Opinión
La realidad muestra que un actor tan fundamental para la República, como es la Presidencia, no está siendo capaz de comprender qué significa hacer gestión política en el actual contexto de crisis y cómo administrar un escenario de rabia social. Su única estrategia es apostar al paso del tiempo, de los días y a la saturación de la violencia. Pero la gente no percibe ni siente que haya soluciones reales, concretas. El Mandatario está pasando, así, de ser parte del problema a ser él el problema. Más valdría abrir el debate y no clausurarlo, para estar preparados para los escenarios que también se presenten.
La volatilidad del actual clima político y social que vive el país, hace que los acontecimientos se susciten con mucha rapidez. Cuando no se controlan las variables o estas resultan imprecisas, la falta de seguridades no hace sino profundizar la incertidumbre acerca de cómo se sale de una crisis. Una forma de adaptarse de manera eficaz a ese tipo de escenarios corre de la mano de la prospectiva. Como sabemos, el objeto de esta es responder a lo que puede ocurrir para formular lo que podemos hacer. La mejor forma de predecir el futuro es construyéndolo.
Hace algunos días, en este mismo medio, intentábamos anticipar algunos escenarios. Identificábamos entonces cuatro: polarización, ventana de oportunidades, vacío de poder y un último, contraintuitivo, que llamábamos el estadista. Los hechos han ido perfilando un nuevo escenario –el quinto de la saga– que da cuenta del posible fin anticipado del actual periodo presidencial.
[cita tipo=»destaque»]El argumento es no repetir el quiebre democrático de 1973. Sin embargo, los constructores de esta línea argumental omiten que Salvador Allende fue derrocado por las Fuerza Armadas y no a través de un proceso institucional. El dato real es que este procedimiento está establecido en la actual Constitución. El artículo 29 señala que si por “impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo y faltaran menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno, por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio”. Como establece el axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas.[/cita]
Este escenario, conforme trascurren los días, se va haciendo más nítido. Los últimos datos muestran a un Presidente con bajísimos niveles de aprobación a su gestión. Su aprobación está en un dígito, sin que se vislumbre un repunte. Y su coalición de Gobierno comienza a mostrar fisuras en relación con las decisiones que ha tomado el Mandatario para enfrentar la crisis. Especialmente, se han observado divergencias respecto a las medidas para el restablecimiento del orden público, la relación con Carabineros y con el rol de las Fuerza Armadas, las que resienten que no exista claridad respecto de lo que se espera de ellas y de las reglas del uso de la fuerza.
También se observan discrepancias con la agenda social y económica que el Gobierno busca imponer. Para varios parlamentarios de su sector, esta es una condición necesaria, pero aún insuficiente. El excesivo foco en la economía ha instalado también un espacio para la crítica, ya que se cuestiona –sotto voce– que se enfrente con criterios y medidas económicas una crisis de una entidad distinta. En paralelo, la baja coyuntural en la conflictividad en los últimos días, está contribuyendo a desactivar el miedo en La Moneda.
En este cuadro, el llamado “partido del orden” parece no haber acusado totalmente el golpe. No aceptan verbalizar lo que se habla en los entresijos del poder: la salida anticipada del Presidente. Miembros de la elite del poder, políticos, parlamentarios y columnistas de la plaza sostienen, como mantra, que es fundamental para la República que el Presidente pueda terminar su mandato. Uno de sus miembros sostiene en la prensa dominical que “no debiera estar en discusión que el Presidente termine su mandato”.
Parte del argumento es no repetir el quiebre democrático de 1973. Sin embargo, los constructores de esta línea argumental omiten que Salvador Allende fue derrocado por las Fuerza Armadas y no a través de un proceso institucional. El dato real es que este procedimiento está establecido en la actual Constitución. El artículo 29 señala que si por “impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo y faltaran menos de dos años para la próxima elección presidencial, el Presidente será elegido por el Congreso Pleno, por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio”. Como establece el axioma jurídico, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Son varias las preguntas que no responden los miembros del transversal partido del orden: ¿podrá el Presidente asegurar la gobernabilidad democrática durante los dos años que le restan de mandato?, ¿cómo resolverá el problema de ineficacia gubernamental para el tratamiento de los problemas sociales y/o erosión de la legitimidad política y social, que podrían derivar en un círculo vicioso que puede desembocar en situaciones inestables o de ingobernabilidad?
Además, ¿cómo se resuelve la incapacidad del sistema político para procesar la crisis con cierta legitimidad? Y si está en condiciones el Presidente de asegurar el orden público, con el actual desgaste operativo e institucional de Carabineros y sin las condiciones y reglas del uso de la fuerza que plantean las Fuerzas Armadas para volver a actuar ante un llamado del Mandatario? No solo eso, ¿cómo se llega al plebiscito de abril que, paradójicamente, está tan cerca pero tan lejos? La respuesta es el llamado al orden, cancelando el análisis de esta variable. Se niega así la posibilidad de anticipación y de exploración de escenarios.
Pero la realidad muestra que un actor tan fundamental para la República, como es la Presidencia, no está siendo capaz de comprender qué significa hacer gestión política en el actual contexto de crisis y cómo administrar un escenario de rabia social. Su única estrategia es apostar al paso del tiempo, de los días y a la saturación de la violencia. Pero la gente no percibe ni siente que haya soluciones reales ni concretas. El Mandatario está pasando, así, de ser parte del problema a ser él el problema.
Nada va a funcionar si la legitimidad social del Presidente no funciona. Todo lo que gira alrededor de la Presidencia de la República no funciona, porque es la pieza central la que parece estar fallando. Portales, en 1832, señalaba que “el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche…”, de esa fuerza ha estado dotado nuestro presidencialismo. Pero hoy parece imperar sin peso la noche. Más valdría abrir el debate y no clausurarlo, para estar preparados para los escenarios que también se presenten.
