Viajes y millones en efectivo: la ruta de las coimas y el círculo de hierro de Vivanco

Lo que parecía una jugada sin precedentes y difícil de rastrear –la tesis relativa al pago de coimas en la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa–, se ha hecho cada vez más evidente con el correr de la investigación judicial en contra de la exsuprema Ángela Vivanco. Esto, luego que el Ministerio Público ordenara allanar en la tarde del martes los domicilios de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cociña.

Sobre ellos, además, también pesaban órdenes de detención. El primero en entregarse en las oficinas del OS-7 fue Migueles, seguido de Lagos y finalmente Vargas, quien lo hizo poco después de las 23:00 horas del martes. A los tres se les acusa de los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, en medio de la arista surgida tras varios fallos, donde participó Vivanco, que favorecieron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM), empresa que recibió $17 mil millones por parte de Codelco por término adelantado de contrato.

Según antecedentes de la indagatoria, revelados hace pocos días por el medio Reportea, el pago de dinero se habría efectuado a través de un sofisticado esquema de transacciones que partió con el pago realizado por Codelco, el 14 de junio de 2024, a la cuenta corriente del abogado Eduardo Lagos –representante de CMB junto a Mario Vargas–, quien recibió en su cuenta del banco Itaú $1.026.602.196. Se trataba de la última cuota de los pagos de Codelco que ordenó pagar la Corte Suprema.

De ese total –indica la nota periodística–, Lagos depositó $820,5 millones a la sociedad de los dueños chilenos de la compañía. Otros 165 millones fueron destinados al pago de sus servicios profesionales y el resto, según la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos, 45 millones de pesos, sería parte del soborno del caso, dinero que pasó por una casa de cambio ubicada en calle Agustinas, antes de que el dueño de la empresa de transacciones, Harold Pizarro Iturrieta, entregara de vuelta el dinero a Gonzalo Migueles.

Meses antes de realizar estos pagos, en diciembre de 2023, habría existido otro desembolso de US$ 14.000, equivalentes a poco más de 12 millones de pesos, que –según consignó La Tercera– habrían sido usados por Vivanco y Migueles para efectuar un viaje a Buenos Aires y luego a Brasil, realizando millonarias compras a través de tarjetas en dólares. Ambos pagos suman un total de $57.216.260.

Migueles, según la indagatoria, dividió el dinero de la segunda remesa entregándoselo a dos conservadores de Bienes Raíces a los que conocía muy bien, tanto que en lo formal trabajaba para ellos, aunque la investigación del Ministerio Público indica que, en realidad, fue Vivanco quien –luego de asumir como ministra de la Suprema– pidió a ambos conservadores que le dieran trabajo.

Se trata de Yamil Najle, de Chillán, y Sergio Yáber, de Puente Alto, quienes luego devolvieron la misma cantidad de plata que les depositó Migueles a una cuenta del banco BCI, a través de nueve transferencias realizadas en un periodo total de 11 días. De este modo, se habría lavado el dinero antes de llegar a Ángela Vivanco.

La exsuprema, en todo caso, aseguró en una entrevista de La Tercera que los dineros recibidos por su pareja no tenían nada que ver con su trabajo. “Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él”.

Cometas y lobbistas

El estudio encargado de la defensa de Belaz Movitec –Lagos, Vargas & Silber– reunió en el año 2017 a dos exdiputados, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, con el penalista Mario Vargas, abogado cercano a Luis Hermosilla, que de hecho interpuso en el año 2024 un recurso de protección para que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no accedieran a los chats entre ambos, proponiendo incluso que se “debería destruir toda la información que contiene el teléfono del señor Hermosilla”. La acción judicial fue finalmente rechazada.

Las filtraciones de las conversaciones entre ambos abogados dan cuenta de una serie de operaciones judiciales realizadas para impulsar al menos ocho nombramientos en distintas cortes del país. Vargas –conocido por defender a Parived, Hernán Calderón Jr. y al exalcalde de San Ramón, entre otros– comunicó también a Hermosilla de una causa de usurpación de aguas que afectaba a SQM, asegurándole al abogado que “tenemos todas las manos para arreglarlo”.

También –según los chats–, Vargas entregó a Hermosilla declaraciones de testigos protegidos del caso “Relojes” y hasta le pidió al abogado, que entonces trabajaba como asesor del Ministerio del Interior en el segundo Gobierno de Piñera, que intercediera para que lo nombraran jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). “Dile a Andrés (Chadwick) que yo tengo el mismo currículum que Valencia, fui defensor jefe de Santiago, tengo estudios en EE.UU., soy profesor universitario y experiencia en trabajo con las policías”, le escribió el 14 de marzo de 2018, haciendo referencia a Ángel Valencia, cuyo nombre también fue evaluado como posible director de la ANI.

Los otros miembros del bufete de Vargas tampoco han estado exentos de polémicas. Lagos participó de varios cargos políticos en su calidad de militante radical, como asesor de Patricio Tombolini en la Subsecretaría de Previsión Social, durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y fue electo diputado por la Región de Los Lagos, en el año 2001, siendo desaforado dos años después por el uso de licencia falsa de enseñanza media. Además, también fue acusado de cohecho en el famoso caso Coimas, aunque fue finalmente absuelto.

Gabriel Silber fue diputado por la Democracia Cristiana, entre los años 2006 y 2018, y su carrera también se ha visto empañada por algunas controversias. Apareció en el listado de boleteros en el caso Penta, acusado de recibir 45 millones de pesos y en 2017 tuvo que pagar $5 millones por faltas éticas, tras realizar informes con párrafos copiados de internet y sin citar fuentes. En 2020, fue acusado de evadir un control carretero en plena pandemia, junto a su actual pareja, la senadora Loreto Carvajal (PPD).

En el estudio jurídico también se desempeña la abogada María Paz Guerra Fuenzalida, hermana del exfiscal de la zona oriente Manuel Guerra, en contra de quien el Ministerio Público acaba de presentar una querella de capítulos, buscando dejar si efecto el fuero de que gozó hasta 2021, para luego –si la Corte acepta dicha solicitud– formularle acusación por violación de secreto en varios casos de alto perfil, como Penta, Dominga y Exalmar, información que entregaba a Luis Hermosilla.

Si bien el círculo de hierro de Vivanco había sido inexpugnable hasta ahora, las órdenes de detención en contra de su red más cercana ponen el acento en un grupo que no solo se relacionaba por temas laborales comunes –Vargas y Lagos redactaron un recurso a favor de Belaz Movitec en la propia casa de Vivanco– sino que compartían en fiestas y viajes que dejaron huellas incluso en redes sociales. Y también críticas.

El propio Luis Hermosilla, en un chat con la destituida exjueza Verónica Sabaj, intercambió comentarios sobre otro viaje a Buenos Aires en el año 2022, donde participaron Vivanco y Migueles, Vargas y su esposa, además del aún ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa y un acompañante no identificado, quien al parecer no pudo viajar por tener la cédula de identidad vencida. Tras enterarse de las imágenes que Vivanco subió a redes sociales, Hermosilla solo atinó a comentar: “Están todos locos… están enfermos”.

Los viajes y gastos en pasajes a distintos países están siendo investigados por la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, buscando verificar si son parte de las supuestas coimas recibidas por el grupo cercano a Vivanco. En cualquier caso, en los allanamientos realizados a los domicilios de los imputados, el OS-7 encontró alrededor de $14 millones en efectivo, contenidos en cajas fuertes y bolsas de cartón, además de cerca de US$ 7 mil en efectivo, encontrados en la oficina de Vargas y Lagos, ubicada en la comuna de Las Condes.

Para algunos conocedores del mundo del lobby y cercanos al caso, los montos de las coimas pesquisadas hasta ahora, sin embargo, podrían representar solo una pequeña parte de una porción mucho más elevada. Un antiguo lobbista que prefiere omitir su nombre, asegura que las recuperaciones de dineros entrampados en tribunales tienen nombre y porcentajes.

En el mundo de los gestores de influencia y operadores judiciales, a la restitución de fondos “perdidos” le denominan “recupero” y el acuerdo, en caso de lograr revertir fallos judiciales adversos –aseguran–, no debería ser inferior al 3% del total recuperado. En el caso del Consorcio Belaz Movitec, esta cifra debería ser muy alta.

“Imagínate, está metida una casa de cambio y dos conservadores de bienes raíces. No se mueve toda esa logística por 45 palos. Tiene que haber más dinero, esos hilos no se mueven por tan poca plata. La policía tiene que encontrar más”, explica, en la antesala de la audiencia de formalización contra los tres imputados, que se realizará mañana.