Aborto legal: una deuda con la autonomía, la salud y la justicia

La discusión sobre el aborto legal en Chile ha comenzado nuevamente en el Congreso, esta vez con la presentación del proyecto ante la Comisión de Salud. El modelo propuesto permitiría la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas por decisión exclusiva de la mujer, y mantendría las tres causales vigentes para los casos posteriores. No es un capricho ideológico, como algunos han insinuado: es una respuesta urgente a una realidad que no puede seguir siendo ignorada.

Las cifras son claras. En la última década, más de 260 mil hospitalizaciones han sido consecuencia de abortos inseguros, mientras que 444 investigaciones se han abierto por el delito de aborto, incluso cuando en el 10% de los casos se trataba de abortos espontáneos acreditados. ¿Qué más necesitamos para entender que la clandestinidad no protege la vida, sino que la pone en riesgo? Este proyecto no promueve el aborto, lo regula. No impone decisiones, las garantiza. No divide al país, lo enfrenta con una deuda pendiente: reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud y su futuro.

Como abogada, me preocupa profundamente que se siga legislando desde la negación de derechos fundamentales. El derecho a la salud, a la integridad física, a vivir libres de violencia y a no ser sometidas a tratos crueles o inhumanos están consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile. El aborto legal, en este contexto, no es un privilegio; es una herramienta para proteger esos derechos.

Algunos parlamentarios han recurrido a argumentos constitucionales para desestimar el proyecto. Pero la interpretación jurídica no puede ser estática ni descontextualizada. Cuando hay derechos que colisionan, como el derecho a la vida y el derecho a la autonomía corporal, el Estado tiene el deber de ponderarlos, considerando el impacto real en la vida de las personas. Y en este caso, la vida y la salud de las mujeres están en juego.

Este proyecto también contempla un abordaje médico racional; manejo ambulatorio y farmacológico hasta la semana 11, y atención hospitalaria entre la semana 12 y 14. No se trata de improvisar, sino de garantizar condiciones seguras, dignas y accesibles. La objeción de conciencia se mantiene bajo la regulación actual, respetando la diversidad de convicciones sin obstaculizar el acceso.

Chile no puede seguir postergando este debate. No somos un país donde las mujeres deban vivir bajo tutela. Somos una sociedad que aspira a la justicia, a la equidad y al respeto por la diversidad. Legislar sobre aborto legal es legislar sobre libertad, sobre salud pública, y sobre el derecho a decidir sin miedo ni castigo.

Es hora de avanzar. Porque cada día que pasa sin esta ley, miles de mujeres siguen enfrentando el abandono institucional y el riesgo sanitario. Y eso, en cualquier democracia que se respete, es inaceptable.