BRAGA
Dos mujeres aseguran haber sido víctimas de acoso sexual en la PUC, una de ellas por un compañero de clases, y otra por un profesor. Ambas acudieron a la casa de estudios a pedir ayuda, dando inicio a un proceso de investigación «sesgado», acusan. Según la abogada que lidera el caso, Josefina Letelier, las denunciantes de iniciales, K.H. y M.M., sufrieron la vulneración de diversas garantías constitucionales, por lo que ahora, si la denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior prospera, la universidad arriesga multas que podrían llegar a los 55 millones de pesos.
Esta jornada, ante la Superintendencia de Educación Superior concurrieron dos ex alumnas de pregrado de la Pontificia Universidad Católica para presentar una denuncia contra dicha institución, fundada en la vulneración de diversas garantías constitucionales en la tramitación de casos de acoso sexual de los que ambas fueron víctimas. Una de ellas denuncia acoso por un docente, mientras que la otra por un compañero.
Las estudiantes aseveran que dichos casos fueron tratados de forma irregular, con prejuicios y sesgos por los investigadores de la casa de estudios. Las denunciantes aducen que los procesos de responsabilidad sustanciados por la UC son contrarios al debido proceso y a la imparcialidad, además de incumplir garantías consagradas por la misma normativa interna para con las víctimas.
La abogada que lidera esta causa, Josefina Letelier, explica, en conversación con El Mostrador Braga, las deficiencias de los procesos disciplinarios de la universidad en contextos de acoso, lo que en muchas ocasiones “favorece la impunidad de los victimarios y genera severas afectaciones a la integridad psíquica de quienes denuncian”, comenta.
Inexplicable revictimización
Una de las denunciantes, de iniciales K.H., es una alumna en etapa de titulación en la UC. La joven, no ha podido dar el examen de grado debido a que el denunciado como victimario por acoso, es uno de los docentes que forma parte de los planteles que evalúan dicha instancia y fue sobreseído del caso.
Letelier explica que es emblemático demostrar que los procedimientos disciplinarios internos de la PUC se hallan fuera de lo que un marco constitucional permite.
El calvario de K.H. se profundizó el día que decidió denunciar a un académico de su Facultad, después de dos años de haber sido víctima de acoso sexual. La denunciante alega que, “en lugar de perseguirse la responsabilidad del victimario a través de un proceso racional y justo, las autoridades directivas de la universidad indagaron activamente respecto a mi vida sexual y sentimental”.
Luego de ello, las autoridades determinaron el sobreseimiento del caso porque a su juicio, la conducta del académico se debía más bien a una “torpeza que no sería compatible con el grado de afectación propio de un acoso sexual”, señalan.
Cuando la denunciante decidió apelar a esta decisión, se le negó el acceso al expediente sumarial del caso, así como al resto de los antecedentes relacionados a la defensa del denunciado.
“Básicamente te dan cinco días para apelar, pero no te dan acceso al expediente de responsabilidad, lo único que facilitan es el informe que tiene la apreciación subjetiva de las pruebas por parte de la investigadora. Te niegan el expediente como víctima, pero sí se lo dan al agresor, junto a probablemente la apelación que tú hagas, pero ellos tampoco te van a dar la apelación de él. Entonces, no solo se va a interpretar la prueba en tu contra, sino que, además, se le van a dar mejores oportunidades de defensa al denunciado”, expresa Letelier.
Para la abogada, lo más evidente en términos de arbitrariedad en este caso, es que para acceder al expediente del sumario disciplinario de la Universidad, K.H. tuvo que solicitar protección ante los tribunales superiores de justicia; y, luego de tres peticiones por parte de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, apenas horas antes de los alegatos de la causa ante el magistrado, la universidad accedió a entregarlo.
Lo más grave, es que actualmente el proceso de Secretaría General de la UC funciona como “el antiguo sistema inquisitivo del Derecho Penal, ya que depende solo y exclusivamente del/la investigador/a asignado, con los sesgos que ello supone”, explica Letelier.
En primer lugar, ello conlleva a que el investigador, si es que no le interesa el caso, tiene la facultad de prorrogarlo casi infinitamente. “Podría llevar tu investigación con bastantes sesgos. Le va a preguntar a los testigos, por ejemplo, si tú le pones el pestillo a la puerta, va a indagar sobre tus inclinaciones políticas. Si eres una persona de izquierda, vas a salir probablemente más perjudicada que una persona derecha, y va a usar el detalle de tus relaciones afectivas en tu contra. Todo eso para desacreditar tu denuncia o darle menos valor en su informe, el cual incluye la sugerencia de sanción. Esta sanción siempre es confirmada por el secretario general y el rector, quienes firman la resolución porque no leen los antecedentes del caso”, comenta la abogada.
En este sentido, la decisión final depende de los investigadores, sin existir instancia alguna que verifique que ellos no están incumpliendo sus deberes, que efectivamente indagan de manera imparcial y que no están prorrogando sin ningún fundamento. “Estas investigadoras/es con el poder que manejan, no tienen ningún tipo de capacitación de género. Entonces, probablemente una agresión sexual pueden considerarla como una ‘tendencia natural del hombre’”, reflexiona.
Para Letelier, el caso de K.H. reviste suma urgencia, ya que actualmente la universidad le impide a la denunciante terminar el proceso de egreso y titulación debido a que se deshabilitó su portal académico, y no puede subir los documentos que son el último requisito pendiente para solicitar la fecha de rendición del examen de grado; y, por otro lado, “se niega a ordenar las medidas de resguardo necesarias para impedir que el inculpado forme parte de la comisión evaluadora para optar a su título”, puntualiza.
Un laberinto de arbitrariedades
El otro caso corresponde a M.M., quien es profesional ya titulada de la universidad. Fue víctima de abuso sexual durante su estadía en la casa de estudios por parte de un compañero, a quien denunció a las autoridades UC. Según la misma normativa de la institución, el procedimiento no debía exceder los tres meses, sin embargo, terminó durando cerca de dos años y cuatro meses.
En un comienzo, la denuncia fue sobreseída, pues se estimó que “no existía conducta vulneradora alguna”. La estudiante apeló a la decisión y, luego de comenzar prácticamente un nuevo proceso de investigación, se llegó a la conclusión de que la denunciante efectivamente había sido víctima de abuso sexual.
No obstante, inexplicablemente, la sanción aplicable al victimario fue atenuada y su conducta reducida a una mera “reacción instintiva y torpe de masturbación”.
Suma a lo anterior, la deficiencia procedimental relacionada a trece prórrogas de plazo destinadas a subsanar los errores cometidos por quienes sustanciaban el proceso, incluso, con la posibilidad de permitir al denunciado entregar pruebas que no había presentado con anterioridad al habérsele vencido el plazo.
Paradójicamente, a pesar de haber obtenido una sentencia condenatoria contra su victimario, la abogada explica que fue la alumna la que pagó los mayores costos personales, pues debió anular un semestre académico e interrumpir otros tres debido a que la universidad no adoptó las medidas necesarias para hacer efectiva la separación de espacios que ordenó, lo que expuso a la víctima a compartir con el victimario.
Apoyos y eventuales consecuencias
El libelo, que es respaldado por la Directiva de la Federación de Estudiantes de la UC, busca que la Superintendencia aplique multas a la universidad que podrían llegar a la cifra de 55 millones de pesos.
Las denunciantes declaran que estos casos no son aislados al interior de la institución, existiendo varias víctimas que se hallan en posiciones parecidas, pero que temen denunciar debido a las posibles represalias. “Esperamos que con esta denuncia, las víctimas al interior de la universidad puedan sentirse en una mejor posición para denunciar”, declaró una de ellas.
La defensa de las denunciantes estará a cargo de la organización “Heloicas”, que se especializa en la defensa de las víctimas de acoso y arbitrariedades cometidas al interior de instituciones de educación, habilitando un portal de denuncias en su sitio web para las víctimas de este tipo de casos.
Desde el área de comunicaciones de Heloicas, César Miranda explica que en estos dos casos hubo procedimientos que debieron ser significativamente más breves, pero terminaron durando años. “Hay veces que se decretan medidas de separación que no son tramitadas de oficio, sino que hay que estar gestionando semestre a semestre, y es responsabilidad de la víctima que esto se haga. Entonces es súper revictimizante. Te encuentras con una serie de de vulneraciones de garantías bien complejas (…) en ocasiones, se tienden a hacer preguntas fuera de tono, como por ejemplo, cuál es la posición política de la denunciante», narra.
