CULTURA
La polémica es por un artículo incluido en la ley que crea el Ministerio de Ciencia, que fue rechazado en masa por las universidades, donde se realiza el 90% de la investigación. La norma obliga a devolver el 100% de los fondos otorgados para la investigación si una patente tiene éxito. «Nadie está en contra de que el Estado recupere algo, el tema es la forma», dice Andrea Rodríguez, vicerrectora de la Universidad de Concepción. Tener que devolver el 100% de los fondos «desincentiva en un país donde la innovación está en niveles muy bajos todavía. El país le tiene que agregar valor a lo que está produciendo». [ACTUALIZADA]
Una nueva polémica, por lo que varios científicos consideran un atentado a la innovación en Chile, ha surgido a raíz de un artículo en la ley que crea el nuevo Ministerio de la Ciencia.
La nueva norma obliga a los investigadores a devolver la totalidad de los fondos estatales de apoyo en caso de crear una innovación que genere ingresos, algo que muchos científicos estiman desproporcionado.
El tema es álgido, ya que el nuevo Ministerio está a punto de nacer y la carrera de los opositores es contra el tiempo. Ellos pretenden que la norma se elimine y sea debatida en una ley específica, más adelante.
En una carta pública dada a conocer por este medio, un grupo de 16 vicerrectores de investigación y desarrollo de las universidades públicas del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) alertaron que el artículo 9 sobre los derechos de propiedad industrial obliga a los investigadores o instituciones a restituir el 100% de los fondos asignados. «En términos simples, si hay lucro, hay que restituir los fondos», sintetizó una fuente gubernamental.
Además, deben entregar una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos, así como el derecho a uso por parte del Estado, a través de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa.
En Chile los científicos se financian principalmente a través de fondos Fondecyt, que otorgan usualmente unos $50 millones anuales, por tres años. Los investigadores realizan su trabajo mayormente en las universidades, para las cuales estos fondos son una importante fuente de financiamiento vital: un científico señaló a este medio que las casas de estudio se quedan con el 10% y 15%, aproximadamente, de los fondos adjudicados.
Solo en 2016, Fondecyt adjudicó un presupuesto de $112 mil millones a las casas de estudio, responsables del 90% de la investigación en el país. Esta norma las obligaría a devolver fondos que no les sobran, precisamente.
[cita tipo=»destaque»]»Nosotros seguimos los modelos más exitosos en materia de propiedad intelectual, que son Estados Unidos y México. Del modelo americano tomamos que el Estado se reserva el derecho a tener una patente, pero tiene que pagar. Nosotros agregamos que, si no hay acuerdo entre las partes, se tiene que someter a arbitraje, para resguardar el derecho de propiedad intelectual de los investigadores», señalaron desde la Segpres.[/cita]
Si bien de los proyectos Fondecyt de ciencias apenas un 5% termina en patentes (el resto lo hace en publicaciones científicas), para Andrea Rodríguez, vicerrectora de la Universidad de Concepción y una de las firmantes de la carta, la norma es «un mal precedente, porque muestra los lineamientos del Estado en este tema».
«(El artículo) tiene varias implicancias de forma y de fondo. De forma, porque los resultados de patentamiento son resultado de una cadena de varios proyectos. Y cuando te dicen que vas a tener que devolver los fondos, el punto es si eso se puede hacer», plantea.
«Además está el tema de los ingresos. ¿Estamos hablando de los beneficios, de las utilidades? Porque no es lo mismo ingresos que utilidades», apunta.
Por otro lado, están las implicancias de fondo, en relación con el «rol del Estado en el apoyo a la innovación. Sería mejor enmarcarlo en un proyecto de ley, que se va a discutir, de transferencia tecnológica. ¿Tiene que ser, el Estado un prestamista que, cuando el proyecto funciona, hay que devolver todo? ¿O va a ser un subsidio sin esperar un retorno directo?».
Para Rodríguez, el reembolso podría ser indirecto, a través del «impacto que tiene una innovación en la sociedad, que genera empleo y movimiento económico».
«Esto es un tema a discutir en profundidad. No fue lo más indicado salir con ese artículo en este momento», remató. «Nadie está en contra de que el Estado recupere algo, el tema es la forma», precisa. Tener que devolver el 100% de los fondos «desincentiva en un país donde la innovación está en niveles muy bajos todavía. El país le tiene que agregar valor a lo que está produciendo», recalcó.
Sin embargo, en el Gobierno la opinión es otra. En la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) no quisieron hablar y derivaron la respuesta a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el ministerio a cargo de la redacción de la norma y la negociación en el Parlamento.
Una alta fuente de la Segpres rechazó las críticas y destacó que la ley ha sido ampliamente discutida, con presencia de numerosos científicos en las audiencias en el Parlamento, especialmente en la Comisión Mixta, con un debate que incluso fue televisado.
«Nosotros seguimos los modelos más exitosos en materia de propiedad intelectual, que son Estados Unidos y México. De modelo americano tomamos que el Estado se reserva el derecho a tener una patente, pero tiene que pagar. Nosotros agregamos que, si no hay acuerdo entre las partes, se tiene que someter a arbitraje, para resguardar el derecho de propiedad intelectual de los investigadores», señaló.
En tanto, del modelo de Israel se tomó la obligación de restitución total de los fondos, siempre y cuando el proyecto se comercialice. Frente a las críticas de ingresos versus utilidades, la fuente respondió que «lo discutimos, pero, si lo dejas en términos de utilidades, lo complejizas en términos contables. Se cobra un 5% de las ventas futuras».
Además destacó que esto es una mejora respecto a la situación actual, «porque hoy, si quieres patentar, de acuerdo a la regulación actual de Fondecyt, tienes que restituir el fondo completo. Con la nueva ley no será así, solo si tienes éxito en la comercialización del proyecto».
Efectivamente, según indica INAPI, el artículo 9 de la actual ley de Fondecyt establece que quien esté interesado en proteger su invento, por ejemplo mediante una patente, deberá pedir autorización a Fondecyt y deberá devolver latotalidad de los fondos. «Como se consideró que este artículo desincentiva el patentamiento, en la ley que crea el nuevo Ministerio de Ciencia se incorporó un nuevo artículo pero que aun no entra en vigor», señaló una fuente de INAPI.
La fuente de Segpre, insistió, además, en que «en la práctica esto se va a aplicar muy poco, porque los Fondecyt están orientados a ciencia básica. Y solo el 10% de las patentes termina explotándose comercialmente. El dato es que el Fondecyt ha otorgado 16 mil proyectos y solo 32 veces se patentó».
«Al final, esto tiene que ver con la componente solidaria en que el Estado usa los recursos. Es similar a lo que creemos en materia de educación superior: tienes que restituir lo que recibiste para que el Estado pueda seguir financiando ciencia e innovación», remató.
«Además en el reglamento podemos precisar más cosas, como que el porcentaje de restitución nunca supere cierto nivel de ingresos, por ejemplo, o que, si un producto tiene pérdidas, no deberá restituir fondos», indica.
La fuente coincidió, eso sí, en que hace falta una ley de transferencia tecnológica que incluya, además de Fondecyt, a los Fondef y los fondos Corfo. «Queremos trabajarla este año, ojalá presentarla a fines del año o comienzos del próximo. Estamos haciendo un esfuerzo con INAPI y el Ministerio de Economía para poder abordar este punto integralmente».
La visión del Gobierno es compartida por otros especialistas, como el abogado Jorge Rojas, académico de la Universidad de California.
«Nadie puede sostener con seriedad que la sola existencia de este tipo de regulaciones (…) hayan resultado en una falta de interés del sector privado por participar en proyectos de transferencia tecnológica en Berkeley, Davis, Stanford, MIT u otras universidades conocidas mundialmente por sus fortalezas en estas áreas», señaló en una columna publicada por este medio.
«Cuando hay objetivos tan claros que perseguir, no es juicioso perder el foco, y tiene un alto costo de oportunidad invertir esfuerzos en criticar infundadamente una legislación como la que comentamos, que en nada afectará la transferencia tecnológica en Chile, en vez de destinar muchos más esfuerzos a seguir contribuyendo a alcanzar adecuados niveles de inversión en I+D+I, lo que realmente seguirá impactando nuestro desarrollo como país en el largo plazo», aseguró.
