Bangladesh condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad

Este lunes el Tribunal Internacional de Crímenes de Banglandesh (ICT, por sus siglas en inglés) condenó a la pena de muerte a Sheikh Hasina, ex primera ministra, por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas del año pasado, las que culminaron con la dimisión e huida a la India de Hasina.

La ex primera ministra fue la figura política más poderosa del país durante más de una década y ahora se enfrenta a un escenario político y jurídico marcado por la incertidumbre. La escena es un hecho sin precedentes en la historia de Bangladesh.

Sheikh Hasina, de 78 años y figura histórica de la Liga Awami, dejó el poder en agosto de 2024 tras un levantamiento estudiantil que denunció abusos y corrupción. La revuelta fue reprimida con extrema violencia, dejando alrededor de 1.500 muertos según la ONU. Desde entonces, la ex primera ministra permanece exiliada en India, mientras un Gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus asumió la conducción del país.

Hasina fue posteriormente condenada por crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas de 2024. La sentencia abarcó acusaciones que incluyen la organización de asesinatos masivos de manifestantes, el uso de fuerza letal desde tierra y aire, la ejecución de personas identificadas y la coordinación de persecuciones en distintas regiones. Por el primer conjunto de cargos, recibió cadena perpetua después de ser declarada culpable de incitación, orden de asesinatos e inacción frente a las atrocidades y de no tomar medidas contra los responsables. En el segundo caso, fue considerada responsable de crímenes de lesa humanidad por ordenar ataques con drones, helicópteros y armas letales, lo que derivó en una condena a muerte. Para Muhammad Yunus, la sentencia reafirma un principio esencial. “Nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley”, explica.

Hoy el destino de Hasina se resume en una sola palabra: extradición. Su futuro depende de India, el país donde vive desde agosto de 2024 y el único que puede decidir si la entrega o no a la justicia bangladesí. Horas después del fallo, el Gobierno interino de Bangladesh solicitó a Nueva Delhi la “entrega inmediata” de Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte. La respuesta india se limitó a reafirmar su “compromiso con el pueblo bangladesí”, sin referirse directamente a la extradición, una postura que la dejó en una situación diplomática especialmente sensible.

Aunque India y Bangladesh mantienen desde 2013 un tratado de extradición recíproca, su aplicación no es automática. La abogada del Tribunal Supremo de India, Jasmine Damkewala, explica que “la reciprocidad varía de un país a otro y entre un país y otro”, y que “una lectura detenida de la legislación revela que el acuerdo recíproco no se aplica en casos de delitos políticos y en este caso las acusaciones contra la ex primera ministra entran en esa categoría”. En consecuencia, India no estaría obligada a entregarla y Hasina incluso podría solicitar asilo. La jurista añade que ningún agente extranjero puede efectuar detenciones en territorio indio y que cualquier procedimiento debe seguir los canales diplomáticos, desde la Alta Comisión hasta una revisión legal del tratado y de los cargos presentados. “Hasta que este examen determine si los delitos imputados son políticos -como sostiene también el propio Alto Comisionado de India en Daca- la exmandataria puede seguir residiendo legalmente en el país”, concluyó.