Solo con más democracia se resolverá la crisis

Parece cada vez más evidente que la crisis desencadenada a partir del 18 de octubre es inédita en la historia de Chile. No es ni la primera ni de lejos las más violenta, como señala en un lúcido artículo la historiadora Sol Serrano, en el que repasa las más agudas: desde las guerras de la Independencia; las guerras civiles de 1851 y 1559 entre Santiago y Concepción y La Serena respectivamente; la ocupación militar de La Araucanía que culminó en 1881; la Guerra Civil del 91, que causó más bajas que la Guerra del Pacífico; la sublevación militar del 24 que dio origen a la Constitución de 1925 y, finalmente, el Golpe Militar de 1973 con su secuela de destrucción y de barbarie. Afirma Sol Serrano que “el estallido social de estas semanas está muy lejos de estos patrones, pues no se asoma, ni de lejos, una revolución, una guerra civil ni un golpe de Estado”.

La crisis actual tiene múltiples causas y dimensiones, está en pleno desarrollo, expresa un profundo malestar de las mayorías ciudadanas con el orden económico-social vigente y su resolución positiva requiere condiciones políticas que en el momento actual aún no están dadas. Viviremos tiempos de incertidumbre en los que una mayoría de chilenos y chilenas experimentaremos, simultáneamente, sentimientos de esperanza y de temor.

Esperanza, porque la crítica radical a una sociedad que ha experimentado evidentes progresos en los últimos treinta años, pero en la que campean desigualdades y privilegios irritantes, puede abrir camino a reformas estructurales que permitan construir una sociedad que garantice derechos sociales universales y una distribución equitativa del esfuerzo común. La reivindicación de la dignidad es el mejor resumen de las múltiples demandas que se han expresado por doquier en todas las calles del país.

[cita tipo=»destaque»]En un régimen tan fuertemente presidencialista como el chileno, la institución presidencial juega un rol crucial. Un Presidente que cuenta solo con un 6% de apoyo, encabeza un Gobierno irremediablemente débil. Nuestro ordenamiento constitucional prácticamente impide el cambio de Gobierno antes del término de su mandato, salvo que sus fuerzas de apoyo en el Congreso lo abandonen o el Mandatario resuelva inhabilitarse. Ambas hipótesis parecen hoy día improbables. Podemos prever, por tanto, un escenario de dos años con un Gobierno débil, un Parlamento desprestigiado, sin liderazgos políticos consolidados, con una fuerte movilización social demandando transformaciones socioeconómicas estructurales y recurrentes trastornos del orden público.[/cita]

Temor, por el descontrol, la brutalidad y la ineficiencia demostrada por Carabineros en el resguardo del orden público, que ha vuelto a poner la lucha por la defensa de los Derechos Humanos en un lugar prominente de la agenda pública. Los reiterados desmanes de Carabineros, a más de tres meses de iniciada la revuelta social, no han logrado ser contenidos ni por el mando institucional ni por la autoridad política, lo que debilita tanto al Estado de Derecho como a la posibilidad de mantener el orden público. A ello, se suma la multiplicación de actos de extrema violencia, realizados por muy diversos actores, que no tienen justificación ética ni política y que sirven a las fuerzas conservadoras para intentar asimilar las reivindicaciones populares al caos. Sin embargo, especialmente entre los más jóvenes, son muchos los que no condenan la violencia vinculada a la movilización social.

Siendo multifacética, la crisis es esencialmente política, toda vez que se ha debilitado al extremo la relación entre las mayorías ciudadanas y el sistema político en su conjunto. En este sentido, es una crisis de Estado. Para superarla es indispensable regenerar la legitimidad del sistema político y de las instituciones que le dan forma. El proceso constituyente que ya se ha iniciado, es el escenario en el cual la dimensión política de la crisis puede resolverse, dotando al país de un nuevo pacto de convivencia civil expresado en una nueva Constitución.

Su éxito estará determinado por la amplitud de la participación ciudadana en el itinerario previsto: plebiscito, elección de la Convención, debate constitucional, plebiscito final. Se trata de un ejercicio democrático jamás realizado en la historia de la República, en el cual todas las fuerzas políticas –tradicionales y emergentes– y la sociedad civil deberán tomar posiciones, establecer alianzas, competir por el apoyo ciudadano y dibujar una arquitectura institucional legítima.

Pero como la crisis no es exclusivamente política, el otro gran desafío es responder a la demanda social por transformaciones estructurales en el régimen económico-social vigente. No es razonable esperar que un Gobierno que fue elegido con un programa rigurosamente neoliberal realice las reformas estructurales que el desarrollo sostenible e inclusivo del país requiere. Sí es indispensable exigirle que renuncie a su programa inicial y atienda las demandas sociales más urgentes.

Solo un Gobierno dotado de un programa de largo aliento, orientado a substituir el actual modelo económico-social y de un amplio apoyo social y político, podrá encauzar positivamente la voluntad transformadora que anima a la sociedad chilena. Tal alternativa hoy día no existe. La fragmentación de la izquierda y el progresismo es la mayor de los últimos treinta años y aún no aparecen nuevas fuerzas políticas capaces de interpretar la variada y poderosa movilización social. Aunque hoy día parece un plazo lejanísimo, dos años son un periodo históricamente muy breve para construir una alternativa de Gobierno transformadora. Pero como en tiempos de crisis la historia suele caminar más rápido, quizás sea posible.

La última encuesta CEP, convertida para bien y para mal en una suerte de oráculo del estado de ánimo de la nación, trae buenas y malas noticias respecto de su salud política. Hoy día solo destacamos dos.

La buena, es que en estos tiempos de crisis crece entre los chilenos la valoración de la democracia como el mejor sistema de Gobierno y, al mismo tiempo, disminuye el que justifica la existencia de regímenes autoritarios. Las cifras son elocuentes. Entre mayo de 2017 y diciembre de 2019 el porcentaje de chilenos que considera la democracia como el mejor régimen político sube del 52 al 64 por ciento, 12 puntos. A su vez, el porcentaje que considera que en determinadas circunstancias puede ser preferible un régimen autoritario baja, en el mismo periodo, de un 19 al 11 por ciento.

Ello no es ni obvio ni banal. En tiempos de crisis sociales suelen fortalecerse en muchas sociedades las tendencias autoritarias. A ello apunta, precisamente, la estrategia asumida por la mayoría de la derecha después de haberse retractado políticamente de su acuerdo para dar curso al proceso constituyente. Desplegará un inmenso esfuerzo propagandístico para asimilar la movilización social y el cambio constitucional al caos y, así, desatar el temor y asegurar el inmovilismo. Para ello, no cuenta hoy día con la opinión mayoritaria del país. Es indispensable mantener una mayoría incuestionablemente democrática y, tras ese objetivo, la convergencia con los sectores y personalidades de derecha que apoyan el proceso constituyente será de una importancia decisiva.

La mala noticia es que –como era previsible– la confianza en la totalidad de las instituciones democráticas se desploma: Gobierno, Poder Judicial, Parlamento y Partidos Políticos. También en las Fuerzas Armadas y policiales. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, la prensa y las iglesias también disminuyen fuertemente su ascendiente público. Lo mismo ocurre con los liderazgos políticos de todo el espectro. Particularmente grave es la pérdida de confianza en el Presidente de la República, el Parlamento y los partidos políticos, todos actores cruciales para enfrentar y resolver la crisis.

En un régimen tan fuertemente presidencialista como el chileno, la institución presidencial juega un rol crucial. Un Presidente que cuenta solo con un 6% de apoyo, encabeza un Gobierno irremediablemente débil. Nuestro ordenamiento constitucional prácticamente impide el cambio de Gobierno antes del término de su mandato, salvo que sus fuerzas de apoyo en el Congreso lo abandonen o el Mandatario resuelva inhabilitarse.

Ambas hipótesis parecen hoy día improbables. Podemos prever, por tanto, un escenario de dos años con un Gobierno débil, un Parlamento desprestigiado, sin liderazgos políticos consolidados, con una fuerte movilización social demandando transformaciones socioeconómicas estructurales y recurrentes trastornos del orden público.

Solo con más democracia será posible enfrentar la encrucijada.