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La reaparición de Longueira en el caso Corpesca: excoronel de la UDI rompe el silencio para respaldar en juicio a Jaime Orpis

por 19 febrero, 2020

La reaparición de Longueira en el caso Corpesca: excoronel de la UDI rompe el silencio para respaldar en juicio a Jaime Orpis
El exministro de Economía e impulsor de la Ley de Pesca o Ley Longueira, comparecerá en los próximos días ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal para prestar declaración en el juicio donde se acusa de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios al otrora senador de Iquique. El excoronel gremialista, quien con esta declaración saldrá de su ostracismo público, es un testigo clave para la defensa de Orpis y único político –de una lista original de 15 que testificarían– que finalmente declarará a su favor.
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La soledad política de Jaime Orpis tiene una excepción: su amistad con Pablo Longueira. El exministro de Economía e ideólogo de la Ley de Pesca, será el único excompañero de hemiciclo que comparecerá en el juicio oral en contra del otrora senador por la Región de Iquique para prestar declaración a su favor. El resto, una lista de 15 legisladores que la defensa de Orpis pretendía tener como testigos, fueron liberados.

La semana pasada, en la audiencia número 205 del juicio que en marzo cumplirá un año desde su inicio, el abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, señaló ante el Tercer Tribunal Oral en lo Penal que solo contarán con la declaración del otrora secretario de Estado. “Vamos a liberar la prueba testimonial, salvo un testigo”, dijo el defensor, quien acompañó el documento que oficializa el ofrecimiento de prueba en el juicio. “El único testigo que nos vamos a reservar es a don Juan Pablo Longueira Montes, que es el testigo número 4”, agregó Rodríguez.

El abogado confirma a El Mostrador que, según la forma en que transcurra el juicio, será esta semana –presumiblemente este jueves– el día en que el exministro y coronel UDI llegará hasta el Centro de Justicia para apoyar la estrategia de defensa que Orpis y su equipo jurídico han desarrollado desde el inicio del caso. Esto es, afirmar que no existió cohecho en los pagos mensuales realizados desde Corpesca al entonces legislador. Y que el apoyo de Orpis a la Ley de Pesca, que la pesquera también buscaba aprobar en el Congreso, se debió a una orden de partido, cuyo jefe político era el senador Longueira, acuerdo que finalmente se concretó en conjunto con senadores DC.

“Como ministro nos puede explicar el acuerdo político del cual fue fruto la ley larga de pesca, junto con el voto reiterado en contra del parecer de la industria por parte de Jaime Orpis Buchón”, adelanta el abogado.      

Un ministro por otro

Según dictamina la normativa del juicio, los testigos deberán concurrir con media hora de anticipación y su cédula de identidad vigente. Una vez en el estrado, deben jurar que lo que se diga será la verdad.

Orpis y Longueira poseen recuerdos conjuntos y familiares en el sur de Chile, desde que ambos coincidieran en el gremialismo. Asimismo, desde que Orpis dejó la política para dedicarse al estudio de su caso, ha sido uno de los pocos políticos que mantiene preocupación y contacto.

En marzo del año pasado, cuando el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, también fuera considerado para prestar declaración en este juicio y señalara públicamente su disposición a apoyar a Orpis, la polémica desatada tras sus dichos fue tal, que el propio secretario de Estado solicitó después ser eximido como testigo del caso.

Según el entorno de Orpis, Longueira no dudó en acoger la solicitud de comparecer como testigo –a la cual no puede negarse mientras el propio acusado no lo excluya de la tarea– y alista refrendar la versión de la defensa del acusado. Además, según las mismas fuentes, detallará hechos en que Orpis habría votado en contra de las intenciones legislativas de Corpesca.

El 1 de marzo de 2016, el ex ministro de Economía fue citado en medio de la investigación del caso para dar a conocer su testimonio sobre la controvertida tramitación de la Ley de Pesca. Su protagónico rol en la aprobación de esta ley, terminó por rebautizarla como Ley Longueira.

Ya retirado de la política, en esa declaración, Longueira fue enérgico en defender el proyecto que, tras ser promulgado, ha sido ampliamente criticado por no haber abierto a más competidores licitaciones de cuotas de pesca.

Según ha dicho en la misma causa el antecesor de Longueira en la cartera de Economía, Juan Andrés Fontaine, en 2011, el primer Gobierno de Sebastián Piñera tenía planeado proponer que se licitaran hasta en un 50% las cuotas de pesca, con el fin de “promover la competencia”.

Sin embargo, el asunto no prosperó. Se pensó, incluso, licitar solo un 30%, pero tampoco esta idea progresó. En medio de la tramitación, el 8 de julio de ese año, Fontaine fue reemplazo por Longueira, quien pasó del Senado al Ministerio de Economía y tomó las riendas de la tramitación de la polémica ley.

El excoronel de la UDI dijo en su declaración ante la fiscal Ximena Chong que la Ley de Pesca tiene, a su juicio, “los mejores estándares”. “No hubo ninguna indicación de las organizaciones ambientalistas que no se incorporaran”, puntualizó.

No obstante lo anterior, fueron las licitaciones que finalmente se redujeron a un 15% las que causaban mayor tensión entre representantes del sector y no los requerimientos medioambientales. Y de ahí que a la llamada Ley Longueira se le critique haber perpetuado que las cuotas de pesca del mar chileno se mantuvieran en las siete familias que ya poseían su histórico dominio.

“Yo llevé esa negociación”, aseguró ante Chong en 2016, eximiendo de responsabilidad a Orpis. Añadió que siempre legisló por “el bien común” y definió como un “gran legislador” a Jaime Orpis. “Él es un gran legislador, un hombre de vocación maravillosa, un gran servidor público”, fue lo que expresó.

La última aparición pública de Longueira tuvo lugar durante el encuentro de "camaradería" que preparó la UDI para el exministro de Interior Andrés Chadwick, justo una semana después que fuera aprobada la acusación constitucional en su contra y fuera sancionado por el Congreso con la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años.

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