Tratar de imponer una visión a todas las personas, negando la autonomía personal para decidir sobre el propio cuerpo, daña al país de hoy y del futuro.
La tramitación del proyecto de ley que reconoce y da protección a la identidad de género pasa ya de 3 años y reporta 13 períodos de indicaciones. Se ha discutido sobre el concepto de identidad de género, el procedimiento y la sede, los efectos y sobre la inclusión o no de la solicitud por alguien menor de 18 años.
En relación a esto último comparto unas reflexiones a fin de aportar a un debate que ha sido mezquino con quienes son sus protagonistas: los niños, niñas y adolescentes que viven con una disociación entre el sexo que les asignaron al nacer -a partir fundamentalmente de una mirada a sus genitales y su anatomía externa- y la vivencia personal e individual de su propia identidad, la cual se manifiesta desde temprana edad y va consolidándose conforme su desarrollo.
¿Y porqué creo que ha sido mezquino? Porque se ha dilatado más de lo razonable y se ha hecho desde una mirada adultocéntrica. Y de paso, se han olvidado del compromiso de Chile con el derecho internacional.
La insistencia en seguir discutiendo sobre la pertinencia de incluir a niños, niñas y adolescentes evidencia que para algunos la sexualidad no es tema antes de los 18 años. Se niega así que el cuerpo humano es más que lo solo biológico, sino que se construye a partir de un proceso evolutivo en que se conjugan también lo psicológico y lo social que implica ser persona.
Una razón a esa insistencia estaría en el generalizado desconocimiento que persiste en Chile sobre la formación de la identidad sexual de una persona, anclado a su vez en la existencia de una permanente lucha por imponer discursos sobre el cuerpo que, habiendo sido hegemónicos, hoy son discutidos y rechazados por quienes reclaman el respeto a las diferencias y a la autonomía en una sociedad democrática y plural.
Tratar de imponer una visión a todas las personas, negando la autonomía personal para decidir sobre el propio cuerpo, daña al país de hoy y del futuro. Las discriminaciones por identidad de género pueden generar un proceso dañino del que el Estado debe hacerse cargo a tiempo para no afectar la vida de esos niños y niñas cuando sean adultos. Los riesgos de no proteger se verán luego en una adultez marcada por violencia, deserción escolar a temprana edad, falta de acceso a fuentes laborales e impedimentos para el desarrollo libre de la personalidad y su autonomía.
Si a lo anterior adicionamos que el país debe cumplir con la protección que se debe dar a la infancia y adolescencia, desde el mandato de protección integral, no discriminación e interés superior del niño establecido por la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada y vigente en Chile, no parece correcto descartar o poner trabas al reconocimiento a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, hay que tener presente que conforme a los estándares internacionales, se entiende que el derecho a la identidad que consagra la citada Convención va más allá del nombre, nacionalidad y origen familiar, sino que se extiende también a su historia personal desde el nacimiento, su raza, cultura, religión, lengua, apariencia física, habilidades, identidad de género y orientación sexual.
Además, Chile ha sido llamado por el Comité de Derechos del Niño a cumplir con los imperativos de la Convención al analizar sus informes y formular sus recomendaciones. Ello debe movernos a entender que el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes es fundamental para su desarrollo integral e incide directamente en el ejercicio pleno de sus otros derechos. De ahí que su reconocimiento, desde la conciliación con el pleno respeto a su autonomía progresiva para ir moldeando su propia identidad, de acuerdo con los principios rectores de la infancia y en armonía con el derecho-deber que asiste a los padres, resulta un tema de especial relevancia, debiendo dejarse de lado los estigmas sobre la sexualidad infantil.