Incentivos reales para reducir el desperdicio de alimentos

Hace algunos días, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, aseguró que su cartera perseguirá tres grandes objetivos durante la presente administración: la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), lograr una mayor agilidad institucional y mejorar la gestión de residuos y rellenos sanitarios. 

Esta definición abre una oportunidad concreta para abordar un problema urgente, pero muchas veces invisibilizado: el desperdicio de alimentos. Un estudio de académicos de la Universidad de las Américas estima que cada año en Chile se desperdician 5,2 millones de toneladas de alimentos, un fenómeno que no solo representa una contradicción ética en un país donde aún persisten brechas de acceso a la alimentación, sino que también constituye una presión innecesaria sobre los sistemas de gestión de residuos, sobre todo al considerar que gran parte de estos alimentos termina en rellenos sanitarios, donde su descomposición genera emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, contribuyendo directamente a la crisis climática. 

Abordar el desperdicio de alimentos no es solo una cuestión social o ambiental; es también una estrategia clave para avanzar en una gestión de residuos más eficiente, tal como lo plantea la actual agenda gubernamental. En este sentido, prevenir el desperdicio desde el origen -es decir, evitar que los alimentos se conviertan en residuos- es mucho más efectivo que gestionar sus consecuencias.

Hoy, Chile cuenta con iniciativas valiosas que se hacen cargo de este problema, las que son principalmente impulsadas por la sociedad civil y el sector privado; sin embargo, para que este cambio sea significativo y escalable, se requiere avanzar en políticas públicas más decididas que, por ejemplo, generen incentivos claros para la donación y rescate de alimentos, establezcan estándares para la medición del desperdicio y promuevan campañas de educación ciudadana que fomenten un consumo más responsable en los hogares.

Experiencias internacionales demuestran que cuando existen marcos regulatorios adecuados, el impacto -sobre las economías domésticas, los comercios y los rellenos sanitarios o sistemas de gestión de residuos- puede ser sustancial. Un ejemplo emblemático es el caso de Francia, donde se prohibió a los grandes comercios desechar alimentos aptos para el consumo, promoviendo su gestión oportuna o su donación, una medida que se integra de manera coherente en su política nacional de economía circular, reforzando un enfoque preventivo en la gestión de residuos.

En el marco de la conmemoración del Día Cero Desechos resulta fundamental ampliar la mirada: no basta con mejorar la disposición final de los residuos si no se interviene en las causas que los generan. El desperdicio de alimentos es una de ellas y, probablemente, una de las más abordables si existe voluntad política y colaboración público-privada.

Transformar residuos en recursos comienza por evitar que estos se generen. Apostar por políticas que promuevan la reducción del desperdicio de alimentos no solo fortalece la gestión de residuos, sino que también contribuye a un sistema alimentario más justo, eficiente y sostenible. Hoy, más que nunca, es el momento de avanzar en esa dirección.