CULTURA
Aunque un informe de DICTUC no descartó que se pudo deber a una bomba lacrimógena, para el Ministerio Público no se pudo establecer ni la causa del incendio ni quien pudo participar en él. «No hay justicia en Chile», lamentó Roser Fort, directora de la entidad, que había presentado una querella por los hechos.
A casi tres años del incendio que destruyó Centro Arte Alameda, el 27 de diciembre de 2019, la Fiscalía decidió cerrar la investigación por el incendio que afectó el lugar.
El lugar se encuentra en las inmediaciones de Plaza Baquedano –también conocida como Italia o de la Dignidad- y brindaba auxilio a las personas heridas en el marco de los enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros, surgidas a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019.
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Otros lugares afectados por los hechos de violencia han sido el Museo Violeta Parra, también incendiado, así como numerosos locales comerciales en la zona, además de hoteles, iglesias y monumentos. Actualmente los días viernes eventualmente hay manifestaciones en el lugar, aunque con menor intensidad que en sus inicios.
A metros del Centro Arte Alameda además falleció en noviembre de 2019 el joven Abel Acuña, en medio de las protestas, y fueron heridas numerosas personas, como el estudiante de sicología Gustavo Gatica, quien perdió su visión tras ser baleado por Carabineros.
La decisión se adoptó ya que tras los peritajes realizados no se pudo establecer ni la causa del incendio ni quien pudo participar en él, según informó una fuente del Ministerio Público. En el lugar funcionó durante los años 80 el cine Normandie y desde 1992 el Centro Arte Alameda, dedicado principalmente al cine arte e independiente.
Crédito: Catalina Catus
Roser Fort, directora del Centro Arte Alameda, manifestó su decepción por la decisión. «La justicia no existe en Chile», indicó en Instagram.
«La Fiscalía comunicó al Poder Judicial no perseverar en el caso, en la búsqueda de culpables, a pesar de una carpeta investigativa y numerosas evidencias recopiladas», manifestó Fort.
El cierre se dio a pesar de testimonios de ciudadanos, registro audiovisual, e incluso un informe realizado por DICTUC (Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile) en el que una bomba lacrimógena califica como un objeto incendiario.
El informe 1566687 del 21 de diciembre de 2021 de DICTUC señala que «el inicio del incendio pudo haber sido causado por una bomba lacrimógena».
Según el informe, la temperatura generada por la cápsula es suficientemente alta para encender un material combustible de tipo “Combustible ligero muerto” como aquel posiblemente alojado en la canaleta de aguas lluvias al día del siniestro, en la ubicación identificada como área de origen.
«Las llamas de esta combustión pueden haber sido las suficientes para generar la ignición del poliestireno expandido (EPS) presente en la cubierta de la techumbre, material cuyo extremo se posicionaba justamente sobre la canaleta de aguas lluvias en una posición e inclinación favorable para la propagación del fuego por su superficie hacia el interior», indica el reporte.
«Además, se constató en el Laboratorio de la Unidad de Ingeniería de Protección Contra el Fuego de DICTUC que este material (EPS), al arder, genera goteo incandescente o con llamas. Por la ubicación y disposición física de los materiales, y según la arquitectura del edificio, es posible que este goteo se haya depositado sobre las cortinas en el interior de la sala cine, pudiendo generarse así la propagación general del fuego hacia el resto de la instalación siniestrada».
Crédito: Edén Rodríguez
En una querella presentada en 2020, el Centro denunció que en los días de protesta previos, «como resultado de una fuerte represión policial, cayeron en el techo del edificio y alrededores más de 70 bombas lacrimógenas que provenían de Carabineros».
La acción legal señala que el incendio «se inició, como dan cuenta varias grabaciones, en el costado sur poniente del edificio, por lo que, al llegar al techo, los trabajadores no lograron identificar el punto donde el fuego principió, ya que el objeto que inició el siniestro cayó en un cortafuego, quedando fuera de su alcance visual. De todas formas, consideramos que si el incendio hubiese sido generado por una bomba molotov, la expansión del fuego habría sido notoria y rápida».
La directora del Centro Alameda señala en el documento que desde que comenzó el estallido social, ha observado «una cierta animadversión por parte de funcionarios de Carabineros. Han sido ellos mismos quienes hostigan a nuestros trabajadores e incluso a la directora». Añadió que «el zorillo de Carabineros ha direccionado varias bombas lacrimógenas al interior del centro, incluso por alto parlante nos han gritado: ‘Cajita de fósforos” o ‘pájaro tuerto’. A la fecha seguimos recibiendo agua con químicos, perdigones y lacrimógenas que rebotan en las improvisadas cubiertas de nuestra entrada».
Fort manifestó que «desde la autogestión, siempre nuestra motivación ha sido ser un aporte cultural a las artes y a la cultura. Este nuevo hito en una larga espera por una solución concreta nos parece desesperanzador e injusto, y da una muy mala señal de impunidad».
Actualmente, la entidad está trabajando con Hermosilla & Compañía Abogados para ver cuáles serán los pasos a seguir.
«Seguiremos adelante en la búsqueda de su reconstrucción», aseguró la directora del Centro, que actualmente exhibe su programación junto al Centro Extensión Instituto Nacional (CEINA).
