Llegó la hora de la verdad para Longueira y ME-O: caso SQM llega a su fin tras tres años de juicio

A casi tres años desde el comienzo del que hasta el momento es el juicio más largo de la Reforma Procesal Penal, mañana finalmente se debería conocer el veredicto del caso SQM, instancia que determinará el destino judicial de ocho acusados –entre ellos, uno de los “coroneles” de la UDI, Pablo Longueira–, en uno de los mayores escándalos sobre financiamiento ilegal de la política chilena. El caso, como se recordará, tuvo su origen hace una década, cuando la investigación del caso Penta entregó luces sobre una arista de características similares que involucraba a la empresa controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Luego de casi ocho años de investigación desformalizada, el juicio por el caso SQM supera largamente al que, hasta ahora, es el más extenso que ya ha concluido, el realizado en 2024 en Arica en contra de Los Gallegos, que duró ocho meses.

En el caso SQM, las cifras hablan por sí solas: 558 días de audiencia, más de 615 testigos, 52 peritos involucrados, más de mil millones de sueldos a funcionarios del Ministerio Público y hasta una fiscal con dedicación exclusiva –Carmen Gloria Segura–, que se jubiló en pleno litigio. El juicio, en rigor, comenzó el 13 de febrero de 2023.

De todos los imputados iniciales en el caso –68 fueron sobreseídos, en 51 se decidió no perseverar y en 127 de ellos se decretó la suspensión condicional del procedimiento–, quedando en el banquillo solo ocho acusados: la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres; el exdiputado Roberto León; y el exembajador Marcelo Rozas, todos ellos imputados por delitos tributarios y en contra de quienes se piden 4 años y multa.

También fueron acusados de delitos tributarios la exasesora de Longueira, Carmen Luz Valdivieso (contra quien se piden 818 días) y el exasesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner (sobre quien la Fiscalía busca que sea condenado a 5 años). A ellos se suman el exgerente general de SQM, Patricio Contesse; el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y el exprecandidato presidencial y exministro de Economía Pablo Longueira.

En el caso de este último, la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicita  818 días de presidio por cohecho, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 242 millones de pesos. En el caso de Contesse, el Ministerio Público pidió inhabilitación, multa y 7 años de presidio por soborno y delitos tributarios. Y en el caso de ME-O, 4 años de cárcel por delitos tributarios y una multa.

Además de Perivancich, los fiscales Paola Castiglione y Víctor Ávila han sido los persecutores con dedicación exclusiva en el caso. Debido a la extensión del juicio y la complejidad de la causa, apoyan al equipo otros cuatro fiscales: Rolando Ramírez, Leonel González, Claudio Rebeco y Eduardo Fajardo.

Luego del fin de las audiencias de clausura del jueves pasado, el juicio entró en receso hasta hoy, cuando se debe reanudar la instancia procesal con lo último, que es ofrecer la palabra a los acusados del caso, quienes podrán declarar ante el tribunal, si lo consideran necesario, o bien guardar silencio. Mañana, el tribunal –integrado por las magistradas María Teresa Barrientos, Carolina Paredes y Claudia Santos– entregará el veredicto final que resolverá el misterio sobre este emblemático caso de “justicia de cuello y corbata”: si los involucrados serán definitivamente absueltos o condenados.

La última sobreviviente

La importancia de la resolución judicial en el caso SQM tiene que ver con un último vestigio de sobreviviencia procesal, apunta el primer querellante de la causa, Mauricio Daza. “El caso que se va a resolver esta semana es la última arista que sobrevivió a una operación de impunidad, que fue liderada durante la gestión de Jorge Abbott, donde gran parte de las personas involucradas en esta red de corrupción vieron cómo sus causas se cerraron sin que las investigaciones estuviesen completamente finalizadas”, explica.

Daza se refiere a los imputados que quedaron en el camino –alrededor de 300–, que tuvieron un rol relevante en una maquinaria que involucró a altas autoridades políticas y grandes empresarios, quienes triangularon más de 14 millones de dólares en documentos tributarios falsos entre 2009 y 2014. De hecho, la arista que investigaba a la persona jurídica de SQM –agrega el abogado– fue cerrada, “impidiendo esclarecer toda la verdad acerca de esta red”.

“No se alcanzó a investigar cuál era su extensión, cómo funcionaba, los pagos o favores que realizaban, debido a que el Ministerio Público decidió atomizar las causas, para luego cerrarlas y así quedar solo esta última arista que sobrevivió, donde aparecen imputados Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, quien era el delfín de Julio Ponce Lerou”, asegura el abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente.

En agosto del año 2021, de hecho, la Fiscalía Regional de Valparaíso decidió no perseverar en contra de 34 involucrados en el caso SQM, entre los que destacan varias figuras vinculadas a la política, como el exministro del Interior Rodrigo Peñailillo; Irina Rossi, hermana del exparlamentario Fulvio Rossi; Jorge y Benjamín Pizarro, hijos del exsenador Jorge Pizarro; y el exjefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre, Harold Correa, entre otros.

Para Daza existen pruebas incriminatorias importantes en contra de los acusados –más incluso que en el caso Corpesca, dice, donde también fue querellante–, razón por la cual tiene expectativas de alcanzar “un resultado equivalente” a las condenas en contra de Jaime Orpis y Marta Isasi. “Por lo tanto, yo esperaría un resultado similar”, puntualiza.

En esta etapa judicial, Daza asegura que el Ministerio Público se juega un aspecto clave en el ethos fundacional del organismo: la credibilidad. “No solamente frente a la ciudadanía, sino también internamente, porque el mensaje tiene que ser, sobre todo para los fiscales que investigan a personas vinculadas al poder político y económico, que las investigaciones avancen y que no se vean frenadas por la calidad o condición de quienes aparecen imputados”, explica.

Pese a una eventual condena, la real posibilidad de que algunos de los acusados cumpla pena efectiva de cárcel se ve más limitada. La propia fiscal Perivancich, en un reportaje anterior de El Mostrador, aseguró que “eso está casi descartado”.

“Tengo que ser muy franca, porque la pena que está solicitada, que tiene que ver con la pena asignada a ese delito en el momento en que se ejecutaron los hechos, se aleja muchísimo de la posibilidad de que cumpla una condena efectiva de cárcel”, afirmó en dicha ocasión.

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