Las políticas no son neutrales al género: La preocupación por la seguridad desde el feminismo

Abordar las políticas públicas en materia de seguridad desde el feminismo implica reconocer que las mujeres vivimos inseguridades específicas, la existencia de relaciones de poder y de género en contextos violentos y que somos víctimas de delitos que obligan al Estado a responder con estrategias diferenciadas y transformadoras.

También implica reconocer que la violencia se ejerce de manera distinta dependiendo de la etnia, la clase social, la edad y la orientación sexual de las personas y que, por tanto, el diseño de las políticas públicas debe considerar un enfoque interseccional.

El crimen organizado promueve la violencia, inhibe la actividad económica, aumenta la desconfianza en las instituciones democráticas, vulnera los derechos humanos y socaba la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Por ello, los problemas de seguridad pública deberían ser siempre una preocupación permanente para las feministas que diseñan políticas públicas.

El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2024) señala que, cuando el narcotráfico y las organizaciones criminales armadas se apoderan de los barrios, las mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes son los más afectados. Las mujeres tienden a enfrentar más barreras de acceso a las políticas de prevención y a los dispositivos de atención en los territorios más vulnerables.

Los “narco-funerales”, los enfrentamientos armados entre organizaciones criminales por disputas territoriales y la violencia que estos ejercen al interior de hospitales, centros de salud y zonas cercanas a escuelas, afectan directamente el derecho a la seguridad de las personas, a la salud, a la educación, a la libre circulación y, por cierto, a vivir en un entorno libre de violencia. Si consideramos que las mujeres siguen siendo las gestoras intermediaras de la relación entre la comunidad y los servicios antes descritos, serán ellas las que estarán en la primera línea del peligro.

Delitos como la trata de personas o el tráfico ilícito de personas, mercados ilícitos que se han extendido mayoritariamente en el norte del país afectan de manera diferencia a las personas. Mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de la trata, particularmente, con fines de explotación sexual.

El espacio digital también facilita todo tipo de criminalidad y las mujeres están siendo las principales víctimas de delitos como el ciberacoso, la extorsión y, en general, de múltiples tipos de violencia digital.

Pero las mujeres no sólo hemos sido víctimas. Si bien ha existido una tendencia de ver la delincuencia y la criminalidad organizada como “cosa de hombres”, un análisis más profundo de la región evidencia que las mujeres también son parte de organizaciones criminales que se dedican, principalmente, al narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Además, las mujeres tienden a participar en mayor medida en las tareas de mayor exposición y riesgo de ser encarceladas, como lo es el transporte de la droga y el “narcomenudeo”.

Por razones socioeconómicas, protección, lazos familiares o sentimentales, entre otros, las mujeres siempre han sido parte de la estructura criminal, sin embargo, las modalidades de su participación y las vulnerabilidades que las llevan a ser parte de dichas estructuras han sido invisibilizadas en el trabajo académico, mediático, policial y, por cierto, en el diseño de las políticas públicas.

Finalmente, la clave es contar con una estrategia concreta de prevención de la corrupción para evitar que las instituciones del Estado sean cooptadas y permeadas por las organizaciones criminales. El fortalecimiento institucional, la modernización y las acciones tendientes a mejorar los controles internos de Carabineros de Chile, la Policía de Investigación, DIRECTEMAR, Ministerio Público, y de todas las instituciones competentes en la persecución de la ruta del dinero ilícito, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), son claves en esta materia.

En este contexto, y en periodos electorales como el que estamos viviendo en Chile, es más importante que nunca responderles a aquellas voces populistas que promueven, en nombre de la seguridad, que el Estado actué vulnerando los derechos humanos. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de promover la profesionalización de las fuerzas policiales y de perfeccionar de manera permanente las políticas públicas de prevención, control y persecución penal con enfoque de género y apego irrestricto a los derechos humanos.

No existen las políticas neutrales al género. Tenemos la profunda convicción de que el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad implica estrategias concretas para quitarle el poder económico y de fuego a las organizaciones criminales que hoy amenazan los territorios y vulneran nuestros derechos humanos. Así, como feministas, avanzamos en la lucha por la transformación de injusticias sociales y por garantizar una vida libre de violencia para todos y todas.