El pasado lunes 17 de abril se aprobó en la Cámara la idea de legislar la reforma a la Educación Superior. Tal acontecimiento arrastraba desde la semana anterior hechos polémicos, pues algunos diputados ligados al PC y al Frente Amplio pusieron en duda su apoyo al proyecto en la comisión de educación, surgiendo dudas de si acaso podría avanzar la reforma. Los titulares de prensa ya se apresuraban en anunciar un nuevo fracaso del gobierno y el papel gravitante que jugaban estos diputados, cercando nuevamente la política dentro de los pequeños muros de lo que ocurre en el Congreso y La Moneda. Luego del impasse, las viejas formas de hacer política de la Concertación y la Nueva Mayoría realizaron un despliegue que logró cuadrar los votos necesarios en la votación en sala, y así una vez más salir del paso. Ciertamente, se evitó un nuevo revés para uno de los proyectos insignes del gobierno, aunque éste no cuente con el respaldo social necesario para seguir avanzando.
Las fuerzas del movimiento estudiantil, por su parte, ven con urgencia la necesidad de incidir en los cambios que se encuentran en tramitación. Surge aparentemente una vocación por conquistar demandas dentro de la reforma la que, sin embargo, llega en el último momento de la discusión cuando parecieran haberse agotado las posibilidades reales de empujar un cambio sustantivo al modelo. Desde Izquierda Autónoma ya planteamos, el año 2016, la necesidad de mostrar absoluta disposición para plasmar nuestras exigencias en el proyecto de Educación Superior (ESUP), pero en ese momento encontramos poca disposición entre el resto de las organizaciones del mundo social. El escenario actual ha cambiado bastante, pues las fuerzas más conservadoras han ganado terreno en el debate y en la caracterización del proyecto de ley, queriendo obligarnos ahora a dar la pelea en una cancha pequeña donde no existe margen para grandes transformaciones. El movimiento estudiantil debe cuidarse de terminar hipotecando todas sus fuerzas en una disputa hecha a la medida de la Nueva Mayoría, y de paso, posponer la necesaria articulación de una oposición social con propuestas robustas para una verdadera reforma.
[cita tipo=»destaque»] Ya con un par de décadas en el cuerpo, el conflicto ha visto llegar otro de sus momentos decisivos. El contexto actual evidencia que, por una parte, existe una notoria tentación de celebrar cualquier titular como una ganada del movimiento social; como ocurrió con el diputado Gabriel Boric una vez que se anunció un posible fin del CAE, pero donde no existe hasta la fecha ninguna claridad sobre los mecanismos alternativos que podrían reemplazarlo. En la otra vereda se encuentra el peligro de pecar de maximalistas y no lograr involucrarnos en un posible cambio estructural a la ESUP. El escenario se torna cada vez más estrecho y requeriremos de toda nuestra audacia para saber sortearlo con éxito.[/cita]
Y es que se hace indispensable volver a insistir en la centralidad de este conflicto para la proyección de nuevas fuerzas sociales. La apuesta por una educación pública es claramente la solución, pero hoy no solo no se la prioriza, sino que se encuentra en una crisis profunda. Crisis perpetuada en la primera década de gobiernos de la Concertación y profundizada hacia el año 2005-2006, con la implementación del CAE y el aumento de la matrícula privada en la ESUP. Luego, desde 2011, el movimiento social empieza a acusar los niveles de control de los grandes grupos económicos sobre el mercado de la ESUP, por un lado, y el creciente endeudamiento de las familias chilenas para acceder a tal mercado, por el otro. Así, nunca antes tuvo tanto sentido volver a reclamar la educación pública, entendiendo a ésta como una de las banderas de lucha más importante en el camino de recuperación de los derechos sociales.
Ya con un par de décadas en el cuerpo, el conflicto ha visto llegar otro de sus momentos decisivos. El contexto actual evidencia que, por una parte, existe una notoria tentación de celebrar cualquier titular como una ganada del movimiento social; como ocurrió con el diputado Gabriel Boric una vez que se anunció un posible fin del CAE, pero donde no existe hasta la fecha ninguna claridad sobre los mecanismos alternativos que podrían reemplazarlo. En la otra vereda se encuentra el peligro de pecar de maximalistas y no lograr involucrarnos en un posible cambio estructural a la ESUP. El escenario se torna cada vez más estrecho y requeriremos de toda nuestra audacia para saber sortearlo con éxito.
En lo que queda de año los actores del mundo de la educación deberán mostrar más que nunca unidad política y programática para una reforma sustantiva en materia de educación. A nivel CONFECH ya se han logrado consensuar cuatro grandes puntos para avanzar en esta dirección, que son el fin al lucro, el fin al endeudamiento, la expansión de la matrícula pública y la regulación del mercado de la educación privada. La incorporación de estos cuatro puntos serán un pie de inicio para una transformación real del modelo. Cualquier otro cambio que no vaya en esta dirección no solo estará alejado de las demandas sociales de los últimos años, sino que terminará siendo un avance cosmético en un modelo que sigue privilegiando el mercado por sobre la educación pública. De esta manera, la posible inclusión de indicaciones puntuales realizadas por el CONFECH en el proyecto de ley no debieran ser el objetivo final, sino un inicio para continuar trabajando durante los próximos años en un real cambio al sistema educacional chileno.
La coyuntura no aguanta actitudes mezquinas ni cálculos pequeños por parte de las fuerzas de cambio. Debemos comprender que, a lo largo de estos años, el movimiento estudiantil se ha hecho portador de un nuevo horizonte de sociedad, y plasmar estas ansias de cambio es una responsabilidad con nuestra generación y las que vienen. Hoy se juega la posibilidad de mostrar una nueva forma de hacer política, una en donde la sociedad es partícipe. Pero también se juega la proyección histórica del movimiento por la educación, ya que ésta es solo una batalla de muchas que vendrán. La invitación a nuestros compañeros y compañeras es, primero, a reorganizar las fuerzas del mundo de la educación, y segundo, a consolidar la posición del movimiento estudiantil como actor ineludible para la construcción de una verdadera reforma.
