3 mil millones de pesos. “Me cobró gamba 40”, confesó el propio Daniel Sauer en la conversación grabada por Villalobos, insinuando que 100 millones eran para el servicio y 40 para Leonarda.

Paralelamente a las gestiones realizadas por la abogada, ambas empresas comenzaron a relacionarse a través de Nubanca, una firma de asesoría financiera con sede en Colombia, que actuó como intermediaria a través del director de la corredora de inversiones, Enrique Maroto. Nubanca, por cierto, ya había levantado US$ 3 millones a favor de Factop el año 2019.

La oficial de ejecución de EMF, Alexandra Borja, recuerda en su declaración judicial que Factop se presentó con “un panorama económico solvente”, cumpliendo “con los procesos operativos y con una buena presentación a nivel mercado”, situación que la llevó a preparar sin mayores inconvenientes el borrador del contrato, hasta la firma final del préstamo el 23 de enero de 2023.

El crédito aprobado por 2 millones de dólares –pagadero en cuatro cuotas de 500 mil dólares y otras seis cuotas de intereses– fue depositado el 27 de enero de 2023 a una cuenta de Factop en el Banco Santander. A fin de garantizar la solvencia de la empresa, el factoring de los hermanos Sauer se comprometió a entregar 101 facturas, cuya cobertura total era de 2,4 millones de dólares, en una modalidad de transacción conocida como “prenda sin desplazamiento”.

Uno de los problemas que descubrió la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, durante la investigación posterior, es que, durante el proceso de adjudicación del préstamo, toda la gestión se realizó digitalmente. “Esas facturas nunca fueron revisadas por nosotros previo a la inscripción, como debería ser el proceso, tampoco fueron vistas físicamente, ni enviadas a Suiza”, agregó Agustín Villalba en su declaración.

Leonarda Villalobos –a estas alturas operando a dos bandas– fue la encargada de retirar las facturas desde las oficinas de Factop y enviarlas escaneadas a EMF, luego que el factoring se retrasara más de 30 días en enviar los documentos. Según el relato del jefe regional de la compañía, la abogada trabajó solo cinco meses con ellos. “Ella no terminó con el registro del fondo satisfactoriamente, nos decía que no recibía la aprobación final del SII”, apunta.

Una vez recibidas las facturas, EMF se enteró del caso Factop a través de las noticieros. Como Villalobos era la única que había visto las facturas físicamente, en su calidad de representante de la compañía Suiza en Chile, fue encomendada por la firma para demandar ejecutivamente a Factop por el incumplimiento de sus obligaciones, trámite que la abogada jamás habría ejecutado.

El rol de Leonarda Villalobos como representante legal de una empresa que figura como querellante por haber prestado plata a Factop “contra facturas falsas”, dice un abogado cercano a la causa, “es altamente anómalo”. “Tendrán que explicar esa trenza ella, los hermanos (Sauer) y el fondo Suizo”, dice la misma fuente.

La querella presentada por EMF por estafa y falsificación, en la cual Leonarda Villalobos acaba de ser reformalizada, apunta a que la estrategia de Factop para obtener el crédito fue presentarse como “una empresa con experiencia en el manejo de operaciones financieras, a través de un esquema sofisticado y una pretensión de supuesta legitimidad”. Por esto, la compañía extranjera solicita identificar las empresas emisoras y receptoras de facturas falsas, con el objeto de “entender la estructura del fraude”.

Esto último tiene un particular interés, debido a que, al margen de las conocidas empresas ligadas a los socios de Factop, se detectaron facturas de una compañía nunca antes nombrada en la causa, Inversiones Silvestre SpA, la que aparece con 21 documentos en prenda que suman $461.307.392, dirigidos a 14 empresas de los más diversos rubros, incluido un bar.

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a un documento con la información de 142 facturas facilitadas por Inversiones Silvestre SpA a Factop, entre ellas, algunas de las 21 operaciones falsas ofrecidas en prenda a EMF, situación que hace presumir que el vínculo entre los hermanos Sauer y el líder del megafraude tributario es más profundo de lo que parece. Las facturas –según se desprende de la información obtenida– bordearían en total los 2.300 millones de pesos.

“Secreto a voces”

El megrafraude tributario se destapó en diciembre de 2023, seis meses después de estallar el caso Factop, dejando en evidencia un red de siete clanes familiares liderada por José Pavez Canessa. Un negocio familiar donde participaban en la parte operativa su madre, María Elena Canessa Bustos; su padre, José Pavez Campaña; y su hermano, Felipe Pavez Canessa. Este último, en ese periodo, trabajaba como abogado de la División de Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos del Servicio Electoral.

Al momento de su detención, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, aseguró que el cabecilla de la organización era el encargado de proveer facturas falsas a los miembros de otros cuatro grupos familiares: Los Nexus, Los Barraza, Los Croxatto y Los Barriga. Las operaciones fantasmas le habrían reportado más de $56 mil millones a Pavez Canessa.

Según la investigación, el mecanismo consistía en constituir empresas con información de terceros, generalmente indigentes o extranjeros. Pese al impresionante volumen de firmas fantasmas, la indagatoria solo se concentró en 17 de ellas, las que emitieron más de 100 mil facturas falsas ofrecidas a empresarios a cambio de una comisión del 10% del IVA. Las restantes, entre ellas inversiones Silvestre SpA, ni siquiera figuran en el radar investigativo del Ministerio Público.

Domicilio comercial de Inversiones Silvestre SpA en Quinta Normal.

A diferencia de las empresas investigadas en el caso Factop, cuya propiedad recaía en los dueños del factoring, la firma que emitió material en prenda a favor del negocio de los hermanos Sauer fue constituida por Edwin Jorlin Silvestre de la Cruz, el 22 de septiembre de 2022, y según antecedentes recopilados por este medio, quien realmente manejaba la sociedad era José Pavez Canessa.

La conexión entre el megafraude y el caso Factop –asegura una fuente que conoce bien el caso– era un secreto a voces. “Se suponía que se conectaban y que los Sauer tenían trato con proveedores de facturas falsas, cuando por algún motivo no podían facturar desde sus empresas. Ahora tenemos la confirmación”, explica.

Si bien se presume que el vínculo entre Pavez Canessa y los Sauer ha sido permanente en el tiempo, lo cierto es que Inversiones Silvestre SpA aparece en un periodo posterior al que analiza la Fiscalía. “Puedo señalar que dentro de las empresas imputadas a José Pavez Canessa, entre el 2015 y el 2020, Inversiones Silvestre SpA no se encuentra”, asegura el abogado del líder del megafraude, Ilan Eck Falkas.

La empresa en cuestión registra domicilio en la calle Carlos Aguirre 1261, en la comuna de Quinta Normal, y según el certificado de empresas del Ministerio de Economía, posee un giro que va desde el lavado de autos a la celebración de todo tipo de contratos y operaciones de comercio exterior.

El recinto donde se supone funcionaba la empresa fue desalojado hace poco más de un mes, tras estar tomado durante años. Allí también funcionaron una mueblería y negocios vinculados a la venta de comida. “En un principio vivían hartas familias, pero después los amenazaron y se tuvieron que ir. Ahí empezaron a hacer fiestas de lunes a lunes y comenzaron las balaceras”, cuenta una vecina a El Mostrador.

La caída del líder del clan Canessa se produjo tras comprobar que arrendaba una suite de lujo en el Hotel W y acostumbraba utilizar autos de alta gama, sin poseer propiedades a su nombre ni registrar remuneraciones entre 2015 y 2021. Fueron precisamente sus vehículos –un Maserati, un Jeep Wrangler Sport, un BMW y dos Mercedes Benz– los que permitieron llegar al cuartel de operaciones de Pavez Canessa.

Pablo Longueira

La policía descubrió que uno de los vehículos del líder del megafraude, un Mercedes Benz modelo GLE 400 del año 2017, estaba a nombre de “Crédito y Capital” (Credicap), un factoring propiedad de Sebastián Torres Domínguez, donde Pavez Canessa supuestamente trabajaba como “broker inmobiliario”, aunque algunas fuentes lo sitúan como socio en las sombras de la empresa.

Poco después que el caso explotara, la abogada Daniela Awad se querelló contra el dueño del factoring, a quien denunció por estafa, lavado de activos y asociación ilícita por la venta irregular de un inmueble. La acción judicial, además, incorporó a otro actor al convulsionado mundo de los factoring: el excandidato presidencial Pablo Longueira, formalizado por financiamiento ilegal de la política en el caso SQM, quien presidió la empresa de Sebastián Torres, su sobrino, por un breve periodo.

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso al acta del 28 de junio de 2023, que ratifica la participación del exministro de Economía de Piñera en una reunión en la notaría Claudio Salvador Cabezas, ubicada en Lo Barnechea, donde fue designado como presidente de la sociedad, situación que negó cuando fue requerido en un reportaje anterior.

Si bien Longueira alcanzó a presidir un mes el factoring donde trabajaba Pavez Canessa, su nombre continuó figurando a la cabeza del gobierno corporativo, como principal atractivo del brochure comercial que la empresa presentaba a eventuales interesados en invertir en la compañía. “Su función era atraer nuevos clientes a la empresa”, aseguró a El Mostrador un exempleado de la firma.

Hay otros dos elementos, sin embargo, que ratifican el vínculo de Pablo Longueira con Credicap. Una de ellas es una fotografía a la que tuvo acceso este medio donde aparece en la oficina de reuniones del factoring y, la otra, es la confirmación de que una de sus empresas, Inversiones Paleto SpA, tiene la misma dirección de “Crédito y Capital”, ambas ubicadas en Las Condes 11.700, oficina 202 A.

Pablo Longueira en las oficinas de Credicap.

La empresa del exlíder de la UDI fue constituida el 11 de mayo de 2023, junto a sus hijos José Tomás y Alejandro Longueira Brinkmann, con el objeto de realizar “inversiones en todo tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tanto en Chile como en el extranjero”. Extrabajadores de la firma aseguran que el político estuvo al menos ocho meses en Credicap y que coincidió todo el periodo con José Pavez Canessa, retirándose de las oficinas que compartía con el líder del megafraude cuando este fue detenido en diciembre de 2023.

Pavez Canessa se encuentra hoy recluido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, luego de ser trasladado desde Santiago 1, tras recibir amenazas de muerte por uno de los clanes familiares involucrados en el megafraude. Según él mismo confesó a su abogado, los que llegaron a su pieza aquella vez “hablaron de asesinarme”.

“Hay muchísimos contribuyentes involucrados, empresas grandes y bastante influyentes, por eso él tiene miedo que le pase algo”, comentó su abogado en un reportaje anterior de este medio, donde se publicó el extracto de una carta escrita por Pavez Canessa, en la que este asegura vivir en una “dictadura de la corrupción, liderada por personas despiadadas y poderosas”.

El Mostrador se comunicó con la Fiscalía Oriente y los abogados de Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, buscando contrastar los antecedentes expuestos en esta investigación, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta de ninguno de ellos.