Gobierno entrega balance de políticas de género y refuerza medidas de protección a víctimas

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno presentó un balance de los avances en políticas de género impulsadas durante la actual administración. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, encabezó la instancia, donde además se relanzó la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, destinada a difundir los alcances de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Uno de los hitos destacados fue la aprobación, en marzo de 2024 y tras siete años de tramitación, de la Ley Integral. La normativa fortalece la fiscalización de medidas cautelares, establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y amplía la representación jurídica del SernamEG en casos de femicidios y suicidios femicidas. También incorpora a niños y niñas como víctimas, y no solo testigos, de violencia de género, y crea un sistema de gestión integral de casos que busca mejorar la articulación entre instituciones y evitar la revictimización.

El Ejecutivo resaltó además la implementación del Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, que comenzó como piloto en 15 municipios. Esta herramienta permitirá por primera vez que instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las policías, el Ministerio de Seguridad, SernamEG y los municipios compartan información automáticamente, creando una ficha única para agilizar y coordinar la atención de mujeres que viven violencia.

Con la entrada en vigencia de la Ley Integral, las medidas de protección dictadas a favor de mujeres víctimas comenzaron a ser revisadas y supervisadas obligatoriamente por los tribunales, un cambio respecto de la práctica anterior, donde muchas resoluciones vencían sin conocimiento de la víctima. Entre junio y diciembre de 2024 se realizaron 7.049 audiencias, cifra que supera las 17 mil hasta agosto de 2025. Paralelamente, el Ministerio Público avanzó en un sistema de contacto vía SMS para comunicar medidas de protección y audiencias: solo entre enero y junio de 2025 se enviaron 588.584 mensajes y se logró contactar a 479.991 víctimas.

El Gobierno detalló también el proceso de modernización del SernamEG, iniciado en 2023, que prioriza la atención jurídica y psicosocial especializada para mujeres que viven violencias graves o extremas. Como parte de este esfuerzo, se instaló al menos un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) por región, con equipos jurídicos, psicológicos, psiquiátricos y sociales. En 2025 estos centros realizaron más de 13 mil atenciones, atendieron a 2.094 mujeres, llevaron 774 representaciones judiciales y presentaron 375 querellas.

Más cobertura, más atenciones y mayores recursos para víctimas de violencia

El balance institucional señala que los programas del SernamEG están presentes en el 90,2% del territorio nacional, con cobertura en 312 municipios y casi un millón de mujeres atendidas en los últimos tres años. Al cierre de septiembre de 2025, el servicio había ejecutado el 87,3% de su presupuesto y proyecta un aumento del 16,4% para 2026, destinado principalmente a reforzar la reparación integral establecida por la Ley Integral. También se mantienen 27 Centros de Atención Especializada, 34 Residencias Transitorias y 128 Centros de la Mujer, que en 2024 otorgaron más de 6 mil patrocinios y acompañaron a más de 80 mil usuarias.

El Sistema de Apoyo Telefónico y Teleasistencia (SATT) ha gestionado más de 600 mil atenciones desde 2022, y solo en 2024 registró 86.421 a nivel nacional. A esto se suma la entrega de pensiones para niñas, niños y adolescentes cuyos cuidados quedaron a cargo del Estado tras un femicidio: desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025 se han concedido 192 beneficios.

El balance también recordó la vigencia de la llamada Ley Antonia, promulgada en diciembre de 2022, que tipifica el suicidio femicida y la inducción al suicidio, delitos inexistentes hasta entonces. La normativa refuerza los derechos de las víctimas en procesos judiciales y reconoce explícitamente la relación entre violencia de género y salud mental.