Objetivos de Desarrollo Sostenible: otra promesa incumplida

En 2015, 193 estados (incluido Chile) acordaron implementar, para el año 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta agenda, la lucha contra la pobreza y el hambre es tan importante como el compromiso con una mayor protección del clima, un mejor acceso a una educación de calidad, y la protección de los ecosistemas.

Los ODS representan el acuerdo más ambicioso en la historia de la humanidad y si tiene éxito, resolvería muchos de los desafíos más apremiantes de la civilización.

En Chile, los dichos y promesas en torno a esta agenda de desarrollo contrastan penosamente con los hechos, y esa dicotomía se hace aún más obvia frente a la crisis que vive el país. La declaración inicial del Primer Informe Nacional Voluntario de los ODS en 2017 plantea: “La Agenda (ODS) 2030 es consistente con el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y las reformas Tributaria, Educacional y Laboral, así como con la expansión del Sistema de Protección Social y los significativos avances en la gestión ambiental”.

Asimismo, en el prólogo del Segundo Informe Nacional Voluntario de los ODS presentado en julio de este año en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Sebastián Piñera no sólo ratifica los compromisos de su gobierno con esta agenda, sino que asegura que “a lo largo de sus más de doscientos años de vida independiente, Chile nunca estuvo tan cerca de conquistar el desarrollo integral, inclusivo y sustentable… Y, sin duda, las generaciones que nos sucederán nos juzgarán por la forma en que supimos asumir este desafío”.

En el mismo documento, la ONU felicita al gobierno de Piñera por sus “decisiones políticas ejemplares en materias complejas del desarrollo sostenible, como la descarbonización de la matriz energética, el combate al plástico de un solo uso, y las políticas por una alimentación saludable”.

Si todo parecía ir por tan buen camino y Chile daba el ejemplo en el cumplimiento de esta agenda en América Latina, ¿por qué los hechos que hoy se revelan en las calles de todas las ciudades del país distan tan drásticamente de los dichos y promesas de nuestros gobernantes?

La primera razón y más obvia es que agendas como esta están destinadas a no ser cumplidas, porque su construcción misma es errada.

Por un lado, depositan una fe ciega en la tecnología y el crecimiento mismo como solución a los problemas de pobreza y degradación ambiental. La lógica es simple: si la pobreza es falta de crecimiento, entonces la solución es seguir creciendo.

De la misma manera, si la pobreza es la causa de los problemas ambientales, entonces la solución de los mismos también es seguir creciendo. Eso sí, con un crecimiento verde (o azul, dependiendo si la solución se basa en la utilización de los ecosistemas terrestres o marinos).

Por otro lado, estas agendas despliegan un gran optimismo en la voluntad política de llevarlas a cabo, la que en países en desarrollo puede verse mermada por las asimetrías de poder entre “norte y sur”, donde los estados desarrollados moldean el paso de nuestros avances en materias sociales, económicas y políticas.

Y, por último, el cumplimiento de estas agendas cuenta con la obediencia y falta de cuestionamiento por parte de los países en desarrollo, obediencia que en Chile ha llegado a un límite, acompañada de fuertes críticas al modelo neoliberal por parte de la sociedad, no así de las cúpulas políticas de cualquier color.

La segunda razón radica en que si bien los ODS pueden ser una noble hoja de ruta, su conceptualización y medición causan que, aun cuando la meta cuantificable se logre, el problema no se resuelve. Ejemplo de ello es la superación de la pobreza extrema y la meta que la mide.

Cuando la pobreza extrema se expresa en la equivalencia de menos de US$ 1,25 por persona y por día, cualquier logro por sobre ese umbral nos llevará al recuento de haber alcanzado y superado la meta (y haber pasado de la pobreza extrema a la pobreza). Esto es una falacia, no sólo por la cifra misma sino porque la pobreza extrema es bastante más compleja de resolver que pasar de US$ 1,25 a US$1,3 por persona y por día, por nombrar cualquier cifra superior a la meta.

Superar la pobreza es proveer a las personas de lo que ellas necesitan para su bienestar y en ese sentido las metas no pueden definirse en base a indicadores establecidos por la ONU, sino que a partir de un nuevo contrato social fundado en una discusión profunda en torno a la justicia distributiva imprescindible para un verdadero desarrollo.

La tercera razón tiene estrecha relación con que ningún país ni gobierno quiere quedarse atrás en el logro de los ODS y para ello, no queda más que sacar la mayor cantidad de “cuentas alegres”. Es probablemente por ello que ambos informes voluntarios antes mencionados reportan avances sólo en ciertas metas y no aquellas más críticas para el real logro de la mayoría de los ODS como las relacionadas al acceso, la igualdad y la inclusión.

De hecho, la CEPAL ha reconocido que “los altos niveles de desigualdad existentes en la región Latinoamericana conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”.

En cuarto lugar, pero no menos gravitante, se encuentra la visión particular de cada gobierno de cómo alcanzar los ODS. Más allá de las limitaciones financieras para el logro de esta agenda (a nivel global se requieren entre US$5 a $7 trillones), existe un tema valórico: ¿Cómo entiende este gobierno el desarrollo?

Incluso en la peor de las crisis vividas en democracia, el gobierno actual se aferra a pequeñas mejoras en indicadores cuantitativos escasamente discutidos en el seno de la sociedad. Estos indicadores no fueron pensados para medir cuestiones de fondo, las que en virtud de esta crisis han llenado páginas, espacios radiales y redes sociales.

La mejora radical del sistema de pensiones y la modificación al sistema de AFPs, el término de un sistema patriarcal (incluyendo cortes, ministerios y universidades) que cobra la vida de cientos de mujeres chilenas cada año, el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, parecen no tener nada que ver con los objetivos de desarrollo. Lo mismo ocurre con el acceso justo a la tierra, el agua y el mar, acaparados por los poderosos de siempre, desde hace décadas o siglos. La distribución, la equidad y la justicia simplemente no se discuten y los privilegios de algunos pocos no se tocan.

La continuidad de la crisis le demuestra al gobierno actual (y pasados también) que la sociedad espera mucho más que cambios marginales en indicadores que ella misma no ayudó a construir y desconoce. Los ciudadanos piden una nueva hoja de ruta, una que interpela a las élites políticas y académicas a re-definir las “palabras clave” de los ODS: desarrollo, pobreza, seguridad alimentaria, agricultura sostenible, bienestar, vulnerabilidad, calidad de la educación, igualdad y empoderamiento, gestión sostenible de los recursos naturales, empleo pleno, trabajo decente, inclusión, autodeterminación y justicia.

Si los jóvenes valientes no hubieran salido a las calles, estaríamos congratulándonos por nuestros logros en la APEC y la COP25 y el Presidente seguiría sosteniendo que Chile es un paraíso. Así es que ahora no culpe al pueblo de que las metas de los objetivos de desarrollo no se podrán lograr, pues no se iban a lograr en ningún caso. El movimiento social no será nunca la causa de una agenda incumplida, sino la oportunidad de replantar dicha agenda de desarrollo de acuerdo a nuestra realidad, posibilidades y aspiraciones.

Laura Nahuelhual es investigadora principal del Centro de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile.