Defender lo avanzado: igualdad y derechos en la educación superior

En un año electoral, los programas de gobierno se transforman en ejercicios de diagnóstico y proyección del país que queremos. Desde las Unidades Locales de Género de la Universidad de Chile, proponemos que la igualdad sustantiva entre mujeres, hombres y disidencias sexo-genéricas en la educación superior no sea concebida como un asunto sectorial o “complementario”, sino como un eje estructurante de las políticas públicas en ciencia, educación y trabajo. La evidencia acumulada en los últimos años demuestra que las instituciones públicas que incorporan el enfoque de género de manera transversal refuerzan su democracia interna y profundizan su función social para el desarrollo del país.

1. Fortalecer la institucionalidad de género y el cumplimiento de la Ley 21.369

La promulgación de la Ley 21.369 significó un hito en la regulación de las políticas de xigualdad y de prevención de la violencia de género en las universidades. Sin embargo, su implementación ha sido desigual, dependiente en muchos casos de la voluntad política y presupuestaria de cada institución. Las Unidades y Direcciones de Género, creadas en respuesta a las demandas estudiantiles y feministas, se han convertido en espacios clave para la transformación cultural de la educación superior. No obstante, la ausencia de financiamiento basal, de reconocimiento formal y de mecanismos estables de evaluación y seguimiento amenaza su sostenibilidad.

El próximo gobierno debiera asumir el fortalecimiento de esta institucionalidad como una prioridad estratégica. Esto incluye la creación de unidades donde aún no existen, la consolidación de equipos profesionales especializados y la incorporación del enfoque de género como criterio obligatorio de acreditación institucional y curricular ante la Comisión Nacional de Acreditación. Solo así será posible asegurar que la igualdad no dependa de voluntades individuales, sino que sea un mandato estructural de calidad educativa.

2. Corresponsabilidad social del cuidado y conciliación en el sector público

Las políticas laborales de corresponsabilidad y conciliación han tenido avances importantes en el sector privado, con la reducción de jornada y la Ley de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal (Ley 21.645), pero no han tenido una traducción equivalente en el sector público. Esta asimetría resulta particularmente evidente en las universidades estatales, donde los marcos normativos siguen anclados en modelos laborales que suponen disponibilidad total y que invisibilizan las tareas de cuidado.

Resulta urgente revisar el Estatuto Administrativo y los reglamentos internos para incorporar derechos de conciliación y flexibilidad equivalentes a los del sector privado. La corresponsabilidad no es una concesión, sino una condición para la igualdad real de oportunidades. Además, las universidades pueden y deben ser un laboratorio institucional para el diseño de una política integral de cuidados, con redes internas, infraestructura de apoyo y reconocimiento del tiempo de cuidado como trabajo socialmente valioso. Sin esta transformación, la equidad en la academia seguirá siendo una meta lejana.

3. Equidad de género en la investigación y la carrera académica

La evidencia nacional e internacional muestra que las brechas de género en la investigación y en la jerarquización académica son persistentes. Las mujeres y disidencias enfrentan mayores obstáculos para liderar proyectos, acceder a fondos y alcanzar posiciones de decisión. Estas desigualdades no responden a diferencias de mérito, sino a sesgos institucionales, modelos de evaluación androcentristas y condiciones laborales inequitativas.

El desafío es incorporar la perspectiva de género en la política científica nacional, incrementando el financiamiento público para proyectos interdisciplinarios con enfoque de género, y estableciendo mecanismos de evaluación que reconozcan la diversidad de trayectorias y los efectos del trabajo de cuidado. Es necesario, además, garantizar procesos de jerarquización y contratación que incorporen criterios de paridad, transparencia y equidad. Sin una acción deliberada del Estado en esta materia, la reproducción de las desigualdades en el sistema científico seguirá siendo estructural.

Sostener lo avanzado, proyectar la igualdad

Estas tres prioridades no constituyen una agenda particularista, sino una hoja de ruta para la modernización democrática de la educación superior. En un momento en que las universidades son interpeladas por las demandas sociales de igualdad y justicia, el Estado debe garantizar que los avances alcanzados no retrocedan y que la igualdad de género se consolide como principio rector de las políticas públicas en educación, ciencia y trabajo.

La equidad en la educación superior no es solo un objetivo ético: es una condición para el desarrollo de un país que se piensa a sí mismo en clave de derechos, democracia y futuro.